Los accesos al centro comercial Puerta de Alicante. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El blindaje que el tripartito de Alicante pretendía haberse procurado para evitar la liberalización de horarios comerciales salta por los aires. En un auto fechado el día 15 y conocido este lunes, la titular del juzgado de lo Contencioso número 4 estima la petición cursada por Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante e insta a cumplir la sentencia dictada en noviembre por la que se reconoce el derecho de los tres comerciales a ser incluidos en una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), de modo que dispongan de la oportunidad de abrir todos los domingos y festivos. Es decir, el mismo régimen del que ya disfruta el comercio asentado en el Centro Tradicional y las dos tiendas de El Corte Inglés prácticamente de forma ininterrumpida desde que el anterior equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), aprobó extender el ámbito de la ZGAT original (sólo la fachada marítima) a todo el Centro (incluido Maisonnave).
La jueza descarta además la caución (garantía) que el Ayuntamiento llegó a solicitar en el caso de que se acordase la ejecución provisional de la sentencia -como así ha sido- para cubrir posibles daños al interés público. El Ayuntamiento llegó a valorar ese perjuicio en nueve millones de euros en base a los beneficios que los centros comerciales podrían obtener si se les permitiese abrir los festivos y, después, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) acabase tumbando esa autorización al aceptar el recurso municipal, todavía en curso y, previsiblemente, sin resolver hasta dentro de dos años. La jueza, además de considerar ese perjuicio inexistente, considera que el cálculo del ayuntamiento adolece de falta de rigor.
Por partes. El auto es recurrible en el plazo de quince días, pero esa hipotética acción no exime al Ayuntamiento de cumplirlo, puesto que -como subraya la jueza- ese hipotético recurso municipal no tendría efectos suspensivos. Así que, el tripartito -además de no lograr esa pretensión económica (el depósito de los nueve millones)- queda obligado a buscar encaje a la libertad de horarios comerciales con efectos inmediatos: bien ampliando la ZGAT aprobada en octubre de 2016 (la limitada al Centro tradicional, supeditada a un compromiso de contratación y de medidas de conciliación familiar para los trabajadores), o bien aprobando nuevas zonas para cada uno de los tres centros comerciales, como el alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri (PSOE), avanzó que se actuaría, en el caso de que resultase necesario. Hasta este lunes, según fuentes municipales, no se había dirimido esa cuestión y queda a expensas de las indicaciones de los servicios jurídicos municipales. En cualquier caso, el auto no aclara cómo debe ejecutarse la sentencia de noviembre, por lo que, a priori, todas las opciones están sobre la mesa: ampliar la ZGAT existente, crear una nueva para los tres centros comerciales o una distinta para cada uno de ellos.
Lo que sí parece improbable es que los tres centros comerciales puedan abrir mientras no exista un acuerdo municipal, primero, y autonómico, después, que respalde ese nuevo régimen de libre apertura. Hasta este lunes, ni la representación legal de los tres complejos tenía certeza alguna al respecto. Toda esa indefinición abre otro interrogante sobre la cuestión de los plazos: resulta imposible determinar una fecha concreta para que Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante puedan abrir los domingos, ya que el Ayuntamiento debería iniciar ahora todo el recorrido administrativo para ampliar la ZGAT actual o aprobar una o varias nuevas. La vigente, de hecho, todavía no ha sido ratificada oficialmente por el Consell, aunque el tripartito insiste en esgrimir el compromiso manifestado en septiembre por el conseller de Economía, Rafael Climent, sobre el respeto al acuerdo que se consensuase en Alicante.
El alcalde, Gabriel Echávarri, el conseller de Economía, Rafa Climent, y el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, en una reunión sobre las ZGAT. Foto: AP¿Qué es concretamente lo que resuelve el auto y por qué? En primer lugar, concede la ejecución provisional de la sentencia de noviembre, mientras se dirime el recurso presentado por el Ayuntamiento de Alicante ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para tratar de anular sus efectos. La jueza considera que la aplicación de esa sentencia no conlleva ningún perjuicio para el interés público, como llegó a sostener el Ayuntamiento en su escrito de oposición, en alusión, por ejemplo, al posible impacto negativo que la apertura de esos centros comerciales pudiese suponer para el pequeño comercio instalado en sus cercanías (un impacto que el Ayuntamiento admitió ser incapaz de precisar fielmente en su propio escrito).
