Agustín Navarro. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM, (EFE). El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha citado a declarar en calidad de investigado al exalcalde socialista de la ciudad Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2011, según consta en un auto al que ha tenido acceso Efe.
El juez investiga una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm, una actuación enmarcada dentro del Plan E del gobierno de España que se desarrolló durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El exalcalde de Benidorm, que mantiene su acta de concejal en la actualidad, tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como investigados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media S.L. que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la exconcejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación.
Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación, la cual ya ha sido remitida.
Aquel contrato fue adjudicado a Opino Media, empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación fue la encargada de la campaña electoral de Navarro. En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del expresidente de la Generalitat Joan Lerma.
La empresa resultó adjudicataria por alrededor de 300.000 euros del Plan E, e instaló un total de 19 opinómetros que poco tiempo después se dedicaron a otras funciones a causa de su elevado coste de mantenimiento. Los opinómetros eran unos dispositivos cuya función consistía en recoger las opiniones de los ciudadanos acerca de los servicios públicos.
Se da la circunstancia de que en enero de 2011 el actual alcalde Benidorm y entonces portavoz del PP en la oposición, Toni Pérez, emplazó al alcalde Agustín Navarro a explicar aquella adjudicación del Plan E. Pérez recordó entonces que aquel procedimiento "estaba plagado de oscurantismo y falta de transparencia".
Pérez criticó que la tramitación había sido "hecha a medida" siguiendo un sistema que "sesgaba" la libre concurrencia de las empresas, la participación y la competencia, y calificó de "grave irregularidad" el hecho de haber adjudicado un contrato "a una empresa que hizo la campaña del PSOE en toda la Comunitat con una red y un entramado de familiares directos de cargos públicos del PSOE".
Ya en aquel momento el hoy alcalde consideró que este hecho "podría estar relacionado con la financiación de la campaña del PSOE".
