La basura acumulada en el entorno de la Plaza de Santa María. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La huelga en el servicio de recogida de la basura echa más gasolina a las diferencias de criterio político sobre el futuro de la contrata que existen en el seno del tripartito de Alicante desde hace más de un año. Tanto es así que, este martes, se acabó precipitando lo que sólo puede entenderse ya abiertamente como una declaración de guerra. El estallido del conflicto definitivo se produjo a través de un cruce de manifestaciones públicas entre el alcalde y el vicealcalde: Gabriel Echávarri (PSOE) anunció que ya había iniciado las negociaciones con la UTE concesionaria para abordar la ampliación del contrato (uno de los más costosos de los que dependen del Ayuntamiento de Alicante) ante la evidencia de que no resulta suficiente para que la ciudad esté limpia; Miguel Ángel Pavón (Guanyar) descartó por completo esa posibilidad para no gastar más en un contrato inadecuado que, dijo, debe revisarse para, entre otras alternativas, estudiar su posible rescisión.
Lo cierto es que la propuesta defendida por el primer edil no es nueva. Como él mismo recordó, la había anunciado en un pleno hace cerca de nueve meses. "Entonces estaba yo sólo; ahora hasta la plantilla está diciendo que hace falta más personal", enfatizó Echávarri. En este sentido, insistió en que, después de dos años de gestión del contrato bajo el mandato del PP, y de otros dos bajo el mandato del tripartito, "seguimos pensando que la ciudad no está limpia y estoy seguro de que tanto antes como ahora, con el concejal de Limpieza a la cabeza, se ha velado para que el servicio contratado se cumpla" incluso con la imposición de las sanciones que han resultado preceptivas. "Si Alicante sigue estando sucia, entonces es que el contrato no es suficiente", recalcó. "No hay secretos: si quieres dejar algo más limpio tienes que limpiar más", dijo, y sostuvo que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha contratado a 800 nuevos barrenderos por 18 millones de euros más.
De ahí que, anunciase que, pese a que no lo hubiese hecho público hasta ahora para no entorpecer la posible solución, él estaba trabajando sobre el tema y desvelase que existía una negociación abierta con la UTE concesionaria (compuesta por FCC, Ferrovial y Cívica) para abordar cuáles son las posibles necesidades (técnicas y de personal) para la mejora en la prestación del servicio y su posible coste.
El líder de Guanyar, no obstante, se pronunció justo o en la dirección opuesta. En declaraciones públicas, Pavón manifestó que "en ningún caso debe elevarse el gasto en limpieza en un contrato adjudicado por el PP a una UTE participada por el presunto corruptor del caso Brugal", en referencia al empresario Enrique Ortiz, al frente de Cívica. "El problema está en un contrato que se consideró adecuado en la etapa de gobierno del PP al valorarse que la concesionaria no incurría en baja temeraria; un contrato que debe revisarse en profundidad y analizarse alternativas como su posible rescisión", concluyó.
Esa es, hasta ahora, la hoja de ruta que tenía trazada la Concejalía de Limpieza, en manos de Guanyar: revisión del contrato y de su cumplimiento a partir de la labor de los inspectores municipales y de la contratación de una nueva auditoría, centrada en el trabajo real desplegado por la UTE y no en el grado de abstentismo, como sucedía con las auditorías contratadas por el PP. Con ese nuevo análisis , Limpieza pretendía pertrecharse de los datos objetivos necesarios para plantear una posible ampliación del contrato o bien su rescisión, en el caso de que se constatase incumplimientos graves imputables a la concesionaria. El problema, según apuntaron fuentes socialistas este martes, es que esa auditoría sigue sin contratarse y, como enfatizó el propio Echávarri, "no estamos en junio de 2015; no podemos perder más tiempo para tomar decisiones".
¿Qué opina el tercer socio del equipo de Gobierno, Compromís, sobre el asunto? Otra vez más, la opción mixta. Su líder y portavoz del tripartito, Natxo Bellido, secundó la conveniencia de "revisar el contrato para resolver si debe pagarse más porque lo que está claro es que el pliego actual no responde a las necesidades de la ciudad". Ahora bien, insistió en que esa solución -la de pagar más por el servicio- debe abordarse desde criterios técnicos con todos los informes que resulten preceptivos para saber cuáles son las necesidades reales. Además, sostuvo que "este es un reto de ciudad" y que el debate debe asumirse "desde una posición común en el que el conjunto del equipo de Gobierno debe ir de la mano". Y añadió que no es la única medida a adoptar para paliar el problema. Señaló que se debe profundizar en las campañas de concienciación y que se debe seguir intensificando el control sobre la prestación del servicio.
Entre tanto, hasta doce asociaciones vecinales (Ciudad de Asís, LaFlorida, Gran Vía sur, San Gabriel, Miguel Hernández, Francisco Albert-Princesa Mercedes, Alipark, Nuevo San Blas, Centro Tradicional, Divina Pastora, Ciudad Elegida y Virgen del Remedio) también terciaron este lunes a cuenta de la situación generada por la huelga de los trabajadores de la UTE (que este martes registró la última jornada de paros a expensas de la mediación de hoy, ante el Tribunal de Arbitraje Laboral).
A través de un comunicado, los doce colectivos exigieron "acuerdos urgentes para que se solucione el conflicto de la limpieza de las calles de nuestros barrios". "Entendemos las demandas económicas de los trabajadores porque son básicas, y deben estar contempladas en el contrato de concesión. Compartimos y apoyamos sus denuncias que las haremos efectivas en la Inspección de Trabajo sobre la precariedad e inseguridad que mantiene la empresa en el mantenimiento de los equipos mecánicos que se utilizan para la limpieza", apuntaron.
En esta línea, también dijeron comprender "la precariedad de la organización de la plantilla con la rebaja del número de operarios al no mantener la plantilla que establece su oferta sobre la concesión y lo establecido en el contrato de concesión, al no reponer las bajas naturales ni el absentismo".
Además, recalcaron que no comparten "que la única solución del problema sea solo el aumento del canon que le cuesta a nuestro Ayuntamiento la contrata de la limpieza y lo denunciaremos si así se hace, solo admitimos la compra de camiones nuevos". "Exigimos que el Ayuntamiento aumente la plantilla de inspectores, exigimos y es vergonzante que no exista una auditoría anual realizada por empresa experta e independiente a cargo de la empresa concesionaria", recalcaron.
