El alcalde, Gabriel Echávarri, en una comparecencia ante los medios. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Los 25 encargos directos impulsados desde la Concejalía de Comercio por un importe global de 189.000 euros que el Partido Popular (PP) ha denunciado ante la Fiscalía por un supuesto fraccionamiento de contratos puede cobrarse un primera decisión de relevancia en el seno del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Nada menos que la renuncia del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, a la delegación desde la que se ha generado la controversia -la de Comercio- que él ostenta personalmente desde el principio del mandato.
Fuentes de su entorno precisaron a Alicante Plaza que el primer edil está meditando ceder esa competencia a otro concejal (electo o no electo, como contempla la Ley de Grandes Ciudades) en el momento en el que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) emita su dictamen preceptivo sobre la anulación del procedimiento de pago de esos contratos menores con cargo al presupuesto de 2016. "Se está barajando esa posibilidad, pero no se tomará ninguna decisión antes de que se resuelva ese expediente", insisten las mismas fuentes.
Lo cierto es que, desde que la Junta de Gobierno tomó la decisión de anular ese pago tras las dudas manifestadas por el interventor municipal (al tiempo que se autorizaba su abono como reconocimiento extrajudicial de crédito para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento ilícito), el propio Echávarri había venido sosteniendo de manera interna que se tomarían decisiones en el caso de que se demostrase que se había cometido alguna anomalía. Al menos, ese fue el compromiso que sus socios de gobierno, Guanyar y Compromís, habían entendido y trasladado a la opinión pública como respuesta a sus propias peticiones en ese sentido. En ese momento, se especuló con posibles destituciones en el organigrama de la concejalía que no han llegado a producirse. También es cierto que, más tarde, Echávarri rebajó el tono de esa supuesta depuración de responsabilidades y sólo contempló un posible cambio de protocolos a la hora de contratar.
Sea como fuere, en el pleno de este jueves, a colación de la constitución de una comisión de investigación sobre los contratos de la polémica (propuesta por Ciudadanos y aprobada por unanimidad), volvió a hablar de toma de decisiones y sostuvo que, si se demuestra que existe "una actitud dolosa, nadie tendrá que decirme que adopte responsabilidades porque la responsabilidad está en el ADN del PSOE".
Las fuentes consultadas insistieron, además, en que no se prevé ningún otro cambio por lo que respecta al reparto del resto de competencias. Es decir, que no se atisba ninguna remodelación de gobierno que pueda afectar a otros concejales, como también se había llegado a especular en las últimas horas. Siempre según las mismas fuentes, sí existe desde hace meses cierto debate en el grupo socialista sobre la conveniencia de que Echávarri deje la Concejalía de Comercio para poder centrarse en la Alcaldía, pero no existen tensiones internas ni crisis que puedan justificar otros ceses, relevos o sustituciones.
Al menos cuatro de los cinco ediles del PSOE (al margen de Echávarri) consultados por este diario insistieron en que tampoco existe división interna: el grupo municipal apoya las decisiones políticas y comparte las actuaciones del primer edil, aunque sí pueda haber diferencias de criterio por lo que respecta a la oportunidad del momento elegido para tomar una decisión especialmente controvertida, como la del despido de la trabajadora interina adscrita a la Concejalía de Cultura y cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, que el primer edil y el PSOE ya se han comprometido a revertir, tras el acuerdo alcanzado en el pleno con los votos de PP y C's.
Entre tanto, la mesa de coordinación política de Guanyar abundó este jueves en sus críticas y sus exigencias de rectificaciones respecto a esa última medida. A través de un comunicado, la cúpula de la agrupación electoral que lidera EU considera "imprescindible que las iniciativas políticas de la alcaldía se ajusten a lo establecido en el pacto de gobierno, se adopten de acuerdo con los firmantes del mismo y eviten el carácter unilateral".
En ese comunicado, Guanyar recalca que cualquier iniciativa relacionada "con la reestructuración de la plantilla municipal deberá ser adoptada en el marco de la Mesa Negociadora de Personal con los sindicatos, y previo acuerdo del equipo de gobierno". "En coherencia con los puntos anteriores, rechazamos los comportamientos unilaterales de la alcaldía observados en fechas recientes, en temas como la reestructuración de la plantilla o el anuncio de grandes proyectos. Y, en consecuencia, instamos al alcalde a volver al pacto de gobierno como base de cualquier actuación", añade.
En esta línea, el comunicado concluye que como el mismo Gabriel Echávarri defendió en el pleno municipal celebrado el pasado 22 de marzo de 2017, "ninguna equivocación es tan dañina como las efectuadas a conciencia".
