ALICANTE. A la sede de la Cámara de Comercio de Alicante, en plena plaza del Mar, junto a la Explanada y a tiro de piedra de El Postiguet, le brotan posibles arrendatarios antes incluso de que se materialice la mudanza de su actual inquilino: el Ayuntamiento de Alicante. Fuentes de la entidad cameral que preside Juan Riera confirmaron este martes que han recibido propuestas de al menos tres interesados en ocupar el edificio del antiguo Hotel Palas a partir de 2018, cuando se extingue el contrato suscrito hace casi tres años por la exalcaldesa, Sonia Castedo (PP).
Se trata de tres agentes (las fuentes consultadas no precisaron si se trata de empresas, inversores o despachos profesionales) que, en algún caso, ya negociaron su posible aterrizaje en el emblemático inmueble durante el proceso de negociación con el ayuntamiento. Sucedió, por ejemplo, con el prestigioso despacho jurídico Cuatrecasas, con el que la Cámara llegó a mantener contactos hasta que acabó cuajando la operación con el gabinete de Castedo, y que hoy ocupa otras dependencias en un emplazamiento privilegiado: la sede del Colegio de Arquitectos, en la plaza de Gabriel Miró.
Como publicó Alicante Plaza, el actual equipo de Gobierno -un tripartito compuesto por PSOE, Guanyar y Compromís- está decidido a no prorrogar el alquiler del inmueble de la plaza del Mar. Los tres socios coinciden en la necesidad de reducir el lastre que supone el arrendamiento de locales para ubicar dependencias municipales y pretenden ahorrar hasta un millón de euros al año cuando se materialice el traslado de la Concejalía de Urbanismo hasta la antigua sede de la Cámara de Comercio, en la calle San Fernando (está previsto para el próximo mes de marzo), y cuando finalicen las obras de reforma y rehabilitación del edificio de la Casa de la Festa, en la Rambla. La Junta de Gobierno aprobó este martes la convocatoria del concurso para ejecutarlas con un presupuesto de 4,2 millones. Los trabajos deben estar finalizados en el plazo de un año. Y la fecha de conclusión será clave, ya que permitirá completar todo el proceso de mudanza del resto de oficinas repartidas en varios locales distribuidos por el Centro.
El tripartito ya ha comunicado la decisión de su mudanza a los responsables de la Cámara, que ven la decisión con buenos ojos, ya que tienen arrendatarios en lista de espera
El tripartito ya ha comunicado la decisión de su marcha a los responsables de la Cámara. Y el anuncio no ha supuesto ningún quebranto en los planes de la organización empresarial. Es más, según las fuentes consultadas, la entidad cameral ve con buenos ojos la mudanza municipal. No porque pretenda utilizarla como sede propia (actualmente, las oficinas de la Cámara se encuentran en la plaza Ruperto Chapí, en las dependencias que antes ocupaba Coepa y que la patronal vendió a un fondo inversor ruso), sino precisamente porque cuenta con arrendatarios en lista de espera. Es más, es tal el clima de colaboración y entendimiento que el propio ayuntamiento estaría redirigiendo hacia el equipo gestor de la Cámara a todos aquellos actores que solicitan asesoramiento municipal en la búsqueda de locales de alquiler.
Hasta ahora, el ayuntamiento asume el pago de una cuota mensual de 43.618 euros (casi el 50% del gasto mensual municipal en arrendamientos) por el uso de las tres plantas del edificio de la Cámara, en función del contrato suscrito por Castedo en 2014. El carismático inmueble (catalogado como edificio protegido) fue rehabilitado a partir de 2003, cuando la Cámara -bajo la presidencia de Antonio Fernández Valenzuela- compró el edificio a una sociedad participada por el empresario y presidente del Alicante CF, Antonio Solana, gracias a una aportación directa de la Generalitat de 6,7 millones. El Ayuntamiento -entonces con Díaz Alperi en la Alcaldía- también intervino en la operación al adquirir la antigua sede de la Cámara, la de la calle San Fernando (ahora en su última fase de rehabilitación), por 2,4 millones. La Cámara ejecutó después los trabajos de restauración del inmueble, construido en la segunda mitad del siglo XIX y muy deteriorado desde que dejase de tener uso como establecimiento hotelero, en 1998. El coste de esa rehabilitación, también sufragada con aportaciones públicas, llegó a dispararse hasta los 22 millones.