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La jueza del caso comercio cierra la instrucción y procesa a Echávarri y sus asesores

7/11/2017 - 

ALICANTE. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha notificado este martes el auto por el que da por concluida la instrucción del llamado Caso Comercio y acuerda la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Se trata de un paso previo a la apertura de juicio contra el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y sus dos asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, por un delito de prevaricación por la adjudicación directa de 25 contratos menores pero por un importe global de más de 189.000 euros. A los asesores, además, se les imputa un delito de usurpación de funciones. El auto es recurrible: desde su notificación se abre un plazo de tres días para que se presente recurso de reforma (ante el propio juzgado) y de cinco días en el caso de que se opte por recurrirlo en apelación ante la Audiencia Provincial. Al mismo tiempo, el auto da 20 días de plazo a la Fiscalía y a la acusación popular, ejercida por el PP, para que solicite el seobreseimiento o la apertura de juicio oral, "formulando escrito de acusación". O, en su caso, que soliciten la práctica de nuevas diligencias.

En un su resolución, la instructora  mantiene que, entre los meses de noviembre y diciembre "se concertaron para eludir la convocatoria de concurso público y adjudicar de manera directa al menos 14 contratos sirviéndose para ello del fraccionamiento de los mismos y adjudicándolos como contratos menores". La instructora ha dictado, además, una segunda resolución en la que rechaza la petición de los dos asesores investigados para incorporar a la causa los expedientes de las Galas de Comercio de los años 2013 y 2014 porque "no son objeto de investigación en el presente procedimiento". Fuentes jurídicas señalaron este lunes que es escrito sí se había llegado a incoporar al proceso. 

La decisión de la jueza ha trascendido justo un día después de que la instructora tomase declaración a cuatro de los seis últimos proveedores de servicios contratados, cuyo testimonio se había fijado para este lunes. Y justo después de que la defensa de Díez y De Gea solicitase la declaración de otros dos testigos que, en realidad, ya habían comparecido en el juzgado: los máximos responsables técnicos de la Concejalía de Comercio. Como ha informado este diario, la jueza denegó esa petición. En esa segunda resolución, la instructora argumenta que las partes ya tuvieron "facultad y posibilidad de realizarle todas las preguntas y aclaraciones que tuvieron por conveniente en la fecha en la que se les tomó declaración en la sede de este juzgado".

El PP exige coherencia

Las reacciones políticas al auto de procesamiento no han tardado en sucederse. El primero en valorarlo, ha sido el portavoz municipal del PP, Luis Barcala. El líder de los populares ha señalado que el auto complica todavía más la situación del alcalde, a quien ha instado a ser coherente con la posición defendida en el pasado respecto a la exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, o incluso sobre la exedil de Guanyar Nerea Belmonte. Con todo, ha insistido en que el PP no solicitará su dimisión hasta que se dicte el auto de apertura de juicio. Eso sí, ha instado a los socios de Gobierno del PSOE, Guanyar y Compromís, a posicionarse para poder desbloquear el funcionamiento de la ciudad. "Ni se quedan, ni se van, se están yendo, y eso no permite avanzar", ha dicho Barcala.

Sobre la posibilidad de que se produzca un relevo en la Alcaldía y de que el PP pueda presentar a su propio candidato, Barcala ha señalado que el objetivo más inmediato es ganar las elecciones municipales de mayo de 2019 y que únicamente asumirían la alcaldía de la ciudad "por imperativo legal". Barcala ha afirmado que el "objetivo" de su partido es vencer en los comicios de dentro de un año y medio y que no se plantean alcanzar ahora la alcaldía: "Si tenemos que asumir esa responsabilidad, la aceptaremos por imperativo legal".

En cualquier caso, sí ha sostenido que "el tripartito está muerto desde hace mucho tiempo" y ha añadido que ahora su "máxima preocupación es Alicante" y la situación de parálisis que se prolonga desde hace tiempo. Por ello, ha vuelvo a solicitar que le faciliten el borrador de presupuestos de 2018 para evitar que se demoren más.

Por su parte, el alcalde ha hecho declaraciones a los medios minutos antes de que trascendiera la decisión de la juez, en las que reiteraba su tranquilidad al respecto. A primera hora de la mañana y antes de inaugurar las Jornadas de Tráfico Marítimo organizadas por la Fundación Proport Alicante, que se celebran en el Auditorio de la Fundación Caja Mediterráneo, el alcalde aseguraba que no había ninguna novedad sobre su escenario judicial. "Yo soy abogado, las sensaciones no influyen, influye luego la decisión final", aseveraba.

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