La factura del PAI Rabasa al margen de Ortiz: Tejas Cobert reclama al Consell otros 21 millones

ALICANTE. El fiasco en el que se convirtió el PAI Rabasa sigue amenazando los recursos públicos de la Generalitat. El proyecto original para urbanizar cuatro millones de metros cuadrados en la zona norte de Alicante, presentado por Viviendas Sociales de Mediterráneo (del promotor Enrique Ortiz) hace 14 años, puede acabar generando un roto global de hasta 41,5 millones a las arcas autonómicas en concepto de reclamaciones (independientemente de otras posibles peticiones de indemnización que pudiesen haberse registrado ante el Ayuntamiento de Alicante, como apuntó el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar) en el debate sobre el estado de la ciudad).

Hasta ahora, la única cifra que había trascendido sobre reclamaciones ante la Generalitat de supuestos perjudicados por la anulación del PAI ascendía a 20,5 millones. El grueso de esas peticiones, por un importe de 11,2 millones, correspondía a la cifra reivindicada por el propio constructor, investigado en los casos Gürtel y Brugal (en este último, precisamente por el presunto amaño del urbanismo de Alicante en su favor). Ortiz justificaba su solicitud de indemnización en los errores de tramitación que atribuye a la Generalitat y en la dilación con la que se habría procesado su proyecto. 

Junto a la de Ortiz, se había conocido la petición de otro grupo de propietarios del suelo en el sector por otros 9,3 millones que, al parecer, esgrimieron argumentos similares a la del controvertido empresario para justificar su reclamación. Sin embargo, según precisaron a Alicante Plaza fuentes del Consell, a ese paquete de reclamaciones se añade una tercera por una suma todavía mayor, de 21 millones, presentada de manera individual por otro gran propietario de suelo encuadrado en el PAI original: el que se preveía la construcción de hasta 15.000 viviendas, reducido después a 13.500 (la mitad de ellas de VPO). Se trata de la reclamación presentada por la empresa Tejas Cobert SA, una firma con domicilio social en Madrid, dedicada a la fabricación de ladrillos, tejas y materiales para la construcción que, según pudo precisar este diario, no tendría ningún vínculo con Cerámicas Borja (instalada físicamente en la zona de Rabasa).

Según las mismas fuentes, la reclamación indemnizatoria de Tejas Cobert fue, en realidad, la más madrugadora. Su escrito quedó registrado antes de que la anulación del PAI completase todo su recorrido de posibles recursos hasta llegar al Tribunal Supremo. La compañía no esperó a la casación y presentó su petición justo después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tumbase por primera vez el proyecto, tras constatarse que la sociedad promotora no había acreditado la disponibilidad de recursos para el abastecimiento del sector como era exigible, con el correspondiente informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Después, llegaron otros fallos similares de la misma instancia judicial en los que se certificaron otros errores de tramitación en el expediente por el que se aprobó el PAI, como la inexistencia de un estudio de evaluación ambiental estratégica y la ausencia de un proceso público que facilitase la libre concurrencia para desarrollar el suelo.

Las mismas fuentes precisaron que la respuesta de la Conselleria de Vertebración del Territorio a esas reclamaciones sigue en trámite. A priori, todo parece indicar que se desestimarán y que acabarán judicializándose como la mayoría de peticiones indemnizatorias de las que dio cuenta la consellera del área, María José Salvador, este miércoles, por un importe global de 316 millones, derivadas de supuestos errores cometidos en los pasados mandatos, con el PP al frente del Consell. En esa cifra, según las fuentes consultadas, no se tuvo en cuenta los 21 millones reclamados por Tejas Cobert por el PAI de Rabasa.

Sin relación con la ATE

Las cifras no tienen nada que ver con la Actuación Territorial Estratégica (ATE) presentada por Alicante Avanza (otra sociedad liderada por Ortiz) en la que se preveía la llegada de Ikea casi en el mismo ámbito territorial que el PAI de Rabasa, aunque sobre una superficie menor (1,5 millones de metros). El Consell acordó el archivo definitivo de esa ATE -en realidad, una reconversión del PAI original para tratar de mantener las perspectivas de negocio con suelo terciario- a finales de septiembre tras aceptar el desestimiento voluntario de la sociedad promotora. Hasta la fecha, Alicante Avanza no ha presentado ninguna reclamación económica por el supuesto perjuicio que le pudiese haber generado el fin voluntario del proceso. Fuentes de la Generalitat precisaron que sería un despropósito jurídico que la sociedad plantease esa hipotética reclamación.

Como publicó Alicante Plaza, el desestimiento a la ATE ha abierto un nuevo escenario que podría permitir la llegada de una tienda de Ikea también en Rabasa en una actuación sin macrocentro comercial anexo que incluiría la reserva de suelo para entre dos y cuatro medianas superficies, ocho campos de fútbol, un hospital, suelo de uso empresarial no industrial y una sexta parcela para otras dotaciones municipales. Consell y Ayuntamiento de Alicante estudian ahora todas las opciones -incluida la gestión directa del Plan Parcial- para facilitar el encaje de esa iniciativa hasta ahora sólo esbozada en los primeros planos con los que trabaja la multinacional del mueble.