Una de las aulas de uno de los 53 colegios de Alicante que se incluyen en la contrata. Foto: AP
23/02/2017 -
ALICANTE. El procedimiento de contratación extraordinario puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la continuidad del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales tras la renuncia de Ortiz e Hijos a seguir prestándolo a partir del 1 de marzo ha desatado ya un inusitado interés por parte de las empresas del sector. Al margen de las tres compañías que el alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), enumeró el martes, a las que se ha sondeado para conocer su predisposición a asumir el servicio de manera temporal (hasta que se complete el proceso de licitación convocado la semana pasada), se acaban de incorporar al menos otras dos sociedades más.
Salvo que alguna de ellas desista, PSOE, Guanyar y Compromís tendrán, así, la oportunidad de elegir entre cinco propuestas económicas diferentes en la Junta de Gobierno del próximo martes: las que ya se había solicitado a FCC, Ferrovial y Clece, y las que han ofrecido en las últimas horas Sacyr y Acciona. Como detalló el primer edil el martes, para optar a prestar el servicio, las cinco deben comprometerse a mantener a la plantilla actual (unos 440 trabajadores) con las mismas condiciones laborales de las que disponen ahora.
Ese fue, de hecho, el mensaje de tranquilidad que el tripartito trasladó este miércoles a los representantes de los empleados de Ortiz e Hijos actualmente a cargo de la concesión, al asegurarles que no habría despidos ni reducciones salariales. Según las fuentes consultadas, en un encuentro en el que participaron, entre otros, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, su homólogo de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y el portavoz adjunto del PSOE, Fernando Marcos, se les trasladó que la contratación por el trámite de emergencia se convoca con el precio de licitación del nuevo concurso (18,3 millones) que, de hecho, supera el importe del contrato anterior (ya caducado desde hace 20 meses), de modo que, en principio, no existen motivos fundados para que pueda temerse ningún recorte de personal. Es más, precisamente, se transmitió a los trabajadores que al existir varias ofertas entre las que poder elegir, se descartará a las propuestas que incluyan una rebaja que pueda considerarse inadecuada.
Los ediles Marcos, Bellido, Pavón y Domínguez junto a los representantes de los trabajadores. Foto: AP
El alcalde precisó el martes que, en realidad, no resultaba necesario abrir el proceso a varias empresas, ya que al tratarse de un procedimiento extraordinario por motivos de emergencia (la situación de riesgo para la salud pública que podría generarse en el caso de que se interrumpiese la limpieza de los 53 colegios de la ciudad), el ayuntamiento estaba facultado legalmente para concertar el servicio con una empresa elegida de manera directa. Sin embargo, se decidió abrir el proceso a varias empresas para tener opciones de elección. Echávarri insistió en que la diferencia de precio que el ayuntamiento se vea obligado a abonar desde marzo hasta que se regule el nuevo contrato se requerirá a Ortiz e Hijos en los juzgados por el incumplimiento del acuerdo que tenía suscrito desde octubre de 2015 para seguir asumiendo la contrata hasta que hubiese una nueva adjudicación.
GUANYAR MEDITA RESPALDAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA DAR RESPUESTA A UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA PLANTEADA POR UNA DE LAS EMPRESAS DE ORTIZ
Ortiz e Hijos había alegado para justificar su renuncia, precisamente, que ese plazo se había ido alargando de manera irregular, lo que podía constituir una contratación fraudulenta. Este martes, sin embargo, volvió a comunicar su predisposición a recuperar el servicio, pero el tripartito rechazó esa posibilidad para evitar un hipotético nuevo pulso del empresario Enrique Ortiz.
Las fuentes consultadas precisaron este miércoles que, salvo imprevisto, el objetivo es que la contratación exprés quede aprobada en Junta de Gobierno por unanimidad -incluso con apoyo de Guanyar, que votó en contra de la primera licitación y se abstuvo en la convocada la semana pasada, pese a lo que se insinuó el martes- para que la prestación del servicio quede garantizada. Portavoces de Guanyar precisaron que, pese a haber apostado también esta vez por la gestión directa, se entiende que se trata de un proceso que trata de resolver una situación de emergencia y que se debería actuar en consecuencia con un voto favorable que respalde la respuesta municipal a la crisis desatada por una de las empresas del polémico promotor.
Una de las aulas de uno de los 53 colegios de Alicante que se incluyen en la contrata. Foto: AP