Francisco Gómez, presidente de Coepa, y Antonio Galvañ, tesorero. Fotos: EFEALICANTE. Los días previos a la junta de acreedores que debe celebrarse el 11 de noviembre están deparando una de cal y otra de arena para la patronal alicantina, Coepa. Mientras el IVF se opone a la tramitación del convenio de acreedores de la organización empresarial y la patronal autonómica, Cierval, retrasa su decisión sobre la quita del 95% que ésta propone, al menos Coepa puede esgrimir que el resto de acreedores ordinarios sí avalan su plan para salvarse.
Según fuentes de la patronal alicantina, todos los acreedores ordinarios (excepto la patronal autonómica) se han adherido ya al convenio tramitado por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, y que propone una quita del 95% de la deuda y el pago del 5% restante en un plazo de seis meses. Asimismo, los empleados despedidos en el último ERE y el Fogasa también han acordado con Coepa las condiciones del pago de las deudas que mantiene con ellos. De esta forma, el único acreedor ordinario que resta por pronunciarse sobre el convenio es la patronal autonómica.
Como ha venido contado este diario, Coepa adeuda a Cierval unos 500.000 euros por el impago de cuotas. Según el convenio, la patronal autonómica lograría percibir 25.000 euros en seis meses, por lo que renunciaría a 475.000. La patronal alicantina esperaba lograr un pronunciamiento favorable de Cierval en el comité ejecutivo de este martes, pero la decisión se aplazó a la espera de un informe jurídico. En todo caso, Cierval debe tomar una decisión antes del día 11 de noviembre, cuando se celebre la junta de acreedores.
En Coepa confían en que Cierval termine aceptando la propuesta, no solo porque los alicantinos tienen mayoría si suman a su causa a la patronal castellonense (CEC), sino porque "la alternativa, si Coepa no supera el concurso y entra en liquidación, es que Cierval cobre cero euros".
En cuanto al resto de acreedores ordinarios, con una deuda muy inferior a la de Cierval, ya se han adherido al convenio, según las mismas fuentes. Básicamente, se trata del desapacho de abogados que trabaja como asesor jurídico de la patronal, Garrigues, y de los auditores de sus cuentas, Deloitte. Con el resto de proveedores la patronal mantiene una deuda poco significativa como para ser determinante en la junta de acreedores, según las mismas fuentes.
Al margen de los acreedores que deben aceptar la quita del 95%, Coepa ha cerrado acuerdos bilaterales con el Fogasa y los exempleados. Como ha venido contando Alicante Plaza, la patronal alicantina se compromete a ponerse al día con el Fondo de Garantía Salarial en ocho años, mientras que con los exempleados también hay cerrado un calendario de pagos, según las mismas fuentes.
El otro gran escollo que debe superar la patronal alicantina para salvarse es la oposición del Instituto Valenciano de Finanzas a aceptar el centro de oficios (tasado en 4.432.244 euros) como pago por la deuda de 3.232.792 euros, por el crédito concedido en 2006 a la patronal alicantina para levantar las instalaciones en un solar de titularidad municipal. La Abogacía de la Generalitat recurrió la tramitación del convenio -que contempla la ejecución hipotecaria sobre el edificio- porque entendía que la solución propuesta por Coepa era más propia de un "convenio liquidatorio" que de uno concursal.
En la patronal alicantina, lógicamente, la visión es diametralmente opuesta. Es más, argumentan que el organismo de la Generalitat verá satisfecha su deuda en cualquier caso: tanto si Coepa se salva como si no, el IVF tendrá que ejecutar la garantía hipotecaria sobre el edificio. Al existir dicha garantía, defienden, Coepa no tiene por qué aportar al convenio ofertas de compra por el edificio, puesto que la tasación no ha sido impugnada (otro de los argumentos del IVF).
De momento, Coepa ha logrado dos importantes respaldos a sus tesis. Al cierre del plazo, que culminó este martes, tanto el administrador concursal (algo hasta cierto punto lógico) como los trabajadores se han posicionado junto a la propia patronal y en contra de los argumentos del IVF. Esta misma semana, el juez podría pronunciarse al respecto. Si finalmente rechaza el recurso, el convenio seguirá su tramitación y el 11 de noviembre se celebrará la decisiva junta de acreedores.
Por su parte, la patronal autonómica Cierval recurrirá el expediente mediante el que el servicio valenciano de empleo (Servef) le reclama a la Confederación Empresarial de Castellón (CEC) la devolución de 148.000 euros por subvenciones para formación que habría justificado con facturas falsas.
La cantidad forma parte del último procedimiento de reintegro parcial iniciado por la administración contra la CEC dentro del expediente de 12,2 millones de euros en ayudas concedido a Cierval. Tanto la CEC como Cierval han sido recientemente procesadas por fraude en relación a este mismo expediente.
