ALICANTE. Este lunes, cinco meses más tarde de lo previsto, arranca al fin en la Audiencia Nacional el juicio contra ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por varios delitos societarios, incluida la falsedad en las cuentas de 2010 y 2011, justo antes de que el Banco de España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), interviniera la que había sido la cuarta caja de ahorros de España por volumen de depósitos y crédito, y que para entonces estaba ya en quiebra.
El proceso contra la antigua cúpula de la CAM, con su ex director general Roberto López Abad al frente, puede ser la última oportunidad para los afectados por las cuotas participativas (las 'acciones sin derechos políticos' con las que la entidad salió a Bolsa en 2008 para capitalizarse) de recuperar parte del dinero que invirtieron en unos títulos que llevan más de cinco años con su cotización suspendida, y que según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) valen 'cero'. La Fiscalía, además de las condenas y las indemnizaciones que pide para los acusados, solicita también que se indemnice a los cuotapartícipes "en la cantidad que estime la Sala" una vez concluida la vista.
Esta podría ser la única ocasión que les queda a los afectados, como colectivo (y al margen de las acciones civiles individuales que cada uno emprenda), de ver compensadas sus pérdidas en un proceso penal. De hecho, la causa específica sobre las cuotas participativas se ha archivado ya tres veces (en dos ocasiones se reabrió por los recursos de los afectados ante la Audiencia), pero parece que esta es la definitiva: la juez Carmen Lamela, del juzgado Central de Instrucción 3, acaba de rechazar las alegaciones de los afectados, al considerar que el plazo para investigar la causa ya ha vencido: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las instrucciones no se alarguen más de seis meses solo permite prorrogar dicho plazo en causas complejas (esta lo es) si alguna de las partes lo solicita, cosa que no ha sucedido.
La juez Lamela también rechaza, como pedían los afectados, acumular la causa de las cuotas participativas a la que se dirige contra los exdirectivos, y cuyo juicio arranca hoy en la Audiencia Nacional. Así, la petición de la Fiscalía de que se indemnice a los cuotapartícipes con una cantidad sin determinar es la única vía que queda abierta. Aunque para eso, los acusados tendrán que ser hallados culpables de los delitos que les imputa el fiscal.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo, Francisco José Martínez, en calidad de autores de los citados delitos. En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera que éstos, "conscientes de las dificultades que atravesaba la entidad y del alto grado de probabilidad de que el resultado fuera negativo en 2010", pusieron todos sus recursos para lograr unos resultados "artificialmente positivos".
El mecanismo empleado, cuya 'autoría intelectual' atribuye a López Abad, fue el de reclasificar como normales créditos dudosos y fallidos, que no cumplían con la normativa del Banco de España, para alterar el balance y la cuenta de resultados, al disminuir la dotación de las provisiones necesarias para cubrir esos riesgos. El relato del fiscal identifica cuatro operaciones en concreto, realizadas por el departamento que dirigía Francisco José Martínez, que sirvieron para incrementar "ficticiamente" los beneficios, lo que permitió que los balances mensuales, trimestrales y semestrales de 2011 reflejaran 65 millones de beneficio, en lugar de la realidad: unas pérdidas de 1.136 millones.
El escrito del fiscal incluye en esta operativa también al ex director de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, así como al ex director de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa. También al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El Ministerio Público considera que todos ellos persiguieron además enriquecerse personalmente. No en vano, la presentación de ganancias permitió a los exdirectivos acceder a una serie de complementos retributivos, como la paga de beneficios de 2011: una 'gratificación' por el buen resultado (falso) de la entidad que ascendió a 6,2 millones de euros. Pero también las aportaciones a planes de pensiones o los incentivos anuales. Por ello, reclama que indemnicen de forma conjunta y solidaria a Banco Sabadell, entidad que adquirió el negocio de la CAM en diciembre de 2011 por la cantidad simbólica de un euro, con 20,1 millones de euros, así como a los clientes afectados por la compra de cuotas participativas en la cuantía que estime la sala una vez la sentencia sea firme.
Además de la Fiscalía también figura como acusación el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que al contrario que el fiscal (que lo ha dejado fuera de sus acusaciones) incluye al expresidente de la entidad Modesto Crespo como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros. Una cantidad idéntica por falsedad societaria para López Abad y Martínez, que hacen frente a tres años de cárcel, frente a los dos años de prisión y multa de 81.000 euros que el fondo solicita para Sabater Navarro. El FGD ha tenido que inyectar 5.249 millones procedentes de las arcas públicas para tapar el agujero de la entidad.
Roberto López Abad, en el centro, brinda por la salida a Bolsa de las cuotas participativas de la CAM
