MADRID (EP). El responsable de KPMG que auditó las cuentas de la Caja Mediterráneo (CAM) en 2010 y 2011, Javier Muñoz, ha asegurado este martes que los directivos de la caja le ocultaron información relativa a las operaciones de titulización. En su declaración en calidad de testigo en la quinta sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional, Muñoz ha asegurado que la caja les ocultó información sobre unos contratos de opciones sobre titulizaciones que, a juicio del fiscal del caso, Luis Rodríguez, fue un mecanismo del que se valieron los ocho exdirectivos acusados para "incrementar ficticiamente" los beneficios de la CAM.
El fiscal apuntó en su escrito de conclusiones provisionales que la caja ocultó al auditor la existencia de los contratos de opción de recompra y al aparentar que se transferían los riesgos a los inversores se dieron de baja en el balance los activos y se liberaron las provisiones constituidas, lo que permitió generar resultados positivos. Al respecto, el auditor ha matizado que tras los análisis pertinentes llegaron a la conclusión de que no se habían transferido los riesgos a través de la titulización de préstamos.
En relación a las cuentas del ejercicio siguiente, Muñoz ha subrayado que el informe relativo al primer semestre de 2011 concluyó que había unas diferencias en provisiones de riesgo de crédito de 1.136 millones de euros, lo que les llevó a redactar un documento sobre errores e irregularidades, dado que las cuentas presentadas al Banco de España y la CNMV por la excúpula relativas a ese ejercicio arrojaban unos beneficios (provisionales, según los acusados) de 65 millones de euros.
La auditora supo de la existencia de los contratos de opciones cuando el Banco de España intervino la caja en julio de 2011, momento en que los inspectores llamaron a Muñoz y le enseñaron estos contratos que había entregado la cúpula de la CAM y que tanto el supervisor como el auditor desconocían, según ha declarado el testigo ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo. La excúpula de la caja, que defendió que el auditor había dado el visto bueno a las cuentas con el resultado provisional positivo, se enfrenta a penas de cárcel que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión por los delitos de falsedad en las cuentas, estafa y apropiación indebida.
Muñoz ha precisado en diversas ocasiones que los estudios realizados por la auditora se analizaban con el cliente y por tanto celebraron varias reuniones en las que estaban presentes los miembros del equipo de contabilidad y sus colaboradores. Entre ellos, los acusados Salvador Ochoa, exdirector de Información Financiera, y Juan Luis Sabater, exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez.
Además ha asegurado a preguntas de las partes que la estimación que manejaba KPMG para el primer semestre de 2011 era la dotación de unas provisiones por valor de 1.000 millones de euros teniendo en cuenta la situación de crisis que atravesaba el sector financiero y que "se esperaba que las entidades hicieran un esfuerzo por tener más provisiones", si bien esa situación no se dio y se liberaron 80 millones de euros.
Previamente ha prestado declaración en calidad de testigo el también auditor de la firma Julio Álvaro, que firmó los informes de años anteriores relativos al tratamiento contable sobre la baja de balance, llegando a la conclusión de que, con arreglo a la información facilitada por la caja, la baja era "correcta". Álvaro ha precisado que entre la información que manejaba el auditor no se encontraban los contratos de las titulizaciones, por lo que cómo estaban titulizados los activos es una cuestión que "desconoce".
El exdirector general de la CAM, Roberto López Abad
