Limpieza reitera su aviso a la UTE: si no permite el control municipal, se impondrán sanciones

ALICANTE (EP/AP). Nueva vuelta de tuerca en los intentos para redoblar la fiscalización de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura: una UTE participada por FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica (de Enrique Ortiz). La Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por el edil Miguel Ángel Pavón (Guanyar) en sustitución de su compañero de filas, Víctor Domínguez, reitera sus advertencias frente a la concesionaria del servicio, ante las respuestas incompletas que se habrían facilitado a su primer requerimiento, formulado el 20 de septiembre. Según las fuentes consultadas, la UTE contestó en el plazo previsto, con la remisión de diversa documentación el pasado 4 de octubre, pero no satisfizo plenamente el objeto de la solicitud de información. 

En ese escenario, la concejalía ha vuelto a exigir a la dirección de la UTE la entrega de documentación necesaria para poder controlar la ejecución de sus trabajos diarios, de nuevo, a través de tres requerimientos en sentido similar, aunque si cabe con mayor concreción. El propio Pavón ha precisado este viernes, a través de un comunicado, que la UTE debe permitir el acceso de la dirección facultativa del contrato (ejercida de manera coordinada por dos nuevos técnicos municipales) "al sistema GPS de la flota de vehículos"; al parte diario de la mano de obra directa; y "a diversa información, solicitada y no aportada, sobre las subcontratas vinculadas al servicio".

En esta línea, el también vicealcalde de Alicante ha insistido en que "en los tres casos, el objetivo es poder contar con herramientas e información básicas para poder fiscalizar la correcta ejecución del servicio". En los escritos se vuelve a advertir a la concesionaria que debe proporcionar esas información "en el plazo de diez días hábiles", ya que de lo contrario "podría incurrir en una falta grave o muy grave por incumplimiento del contrato". 

Esa misma advertencia ya se incluyó en los primeros requerimientos de finales de septiembre. Entonces, ya se dejó constancia de que esos hipotéticos incumplimientos podrían servir de base para promover la rescisión del contrato por causas imputables al concesionario. No obstante, hasta el momento, no ha trascendido que se haya aplicado ninguna sanción. Todo lo contrario: se ha optado por reproducir la solicitud de información, tras tener en cuenta que la UTE sí había entregado algún tipo de documentación aunque todavía insuficiente.

En los nuevos requerimientos se incide especialmente en dos puntos. En primer lugar, la UTE debe facilitar copia de todos los contratos suscritos con terceros para delegarles la prestación de alguno de los servicios descritos en el pliego de condiciones del concurso. Y debe hacerlo para el conjunto de los que se hayan transferido desde el inicio de la prestación (1 de septiembre de 2013) hasta la actualidad. En segundo término, la UTE debe aportar la relación de personal y maquinaria asignada al servicio de limpieza.

Los tres nuevos requerimientos se repiten después de que el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, llegase a sostener en declaraciones públicas que esa documentación solicitada por Pavón a finales de septiembre ya estaba a disposición del Ayuntamiento de Alicante: un extremo que fuentes de Limpieza niegan. Los tres requerimientos se produjeron, además, en pleno debate sobre la necesidad de llegar a una solución global con una probable modificación del contrato que permitiese reforzar la limpieza incluso aunque fuese necesario un aumento de costes para el Ayuntamiento. 

Esa es la opción barajada en diversas ocasiones por el primer edil, que podría contar con el respaldo del grupo municipal de Compromís, siempre que la propuesta se abordase desde criterios técnicos. El tercer socio del tripartito, Guanyar, sigue insistiendo en que se debe mejorar el control del servicio para garantizar una correcta prestación, sin necesidad de ampliar costes.