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el sumario judicial del caso de los uniformes de Santa Pola

La trama de los uniformes: "Cariñín, te he puesto los artículos, ... después ya lo apañamos"

22/07/2017 - 

SANTA POLA. El sumario judicial del caso de la Policía Local de Santa Pola ofrece diversas muestras de la connivencia que existía entre los policías acusados y los diferentes representantes de la trama empresarial, que tiene como protagonistas a las sociedades Almacenes Riera o Manufacturas Redován, todas ellas ligadas entre sí por directivos que son familiares, y el suministro de uniformes al Ayuntamiento de Santa Pola. El sumario recoge varios correos electrónicos que muestran la más que amable relación que mantenían los cargos policiales investigados y los administrativos de la empresa en sus comunicaciones. O el conchaveo para apañar contratos para justificar determinadas cantidades. Así, según ha podido saber Alicante Plaza, existe un correo entre la comercial de la empresa, María Isabel Amorós Poveda y el administrativo de la Policía Local, Alfonso Aracil, en la que la primera le dice al segundo: "Cariñín, te he puesto los artículos...después lo apañamos". Hay otros que muestran que la relaciones entre la empresa y los agentes investigados. "Me he dejado tres chips en Petrer, a ver si me los recoges", al parecer, emitido o dirigido a otro de los investigados, Roque Alemañ, a su vez dirigente de la empresa ChipLevante, organizadora de carreras populares y presidente del Club Atletismo de Santa Pola. Otro de los correos, desvelado por El Mundo y que forma parte del informe de la Policía, también pone en jaque a Alemañ, quién en sus comunicaciones con la comercial de Manufacturados de Redován, la misma Isabel Amorós, le solicita "los tres presupuestos de la tres empresas diferentes", con el objetivo de poder cumplir con los requisitos de los contratos menores.

Toda esta documentación, con centenares de correos electrónicos, entre los protagonistas, entre ellos, parte de los 11 implicados, forma parte de la causa judicial. Los acusados de la supuesta prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental son el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; los agentes Roque Alemañ, Pascual Linares y Alfonso Aracil Mas, el ex concejal de Seguridad de Santa Pola, Antonio Pérez Huertas, y la familia Riera-Marcos, que la Policía describe en los informes aportados a la causa judicial, y que eran los encargados de suministrar uniformes y material a la Policía operando con varias empresas y con contratos menores para eludir el control legal del Ayuntamiento de Santa Pola. E, incluso, se aportan prueba de que el material se contrató, pero no se recepcionó.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional llegan a tres conclusiones:

1) Las conexiones familiares entre las mercantiles investigadas, entre ellas, Unidepol SL y PolMuniform -calificadas como empresas pantalla-, que la matriz, Manufacturados Redován SL emplea para contratar con la administración de forma encubierta. Según la Policía, en la descripción de ese entramado, identifica a Rosa María Sánchez es la persona que recepciona todas y cada una de las notificaciones municipales que el Ayuntamiento de Santa Pola dirige a Manufacturados de Redován, mientras que su madre es la administradora de Unidepol.

2) Hay un evidente fraccionamiento de contratos a los efectos de no superar el máximo legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores, para que lo se usan, según la Policía, diferentes denominaciones.

3) Hay serias dudas sobre las necesidades reales de gran parte de las prendas y efectos comprados, lo que implica, según la Policía, dudas acerca de si realmente se ha efectuado la entrega de una serie de elementos. Y la prueba es otro correo que tiene como protagonista a Roque Alemañ con la comercial de la empresa suministradora. Se remite un presupuesto de 6.811,54 euros con IVA incluido, pero Alemañ le requiere para que los ajuste a 15.000 euros con IVA incluido. El resto del dinero hasta los 15.000 euros, meter extensibles" (porras). Y la prueba, según la Policía, no es sólo la inexistencia de albaranes de entrega, sino  la compra de material no servido. Y para ello, la Udef aporta tres ejemplos: la compra de grilletes (se compran, pese a que la Policía Nacional no detecta su deterioro); compra de uniformes para agentes interinos (que repiten cada año y, por tanto se les compra el uniforme sin ser necesario); voluntarios de Protección Civil (se incorporan en enero, febrero y marzo, pero las compras se hacen en abril). En total, la Policía cifra en 105.000 euros el material contratado por los agentes de la Policía Local, autorizado por la Junta de Gobierno Local, pero "no está acreditada su efectiva entrega" por la red de empresas utilizada para la contratación.

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