Los pequeños propietarios de Rabasa se arrogan el suelo 'premium' del nuevo proyecto de Ikea

ALICANTE. No es todo de Ortiz, el suelo que reluce en Rabasa. La propiedad de los terrenos de uno de los principales emplazamientos de toda la provincia (por situación estratégica y sus facilidades de acceso, junto a la Universidad de Alicante y a la A-7) se reparte entre cerca de una veintena de titulares que no guardan ninguna relación con el polémico empresario, imputado en los casos Gürtel y Brugal. El principal accionista de Alicante Avanza -lo es a través de Urbanika, la sociedad que controla el 100% de sus participaciones- es el tenedor de la mayor parte de la superficie que rodea al paraje de las lagunas y de otra zona situada a espaldas del PAU 1. La suma de esas dos grandes bolsas (que constituyen la garantía de los préstamos hipotecarios sobre los que cimentó la operación) le convertían, según las fuentes consultadas, en el principal propietario de todo el sector de acuerdo con los planos de la propuesta original: el Plan Parcial Rabasa, primero, y la ATE de Alicante Avanza que contemplaba la llegada de Ikea, después.

Esa propuesta -ya enterrada tras el desestimiento de sus propios promotores- preveía actuar en un área de 1,5 millones de metros cuadrados, desde las lagunas hasta la avenida que conecta Alicante con la rotonda de la UA. Es decir, una zona que sólo coincide parcialmente con el perímetro que ahora habría delimitado la propia Ikea en los primeros planos de su nueva propuesta, tras los contactos mantenidos hasta la fecha con Generalitat y Ayuntamiento. Como avanzó Alicante Plaza, los mapas que maneja la multinacional sueca aspiran a desarrollar ahora una zona de 950.000 metros que deja fuera el paraje de las lagunas y se orienta fundamentalmente hacia los ejes que marcan la avenida de la UA y el trazado de la A-7.

Ortiz había cerrado un preacuerdo con los titulares de esa superficie para evitarse alegaciones o impugnaciones contra la ate de alicante avanza 

Se trata precisamente de un área controlada por otros actores distintos al controvertido promotor entre los que figuraría, entre otros, la empresa Tejas Borja y un grupo de particulares y pequeños empresarios que invirtió en la zona a finales de los ochenta con el objetivo -ya entonces- de desarrollar urbanísticamente una zona que combinase los usos lúdico, comercial e industrial. En su conjunto, se trataría de once particulares o pymes con una cartera de alrededor de 250.000 metros cuadrados en una ubicación privilegiada: justo el frente que bordea la avenida de la Universidad, según confirmaron portavoces de esa agrupación de pequeños propietarios a Alicante Plaza.

Según las mismas fuentes, esta agrupación de titulares del suelo tenía cerrado un preacuerdo de cooperación con Alicante Avanza por el que la promotora de la antigua ATE les adjudicaba ya parcelas finales urbanizadas a cambio de parte de su suelo. Con ese acuerdo, la sociedad controlada por Ortiz se garantizaba que no habría impugnaciones ni alegaciones al desarrollo del proyecto de esa parte de los titulares.  

De acuerdo con los primeros esbozos de Ikea, en esa zona -el eje de la avenida de la Universidad- se encuadraría precisamente su tienda de muebles y la parcela destinada a acoger entre dos y cuatro medianas superficies (tiendas del tipo de Media Market o Leroy Merlin). Como viene informando este diario, el resto del sector -en el que ya no tendría cabida el macrocentro comercial de 85.000 metros cuadrados para todo tipo de tiendas- quedaría distribuido en otras cuatro grandes áreas: una para el tercer hospital del área metropolitana (en la parte interior del sector, más próxima al cuartel militar), otra de uso empresarial no industrial (pegada a la rotonda de la UA); otra para la construcción de ocho campos de fútbol (posible germen de una futura ciudad deportiva para los clubes de la ciudad, entre otros), y otra para dotaciones municipales por concretar.

Las advertencias de Alcaraz

El desarrollo de la nueva propuesta para facilitar el aterrizaje del gigante del mueble podría quedar en manos de la administración pública. Esa es, cuando menos, la idea inicial que baraja la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, con el propósito de evitar cualquier maniobra especulativa y atajar las sombras de corrupción que han rodeado a la propuesta que hasta ahora estaba sobre la mesa: la de Ortiz. De acuerdo con esta propuesta, la Generalitat sería quien adquiriese la titularidad de los terrenos, quien urbanizaría y quien los comercializaría después para rentabilizar la operación a cualquier operador interesado (entre ellos, se da por sentado que figuraría Ikea). Con ese modelo se adoptaría la fórmula que la empresa municipal Pimesa lleva poniendo en práctica desde hace 26 años en el desarrollo de Elche Parque Industrial y que va a seguir ejecutando para acometer su expansión, en la que se asentará la ampliación de las instalaciones de Tempe. Para ello, Pimesa tendría incluso la potestad de acudir a la vía expropiatoria para adquirir el suelo que fuese necesario, según concretaron a este diario fuentes del Ayuntamiento de Elche. 

En el caso de Ikea, los únicos instrumentos capacitados para abordar la operación con los que, a priori, contaría el Consell son el IVACE y la EIGE: dos empresas públicas que se dedican, como Pimesa, al desarrollo y promoción de suelo. Con todo, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz (Compromís), advirtió ayer en declaraciones a Radio Alicante que la situación económica de la Generalitat no es precisamente boyante. En esta línea, abogó por la prudencia y sostuvo que el primer paso debe ser que Ikea se siente a hablar con el Ayuntamiento de Alicante y con la Conselleria de Vertebración del Territorio. A su juicio, la "música" de la nueva propuesta le parece positiva, en la medida en que desaparece la construcción del macrocentro comercial, pero insistió en que se debe "desterrar" la sombra de Ortiz que ha sido "tóxica para esta ciudad", dijo.