Coto al gran comercio: adiós al macrocentro en Rabasa pese a Ortiz y exigencia de aval de tráfico

ALICANTE. El nuevo orden que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) pretende instaurar para la instalación de tiendas de mediano y gran formato está listo para su aprobación definitiva. Y sus determinaciones no se ajustan, precisamente, a las expectativas que manejaban empresarios y propietarios con intereses en el entorno de Rabasa, como Enrique Ortiz, que habían tratado de frenar su entrada en vigor y forzar su corrección mediante la presentación de alegaciones. 

Ese nuevo orden deriva de la modificación puntual número 35 del PGOU en vigor (de 1987) en la que el tripartito lleva trabajando desde hace más de un año. Con ella, se impide la construcción de nuevos macrocentros comerciales en el extrarradio -como el que se acompañaba en la ATE de Alicante Avanza junto a la tienda de Ikea- y se orienta su apertura sólo hacia las avenidas principales del casco urbano: los llamados ejes estructurantes que conforman la red primaria.

La propuesta ya fue aprobada por una amplía mayoría en el Consejo Local de Comercio del pasado mes de octubre. Entonces ya se dio a conocer su objetivo, su alcance y sus principales implicaciones. La modificación puntual cambia la redacción del artículo 95 del PGOU para dar cabida sólo a la implantación de nuevas medianas superficies siempre que se reúnan ciertas condiciones, como que se circunscriban a esas avenidas principales.

El cambio de ese artículo establece también las limitaciones de superficie de venta para los supermercados, que estaría comprendida, entre 400 y 1.699 metros cuadrados; la de los grandes supermercados, entre 1.700 y 2.499; la del mediano comercio de productos de consumo ocasional, entre 200 y 1.199 metros cuadrados; y la de grandes comercios, de más de 1.200 metros cuadrados.

La propuesta quedó aprobada en Junta de Gobierno en marzo, lo que abrió un periodo de exposición al público de 45 días que concluyó el pasado 29 de mayo. Y ahora, la Concejalía de Urbanismo plantea su ratificación -probablemente en el pleno del mes de julio- tras admitir e incorporar al texto algunas de las observaciones presentadas en esa fase de alegaciones.

En total, según pudo conocer Alicante Plaza, se han llegado a presentar 12 objeciones, además de un informe del Ministerio de Fomento. Entre ellas, se habría resuelto estimar la petición presentada tanto por la Asociación de Supermercados de la Comunitat Valenciana (Asucova) como por Coepa para que se rebaje la obligación de que los locales comerciales dispongan de un almacén o trastienda para conservar sus productos con una superficie equivalente al 10% de la superficie de venta. Esa condición aspiraba a que los comercios hiciesen acopio de productos para, así, reducir la actividad de carga y descarga. Y con ella, el desplazamiento de vehículos. En la versión definitiva de la propuesta, los técnicos de la Concejalía de Urbanismo habrían relajado ese requisito para limitarlo al 5% de la superficie, pese a que el índice que se aplica en otras ciudades es del 10%.

También se aceptaría la petición registrada por la Autoridad Portuaria para que no se contemple la instalación de tiendas de gran formato en los viales incluidos en el Plan Especial del Puerto como sí se daba cabida hasta ahora, en relación a Conde de Vallellano y Avenida de Loring. E, igualmente, se admitiría la observación planteada por el Ministerio de Fomento para que se exija un dictamen previo de ese departamento a la hora de autorizar grandes comercios en las travesías y vías de titularidad estatal. 

No obstante, según las fuentes consultadas, los técnicos de Urbanismo rechazan las alegaciones presentadas por una de las sociedades de Enrique Ortiz, Urbanika, por los titulares de otra empresa propietaria de terrenos en Rabasa, la antigua Tejas Cobert, y por la agrupación de pequeños propietarios del sector. A grandes rasgos, sus alegaciones esgrimían que se coartaba el derecho a la libre competencia al impedir la implantación de grandes comercios en cualquier bolsa de suelo urbano y urbanizable. En algunas de esas alegaciones, según las mismas fuentes, se habría llegado a plantear que la modificación del PGOU es un intento de persecución contra los intereses de esas empresas, ya que en el ámbito de la partida de Rabasa se habían generado expectativas económicas. 

Sin embargo, la respuesta de los técnicos sería tajante al recordar que el suelo de esa partida en concreto vuelve a ser no urbanizable tras la anulación del Plan Parcial de Rabasa y la renuncia a la ATE de Alicante Avanza. Es decir, que en esa zona concreta no podría implantarse en ningún caso un gran comercio aunque no se aprobase esta modificación, a no ser que se tramitase un nuevo plan en el que se promoviera el cambio de calificación urbanística. Además, los técnicos de Urbanismo descartarían que exista ningún límite a la competencia, ya que la propuesta de modificación tendría en cuenta que se incorporarán nuevos ejes principales en cuanto exista un crecimiento de suelo urbano en cualquier punto del término municipal.

La modificación incluría otra serie de mejoras o rectificaciones a iniciativa de los propios técnicos, entre las que destacaría la exigencia de un nuevo requisito: las tiendas que conlleven la construcción de un aparcamiento anexo de más de 35 plazas, deberán contar con un estudio de movilidad en el que se certifique que no se provocará ninguna colapso sobre la circulación. Por último, también se plantearía un ajuste en la relación de ejes principales en los que sí tendría cabida una mediana superficie: se incluyen dos tramos de la avenida de La Condomina y de Javier Carratalá, y se excluyen un tramo de Pintor Pérez Gil, otro de la N-332 entre esa avenida y el Juncaret; otro de la avenida de la Universidad y otro de la A-79 desde la avenida Mare Nostrum.