El alcalde, Gabriel Echávarri, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: APALICANTE. La dignificación de la admnistración de Justicia en Alicante ya tiene hoja de ruta, aunque todavía sin plazos ni presupuestos definitivos. La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante acaban de cerrar un acuerdo para construir un tercer edificio para dependencias judiciales en el solar de propiedad municipal en el que se ubicaba el antiguo cuartel militar de San Fernando, justo frente al edificio actual que alberga al Palacio de Justicia de Benalúa en el que el Consell había llegado a proyectar la construcción de la llamada Ciudad de la Justicia de Alicante, al menos desde hace 17 años.
La consellera responsable del área, Gabriela Bravo, y el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), han detallado este miércoles que el objetivo es crear un "barrio de la Justicia" que quedaría conformado por el edificio de Benalúa, su extensión habilitada en Pardo Gimeno y este tercer inmueble de nueva construcción, en la parcela que el ayuntamiento decidió acondicionar como aparcamiento público gratuito después de que caducase la concesión anterior. Según Bravo, el proyecto comprende la reorganización de las dependencias por jurisdicciones, de modo que el edificio de Benalúa -que se pretende someter a una reforma y acondicionamiento integral, ajustada a las condiciones de conservación que impone el catálogo de edificios protegidos- quedaría para los juzgados de lo Penal. El edificio de Pardo Gimeno, seguiría estando reservado para los juzgados de lo Contencioso y de lo Social. Y, por último, el edificio de nueva construcción previsto al otro lado de la avenida de Aguilera albergaría albergaría los juzgados de lo Civil, el Registro civil, Menores, Fiscalía, los calabozos, dependencias para abogados y procuradores y "un Insituto de Medicina Legal con las prestaciones requeridas", según ha destacado Bravo.
La consellera sólo se atrevió a aventurar que las obras de ese nuevo edificio podrían iniciarse en el primer semestre de 2018. Se desconocen plazos de ejecución y presupuesto, ya que dependerá de la redacción del proyecto. La parcela en la que se encuentra dispone de una superficie total de 5.500 metros cuadrados y se podrá construir un inmueble de sótano, planta baja y cuatro alturas. Justo a sus espaldas se prevé la construcción de un parque público, cofinanciado por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, a través de una subvención de un millón de euros. Ese nuevo inmueble podría quedar conectado con el edificio de Benalúa a través de un corredor subterráneo, como ya se preveía en el proyecto no ejecutado de la Ciudad de la Justicia.
A cambio de la cesión del solar del antiguo cuartel, según Bravo, la Generalitat está dispuesta a poner a disposición del Ayuntamiento otra parcela tres veces mayor, de 15.000 metros cuadrados, situada en el avenida Doctor Rico (el lugar en el que planta la Hoguera de Polígono San Blas), para que la destinase al uso social que se considerase conveniente. Echávarri ha asegurado que esa cesión se aceptará y que se estudiará cuál puede ser su posible uso.
Tanto Bravo como Echávarri han resaltado la necesidad de atender esa necesidad urgente para garantizar una prestación de Justicia digna tanto para los ciudadanos como para sus profesionales. Ambos han destacado la colaboración y el interés de la Concejalía de Urbanismo, y de su titular Miguel Ángel Pavón (Guanyar), para desbloquear el acuerdo.
