Los ediles del PP y de Ciudadanos, votan en un pleno, de archivo. Foto: PEPE OLIVARES ALICANTE. Salvo sorpresa, la propuesta de modificación del PGOU que aspira a poner coto al gran comercio llegará a pleno para su posible aprobación definitiva. La oposición en bloque se ha abstenido en la comisión informativa de Urbanismo celebrada este lunes, lo que da alas al que se debata sobre una iniciativa que trata de regular las condiciones para la implantación del gran comercio e impide, de facto, macrocentros como el que preveía la ATE de Alicante Avanza junto a una tienda de ikea en Rabasa.
PP, Ciudadanos y los dos ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) han permitido, así, que la propuesta pase a pleno con un dictamen favorable que, no obstante, no implica necesariamente que vaya a prosperar. Como viene informando Alicante Plaza, el tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís gobierna en situación de minoría (14 concejales en una corporación de 29) por lo que necesita del apoyo de al menos un edil de la oposición para que el acuerdo prospere con un quórum de mayoría absoluta.
Por lo pronto, al menos el PP ha planteado una posible propuesta de negociación, a tres días del desarrollo del pleno, para poder garantizar su voto a favor. El principal partido de la oposición trataría de introducir, así, variaciones en los términos del acuerdo al no compartir estrictamente el 100% del contenido de la propuesta. Su disparidad de opinión vendría de dos puntos concretos: no haber previsto la regulación de las estaciones de servicio, que en la propuesta queda aplazada a una futura modificación, y la exclusión de determinados viales estructurantes en los que sí se daría cabida a la implantación de medianas superficies. Entre ellos, según el portavoz del PP, Luis Barcala, figuraría un tramo de la avenida de la Universidad, el que lleva desde el cuartel hasta la rotonda de la A-7, que queda fuera de esa delimitación "con el argumento de que se trata de una zona de suelo rústico que podría incorporarse en el futuro, si llega a convertirse en urbanizable". "Nuestra posición es que no se aplace la posibilidad de la instalación de actividades comerciales en esa zona para que esa decisión no tenga efectos disuasorios", ha explicado.
De ahí que la posición de los populares haya sido la de plantear, incluso, la retirada de la propuesta, de modo que pueda ser completada a lo largo del mes de agosto y vuelta a debatir en el pleno de septiembre, una vez incorporados ambos puntos. Según Barcala, su ofrecimiento no ha sido ni admitido ni descartado: simplemente "se nos ha contestado que seguiríamos hablándolo", ha añadido.
El grupo municipal de Cs, por su parte, ha mantenido, a través de su portavoz adjunto, Antonio Manresa, que si la modificación se aprueba tal como está plantada, se limitará la llegada de inversiones privadas a la ciudad. Aunque Cs valora positivamente la política de incentivar el comercio en las zonas céntricas de la ciudad y en los llamados "ejes estructurantes" Manresa ha señalado que "la modificación puntual del PGOU para concretar y delimitar usos comerciales en la ciudad va a ser un freno para el desarrollo en las áreas del extrarradio, y especialmente Rabasa, y por consiguiente para la atracción de inversiones que tanta falta hacen en Alicante", ha señalado. "La excusa que ha dado el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de que se puede revisar cada cinco años, o a instancias del Ayuntamiento, nos parece que es un argumento volátil, no es serio", ha matizado el edil para quien "la política de desarrollo comercial no puede estar al albur de la intransigencia ideológica de un edil".
La edil no adscrita (ex de Guanyar) Nerea Belmonte ya expresó sus dudas sobre la propuesta la semana pasada con un planteamiento similar, tras haber recibido mensajes de determinados colectivos vecinales al respecto. Por su parte, el segundo concejal no adscrito (ex de Cs), Fernando Sepulcre, ha abundado en la aparente descoordinación entre las diferentes propuestas que estaría impulsando el tripartito, al impulsar una propuesta que condiciona el futuro comercial de Alicante sin esperar a conocer el Plan de Ciudad y condicionando la redacción del futuro Plan General Estructural (PGE).
El concejal del PP, José Ramón González, por otra parte, ha vuelto a instar al equipo de Gobierno a reactivar la unidad policial de aperturas. En esta línea, preguntará al tripartito en el pleno ordinario de este jueves "por qué no se vuelve a constituir la Unidad Fox, que anteriormente estaba formada por cuatro agentes, dedicada a reforzar la seguridad en el centro de la ciudad y a controlar el cumplimiento de la ordenanza de veladores", según informan fuentes del PP a través de un comunicado.
González sostiene que "a raíz de la reestructuración de la Policía Local llevada a cabo en el mes de marzo, y que supuso la desintegración de la Unidad Fox que realizaba la inspección de veladores, además del control de la venta ambulante, el botellón y otras tareas, se ha constatado que se ha producido una mínima inspección de veladores". Además, a su juicio, ha aumentado la venta ambulante en la ciudad y se han incrementado las quejas vecinales por la falta de control del "botellón".
