Las empresas adscritas a Territorio (PSPV) y Economía (Compromís) son los únicos actores capacitados para impulsar y ejecutar un hipotético PAI tutelado por la administración. Echávarri asegura que la Generalitat fijaría un mismo precio objetivo para comprar suelo a todos los propietarios de Rabasa
ALICANTE. El aterrizaje de Ikea en la zona norte de Alicante podría acabar recayendo en dos promotoras que forman parte de la corporación pública-empresarial de la Generalitat: el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Entidad de Infraestructuras (EIGE). Fuentes de la administración autonómica avanzaron este martes a Alicante Plaza que se trata de los dos únicos operadores que estarían hoy plenamente capacitados para desarrollar el hipotético PAI de iniciativa pública con el que Consell y Ayuntamiento de Alicante tratan de facilitar la instalación de la multinacional en Rabasa, de acuerdo con una nueva propuesta ya completamente desligada del controvertido empresario Enrique Ortiz tras el desestimiento de la ATE de Alicante Avanza.
Se trata de las dos entidades públicas herederas del antiguo Sepiva, por un lado, y de la fusión de los desaparecidos IVVSA y GTP, por otro, que se encargan, precisamente, de promover y ejecutar parques empresariales, de desarrollar infraestructuras y de urbanizar suelos. Es decir, las mismas funciones que viene desarrollando la empresa municipal Pimesa desde hace 26 años como promotora de Elche Parque Industrial, por ejemplo.
Según las mismas fuentes, la operación pública sobre Ikea sólo sería posible con la suma de los recursos económicos y técnicos de las dos entidades que, además, cumplen con la paridad política del pacto del Botànic: el EIGE depende administrativamente de la Conselleria de Vertebración del Territorio, controlada por el PSPV; el IVACE se adscribe a la Conselleria de Economía, dirigida por Compromís.
La entente de las dos sociedades contaría con la supervisión directa de Presidencia y de la Conselleria de Transparencia, que se encargaría de velar por la corrección de todo el proceso, según sostuvo este martes el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), en declaraciones a Radio Alicante.
El proceso -como en el caso de Pimesa y la ampliación del parque empresarial ahora en marcha- arrancaría con la compra del suelo necesario para urbanizar todo el sector. De acuerdo con los primeros planos que maneja la propia multinacional, esbozados a partir las conversaciones previas Generalitat y Ayuntamiento, se contemplaría intervenir sobre un área de 950.000 metros cuadrados.
En esa zona se incluirían parte de los terrenos todavía en manos de Urbanika: la sociedad liderada por las empresas de Ortiz, que controla el 100% de las acciones de Alicante Avanza. Como viene publicando Alicante Plaza, sobre ese suelo pesan los préstamos hipotecarios suscritos en su día por Urbanika (en realidad, su antecesora, Deproimed) que, desde 2013 pasaron a la cartera de la Sareb, como activos de la extinta Bancaja. Esos créditos, según se difundió entonces a través de los medios de comunicación, ascienden a 700 millones. El suelo es la garantía de pago que el llamado banco malo aún no ha ejecutado. Sabadell y Caixabank también asumieron préstamos de Urbanika con CAM y Banco de Valencia, igualmente avalados con suelo.
Urbanika no es, con todo, el único propietario de terrenos en el sector. Además del suelo de otras conocidas empresas del sector de la construcción, existe otra bolsa de terrenos de pequeños propietarios. El Consell, a través de sus dos promotoras públicas, debería acordar la compra de todos ellos. ¿Cómo? De nuevo, el primer edil anticipó en sus declaraciones de este martes que se trataría de fijar un mismo precio de adquisición, tasado por criterios objetivos, para el conjunto de los propietarios. Con ello, dijo, se evitarían posibles maniobras especulativas y se atajaría toda sombra de corrupción.
¿Cuenta el Consell con capacidad económica para hacer frente a todo esos terrenos? Según las fuentes consultadas, todo apunta a que sí, ya que, en último término se trataría de una inversión a recuperar tras la venta del suelo a Ikea o a cualquier otro actor interesado en asentarse en alguna de las parcelas ya urbanizadas y preparadas para sus distintos fines. Según el esbozo inicial que maneja Ikea, se trataría de la de uso empresarial no industrial o la reservada a entre dos y cuatro medianas superficies, al margen de la prevista para la instalación de su propia tienda.
Toda la operación, todavía en una fase muy embrionaria, requiere aún de que se establezcan cauces de coordinación entre Generalitat y Ayuntamiento, y de que se despejen las posiciones políticas. La ejecutiva local de Compromís en Alicante, por ejemplo, hizo pública este martes su valoración sobre la nueva propuesta: no la respaldará si no se desvincula de "cualquier sombra de corrupción o de beneficiar interesos especulativos privados como pasaba durante los años de gobierno del PP". Para Compromís, el nuevo planteamiento constituye una buena oportunidad para Alicante, "un punto de partida" que ha de ser "valorado con profundidad" cuando se concreten los detalles y se formalicen en una próxima reunión con los representantes de la firma sueca. El portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, resumió el mensaje al asegurar que su formación no respaldaría la operación si seguía asociada a Ortiz.