Vista de la zona industrial del puerto de Alicante. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Diputación de Alicante está decidida a reactivar el proyecto de Zona Franca de la provincia, presentado en noviembre de 2015 pero paralizado desde las elecciones generales de diciembre. Según ha podido saber Alicante Plaza, la institución provincial que preside César Sánchez ha convocado una reunión este viernes con los principales agentes implicados en el proyecto, con el objetivo de retomarlo.
A la cita están convocados el Ayuntamiento de Alicante, el Ayuntamiento de Elche, la Autoridad Portuaria de Alicante, el "lobby" Ineca (que elaboró el informe sobre la zona franca en noviembre) y el sector empresarial de la provincia. El objetivo del encuentro es retomar el proyecto de zona franca y comenzar a definir la composición del consorcio que debe impulsar su creación y gestionarla una vez que exista.
Este movimiento de la Diputación llega solo dos días después de que el puerto de Santander haya logrado poner en funcionamiento su propia zona franca, tal como desveló este diario, mientras el proyecto de Alicante permanecía paralizado por la entrada en funciones del Gobierno central desde finales del año pasado. La ciudad cántabra logró la concesión de la zona franca en marzo, y esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha aprobado el reglamento de Régimen Interior de estas instalaciones, lo que permite su puesta en marcha y que las empresas interesadas comiencen a instalarse.
El presidente de Ineca, Perfecto Palacio, y el de la Diputación de Alicante, César Sánchez, presentaron el proyecto de la zona franca alicantina en el auditorio de la EUIPO el pasado 19 de noviembre. En su informe, Ineca estima en 15.000 empleos el impacto inmediato del proyecto, que podría llegar hasta los 84.000 contratos directos e indirectos tras una década de funcionamiento. Asimismo, la recaudación tributaria por la actividad económica en la provincia se incrementaría en unos 300 millones de euros anuales tras ese plazo de diez años, y la recaudación municipal en otros 10 millones.
César Sánchez y José Manuel García Margallo, en la presentación de la zona franca. Foto: EFEEl proyecto recabó el apoyo expreso del presidente de la agencia europea encargada del registro de la propiedad intelectual, Antonio Campinos, y del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, en aquel momento candidato del PP al Congreso por la circunscripción de Alicante. Sánchez y Palacio pidieron al titular de Exteriores que hiciera de correa de transmisión para convencer al Gobierno central de que concediese la zona franca. Por el momento, hay seis de estas zonas en España tras la concesión a Santander: Tenerife, Gran Canaria, Vigo, Barcelona, Cádiz y la cántabra. En la campaña de diciembre, el recién nombrado presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió expresamente a impulsar la zona franca si resultaba reelegido.
Según el proyecto presentado por Ineca, la zona franca se extendería a determinadas parcelas del Puerto de Alicante y a Elche Parque Empresarial, y quizá también al polígono de Bacarot, en la capital alicantina, por su proximidad al citado eje industrial. En el caso del puerto, la idea es utilizar parte del suelo de la ampliación de la terminal que ha quedado sin uso como consecuencia de la crisis. En Elche, Ineca apostaba por las parcelas que ahora son propiedad de Tempe, por lo que habría que buscar un nuevo emplazamiento. Además de Alicante y Elche, también se planteó segregar parte de la zona franca al Vinalopó.
Las empresas que operan en este espacio están exentas de pagar tasas a la importación y cumplir los cupos que limiten la entrada de mercancías, siempre que el producto importado no esté terminado: hay que modificar al menos el 10% del producto final en la zona franca. Asimismo, aquellas mercancías que se exporten luego a países de la Unión Europea no están obligadas a liquidar el IVA. El Ministerio de Hacienda autoriza la entrada de todo tipo de mercancías, sea cual sea su origen, naturaleza o cantidad (siempre que sean lícitas). El consorcio de la Zona Franca autoriza la instalación de empresas, gestiona económicamente el espacio y controla que éstas cumplan la normativa. El control aduanero lo sigue realizando la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
