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inversiones realizadas al margen del trasvase desde 2014

La factura de la sequía: 22 millones de euros para movilizar 111 hectómetros en el Segura

2/03/2018 - 

ALICANTE. La situación de sequía que afecta a las cuencas del Segura y el Júcar desde hace cuatro años, combinada con la imposibilidad de realizar envíos de agua desde la cabecera del trasvase Tajo-Segura por la caída de la reserva en Entrepeñas y Buendía (entre los dos embalses suman esta semana 242 hectómetros, cuando el umbral mínimo que permitiría trasvases se sitúa en 400 desde que empezó el año 2018, en virtud del memorándum del trasvase aprobado hace cinco años), ha obligado a un esfuerzo económico extra para poder paliar la escasez de agua en la zona.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente, el departamento que dirige la ministra Isabel García-Tejerina y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han logrado movilizar 111,4 hectómetros de agua en esta demarcación, lo que ha obligado a realizar inversiones por valor de 22 millones de euros en obras y servicios para atender las necesidades tanto del regadío como del abastecimiento. Asimismo, el nuevo decreto de sequía aprobado para este año comprende 56 millones de euros adicionales en ayudas a agricultores y exenciones fiscales para los afectados por la escasez de lluvias.

El Ministerio de Agricultura activó el decreto de sequía en la cuenca del Segura en el año 2014, un estado excepcional que continuará como mínimo hasta finales de este presente año, después de que el Congreso y el Senado aprobaran hace dos semanas el sexto decreto de medidas urgentes para la cuenca. El Segura pasa por ser el cauce más deficitario de España, y esta semana almacena apenas el 16,3% de su capacidad total, según las últimas cifras del organismo de cuenca. Teniendo en cuenta que, además, el Segura es una de las cuencas española con menor capacidad de almacenamiento de agua (1.141 Hm3, tres veces menos que el Júcar y cuatro menos que el Ebro), en términos absolutos solo guarda 186 hectómetros.

Las fuentes consultadas destacan que "a pesar de la prolongada sequía, camino ya del quinto año, estas medidas del Gobierno han permitido que no se produzcan restricciones en el suministro urbano, y que la industria hortofrutícola de la provincia haya podido continuar su producción a niveles normales, incluso con récord de exportaciones los últimos años". Las actuaciones que se han llevado a cabo incluyen desde la reparación de infraestucturas para disminuir las pérdidas en la conducción hidraúlica hasta la apertura de nuevos pozos de sequía en Calasparra o Moratalla, y autorizaciones a comunidades de regantes para acceder a nuevas aportaciones de caudales de desaladoras y del próximo trasvase Júcar-Vinalopó que se podría poner en marcha antes de verano.

52 hectómetros del Júcar y Mutxamel

Estas cesiones de derechos suman directamente 52,5 hectómetros cúbicos. Se dividen en 42 hectómetros desde la toma del azud de la Marquesa del trasvase Tajo-Segura para sus usuarios, agrupados en la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de la Marina Baja, a los que tal como ha venido contando este diario se sumarían 10,5 hectómetros adicionales de la desaladora de Mutxamel, una vez que se ponga en marcha en 2019. Estas autorizaciones conyunturales, que son las más significativas por volumen, no tienen un coste económico para el Ministerio.

El resto de caudales que han llegado a la provincia de Alicante, hasta un total de 58,9 hectómetros cúbicos, se han ganado con la explotación de nuevos pozos de sequía, especialmente en las localidades murcianas de Calasparra y Moratalla, aunque también en Algar y Beniardá, entre otras poblaciones de la provincia. Si bien la inversión global de la CHS y el Ministerio suma 22.059.148,4 euros, según los datos oficiales, no todos se han producido directamente en la provincia de Alicante, "puesto que los recursos hídricos se ubican principalmente aguas arriba de la provincia" apuntan las fuentes consultadas. Pero todas sí que han revertido en la cuenca del Segura.

Junto al acopio y recogida de nuevos suministros hídricos, la Confederación y el Ministerio han invertido 1,3 millones de euros en la disminución de pérdidas en las infraestructuras del postrasvase, que son las que reparten el agua trasvasada entre los usuarios con derechos. Estas obras han ido desde el canal de Crevillente hasta el Sifón de Orihuela, según dichas fuentes. Una de las primeras actuaciones ejecutadas, de hecho, fue el encauzamiento del río Segura en su tramo final, lo que permite la mejora de las condiciones de circulación de caudales.

Quinto decreto de sequía

A todas estas actuaciones, según recuerdan las mismas fuentes, se suman las medidas excepcionales que se incluyen en el quinto decreto de sequía que las Cortes aprobaron hace apenas quince días y que supondrán más de 56 millones de euros en indemnizaciones a los regantes del Segura y el Júcar, además de la próroga durante un año de las cuotas a la Seguridad Social. La Ley, además, propone el apoyo a la reutilización de las aguas residuales y la desalinización, ambas han sido y son dos fuentes de aportación de recursos que "tenemos que considerar y reforzar".

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