El jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza (izquierda), junto a su abogado, el pasado jueves, cuando salió de la Comisaría de Alicante. EFE/MorellSANTA POLA. Aunque el foco de la trama policial de Santa Pola está puesto, en estos momentos, en los uniformes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía mantiene abiertas al menos seis causas contra el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza, hermano del ex alcalde del PP, Miguel Zaragoza, actual diputado de Servicios Sociales de la Diputación de Alicante. El origen, lo que llevó el caso a la Comisaría Provincial de Alicante, fueron el elevado número de horas extras que percibía Zaragoza y sus más estrechos colaboradores, Roque Alemañ y Pascual Linares, ambos agentes de la Policía Local e integrantes de la directiva del club de Atletismo de Santa Pola, con la autorización del entonces edil de Seguridad del PP, Antonio Pérez Huerta. Todos ellos fueron detenidos el pasado miércoles y están en libertad acusados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y estafa.
El actual equipo de gobierno de Santa Pola, formado por el PSPV, Compromís, Sí Se Puede, Esquerra Unida y los dos tránsfugas de Ciudadanos, detectó que el jefe de Policía Local venía percibiendo una cantidad económica desorbitada, más o menos fija por las horas extras, de unos 2.000 euros al mes. Llegó el verano de 2016, la cantidad no varió, hasta acumular los 24.000 euros al año, según ha podido saber Alicante Plaza. Las horas no tenían justificación: no estaban incluidas en el sistema de fichaje. En septiembre de 2016, Zaragoza se fue una semana de vacaciones, pero volvió a pasar horas extras por valor de unos 2.000 euros. Entonces, las alarmas se encendieron en el departamento de Recursos Humanos.
Según ha podido saber Alicante Plaza, Zaragoza fue llamado al orden para que justificara, de nuevo, el número de horas extras remitidas para el pago. A ello se añadía que el jefe de la Policía Local ya percibía, además de su sueldo como máximo responsable del cuerpo, un complemento de 1.700 euros, más los 2.000 euros en horas extras. Según el equipo de gobierno, Zaragoza se puso con un sueldo superior a los funcionarios del grupo A. En el encuentro, según la versión del Gobierno local, Zaragoza no dio muchas explicaciones y conminó al equipo de gobierno a denunciarlo. Y así fue.
Fue entonces cuando uno de los integrantes del Ejecutivo municipal se presentó ante la Comisaría Provincial de Alicante y detalló los hechos. Rápidamente, fueron puestos en conocimiento de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Cuando se producen los hechos ya se ha paralizado la primera contratación de los uniformes para los voluntarios de Protección Civil de Santa Pola, como ya detalló Alicante Plaza.
Para ese concurso, Almacenes Riera SL presenta tres presupuestos con diferentes empresas, todas ellas con un elemento común: José Antonio Riera Marcos es el apoderado de todas ellas. Los servicios del Contratación del Ayuntamiento de Santa Pola lo detectan y se anula el contrato.
A ello se añade, el contrato de uniformes para la Policía Local de diciembre de 2016, que la junta de gobierno de Santa Pola también ha denunciado ante la Udef al considerar que el material contratado y lo servido no se corresponde.
Desde entonces, la Udef viene investigación una especie de entramado que un sector de la cúpula de la Policía Local de Santa Pola tenía establecido, "heredado del anterior Gobierno del PP", según apuntan desde el consistorio. Así, a los uniformes y a las horas extras, se acumulan otras cuatro causas en las que hay investigados comunes.
Como ha publicado Alicante Plaza, la Policía ya dispone de pruebas contra la decena de detenidos que acumula la causa: cuatro policías, el ex regidor de Seguridad del PP, y cuatro integrantes de la empresa Almacenes Riera.
Desde la defensa de Zaragoza, ha negado que el origen de la denuncia sean las horas extraordinarias y han vuelto a lamentar que su cliente no tenga todavía copia de la denuncia ni sepa de que se le acusa.
Lo que falta por saber si ésta investigación tiene relación con la detención, a principios de junio, de la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde del municipio Lola Gadea, también del PP, y dos técnicas por el derrumbe del suelo de un aula en el colegio público Hispanidad, de Santa Pola.
Hay que recordar en que en ese suceso, registrado el 11 de enero de 2013, resultaron heridos leves nueve alumnos de entre nueve y diez años de edad y una profesora, y obligó al realojo de todos los escolares en otro centro.
Esa investigación está dirigida por el juzgado de Instrucción 3 de Elche, cuya titular atribuye indiciariamente a la exconcejal de Urbanismo y ex primera teniente de alcalde y a las técnicas delitos contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y lesiones por imprudencia grave.
Al parecer, son juzgados diferentes los que llevan el caso del colegio y el de la supuesta trama policial de Santa Pola. De momento, ésta última causa, está bajo secreto de sumario.