En su escrito, la jueza no sólo niega que la apertura en festivo de los tres centros comerciales conlleve perjuicio al interés general. Más bien todo lo contrario. Argumenta que el interés público sí se vería lesionado si el Ayuntamiento siguiese sin autorizar la apertura de los tres complejos hasta verse obligado de manera imperativa por el TSJ con una sentencia que ratificase su resolución inicial, de noviembre. En ese supuesto, según el auto, el Ayuntamiento podría verse abocado a "hacer frente a una cuantiosa indemnización de daños y perjuicios a los centros comerciales actores, cuyo importe será mayor cuanto más tiempo despliegue efectos el acuerdo municipal anulado por la sentencia 324/2016". Es decir, cuanto más se retrase el reconocimiento del derecho de los centros comerciales, mayor será la suma con la que el Ayuntamiento podría quedar forzado a compensar a los tres centros comerciales. Y esa posibilidad es más que real: de hecho, en su sentencia de noviembre, la misma jueza abrió la puerta a que los tres complejos planteasen esa reclamación de responsabilidad patrimonial por el cauce procesal correcto. Los centros comerciales continúan teniendo esa opción a su alcance.
El auto niega igualmente la afección a los negocios asentados en el entorno de los tres centros comerciales a la que también alude el escrito de oposición del Ayuntamiento. La jueza refleja que las asociaciones de comerciantes de esas áreas solicitaron expresamente ser incluidas en esa ZGAT puesto que, a su juicio, limitar la apertura en festivo a la zona centro resultaba discriminatorio.
En tercer lugar, la jueza resuelve que no puede objetarse la existencia de un acuerdo aprobado en el Consejo Local de Comercio para restringir la libertad comercial al centro tradicional, ya que ese acuerdo reflejaba únicamente la voluntad de los comerciantes representados en ese foro, por la que trataron de "impedir a través de dicho Consejo Local de Comercio y desde una perspectiva basada en su exclusivo interés particular, la libertad horaria para otros comerciantes".
El equipo de Gobierno valoró este lunes los efectos del auto desde la prudencia. Fuentes de la Concejalía de Comercio consultadas por Alicante Plaza apuntaron que, como mínimo, el acuerdo alcanzado en el Consejo Local de Comercio logró que al menos los trabajadores de El Corte Inglés mejorasen sus condiciones laborales, al vincularse la delimitación de la ZGAT a un compromiso de contratación para dar cobertura a las nuevas necesidades de personal y al limitarse a once los festivos al año que sus empleados quedan forzados a trabajar. Fuentes municipales lamentaron, de hecho, que el recurso de los centros comerciales pueda dar pie a que existan "trabajadores de primera y de segunda".
El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, afirmó, por su parte, que "ha terminado pasando lo que dijimos que iba a ocurrir cuando el alcalde anunció el órdago de recurrir la resolución judicial sobre los centros comerciales para poder abrir los domingos y fines de semana en Alicante". Barcala recordó que ya advirtió al alcalde "que aprovechara el tiempo y negociara con los centros comerciales, porque con ese recurso no iba a ir a ningún sitio". "Ya advertimos de que le iban a tumbar el recurso y es lo que ha pasado", señaló y destacó que "este tripartito no hace más que cosechar resoluciones judiciales en contra, una tras otra, donde le dicen que haga lo que tiene que hacer y no lo que le da la gana", en alusión a otra reciente resolución judicial sobre el cambio de denominación de las calles de Alicante.
"En este caso, lo más triste", afirmó, "es que durante todo este tiempo, y hasta que se ha resuelto el recurso el Ayuntamiento, tenía tiempo para negociar un modelo comercial de liberalización de horarios comerciales para la ciudad de Alicante y para haberlo negociado con las grandes superficies y el comercio, pero no ha hecho nada y se lo ha jugado todo a un insensato recurso que ya le advertimos que no iba a funcionar como ahora confirma el auto".
Por último, Barcala pidió a Echávarri "que se acostumbre a sentarse a negociar con las partes y no a estar haciendo órdagos porque siempre pierde". El dirigente del PP pidió al alcalde que "en lugar de hacer demagogia hablando detrabajadores de primera y segunda, lo que tiene que hacer es dar soluciones reales". "Se ha perdido un tiempo precioso para establecer un modelo y negociarcon las partes", lamentó.
La portavoz municipal de C's, Yaneth Giraldo, se pronunció en parecidos términos y conminó a Echávarri a acordar una respuesta pausada, tras una medida reflexión para evitar nuevos errores y poder garantizar, así, una situación de seguridad jurídica.
