El constructor abandonando el Palacio de Justicia de Alicante. Foto: archivo BENIDORM. El empresario alicantino, Enrique Ortiz, ha solicitado la recusación a funcionarios y autoridades en la toma de decisiones relacionadas con la estación de autobuses de Benidorm de la que él es dueño. Así se lo ha hecho saber de manera formal al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, en un escrito registrado el 11 de diciembre. Para lo cual, da al primer edil 15 días para que los concejales y técnicos municipales renuncien por sí mismos, o sea el alcalde el que tome la decisión.
El representante del empresario relata una serie de hechos por los que apunta directamente al interventor municipal. Se remonta a un pleno de la anterior legislatura del alcalde socialista Agustín Navarro, momento en el cual se debatía la aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, para dar cumplimiento al convenio entre las dos partes para dar legalidad a la estación y sacarla de nuevo a licitación previo pago al empresario.
Así, recuerda que los mencionados documentos quedaron sobre la mesa "debido a la sorprendente actuación del Interventor Municipal, quien pocas horas antes de la celebración de la sesión plenaria emitió un informe, que debía referirse a las cláusulas de los Pliegos y que se le había solicitado con la antelación necesaria, cuestionando el informe de valoración del edificio de la estación emitido por el arquitecto municipal, aspecto que ya había sido resuelto previamente por el pleno de esa corporación cuando aprobó el convenio y que no había sido cuestionado entonces por el titular de la Intervención".
A continuación, se refiere a ese momento como "una puesta en escena rayana en lo teatral". Asimismo, critica que eso haya sido, según el escrito, consecuencia para que se hayan sucedido otras "actuaciones igualmente ilegales y dañinas para el concesionario".
A todo esto, razona que el efecto de las decisiones han ocasionado el incumplimiento del convenio, "a la vista del gran retraso en la adopción de las medidas previstas en el convenio en el plazo de tres meses", bajo la excusa, según él, de verificar la corrección del informe del Arquitecto municipal. Algo que coloca "al Consistorio, autoridades y funcionarios en una situación de incumplimiento", por lo que el empresario anuncia adoptar las "responsabilidades legales correspondientes".
En concreto, Ortiz hace referencia a las numerosas contrataciones realizadas por parte del consistorio para tasar al estación, cuyo precio se le pagará al empresario, y así validar o no lo calculado por el arquitecto municipal. Todo ello dice que le sugiere que lo que se busque sea "retrasar o impedir la nueva licitación del servicio para regularizarlo". Además, se remite a las palabras del secretario municipal asegurando que "resulta arbitrario lo actuado por el Interventor".
Ante esto, recuerdan las palabras ya manifestadas en el anterior escrito enviado al alcalde en julio de este año, en el que le decían que respecto a la cuestión de la tasación, "es totalmente arbitraria, manifiestamente ilegal, suponiendo una absoluta manipulación y poniendo de manifiesto una actuación administrativa viciada".
Pleno Benidorm. Foto: RAFA MOLINA"Todas esos desplantes y actuaciones contradictorias, intempestivas, completamente inusuales, innecesarias y contrarias a Derecho, han sido causa última de las graves ofensas que se han atrevido a expresar algunos
concejales sobre el empresario D. Enrique Ortiz", reza el escrito. Para ello, saca a colación la decisión en pleno de investigar todas las actuaciones realizadas por el alicantino en la ciudad de Benidorm, una moción liderada por PSOE y Compromís-Los Verdes.
Por todo ello, dicen que se reservan el derecho a emprender "acciones contra quienes resulten responsables de esa persecución dirigida ad personam". Asimismo, indican que las "manifestaciones y juicios de valor vertidos en la justificación de la propuesta evidencian una enemistad manifiesta de los firmantes de la misma para con Don Enrique Ortiz".
Así, concluye que por estos motivos, se tome la determinación de que se abstengan de tomar decisiones que puedan afectar al empresario. "En el caso de que no comunicaran su abstención en el plazo de 15 días, ni se ordenara la misma, planteamos su recusación para conseguir que prevalezcan los intereses públicos y no los bajos instintos de quienes pretenden dañar injustamente los intereses de mi principal", dice el escrito.
Finalmente, se vuelve a pedir que se rompa el convenio de mutuo acuerdo por el que ambas partes querían legalizar la instalación y volver a sacarla a licitación con Ortiz fuera de la estación una vez indemnizado.
