Ikea y el tripartito de Alicante: aceptación sobre Rabasa, enfrentamiento sobre las formas

ALICANTE. La partida sobre la llegada Ikea a Alicante sigue abierta, aunque sobre un tablero diferente. Los dos grupos con mayor representación en el equipo de Gobierno, PSOE (seis ediles) y Guanyar (cinco, tras la expulsión de Nerea Belmonte por adjudicar contratos menores a personas afines), coinciden en que la tienda de la multinacional sueca podría tener cabida en el sector de Rabasa, aunque continúan manteniendo posiciones discordantes sobre el procedimiento adecuado para que se produzca ese encaje. Así lo atestiguaron este lunes sus principales líderes -el alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, y el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón-, después de que el primero de ellos confirmase en una comparecencia pública que las negociaciones con el gigante del mueble siguen avanzando, con la complicidad del Consell, para agilizar su implantación.

En realidad, la coincidencia sobre la posible ubicación en el sector norte de la ciudad no es nueva. Como viene publicando Alicante Plaza, el concejal de Urbanismo y portavoz de Guanyar -la formación que con más beligerancia se ha opuesto al proyecto en Rabasa si iba ligado a una recalificación masiva como la que preveía la ATE de Alicante Avanza- viene defendiendo al menos desde que el controvertido promotor Enrique Ortiz desistió de esa propuesta que ese sector permitiría la instalación de una tienda de Ikea o cualquier otra propuesta de carácter terciario, siempre que se plantease en los terrenos que lindan con el cuartel militar y el eje de la Avenida de la Universidad. De hecho, el estudio de paisaje incorporado al catálogo de protecciones del futuro Plan General (ahora en exposición pública para la presentación de alegaciones) protege tanto el paraje de las lagunas como otra gran bolsa de suelo de cerca de tres millones de metros, conocida como Las Lomas, que haría imposible cualquier otro macroproyecto como los registrados hasta ahora: el Plan Rabasa original o la ATE que incluía a Ikea.

Pavón insiste en un segundo argumento (tampoco novedoso): que también existen otros emplazamientos ya posibles en los que Ikea (o cualquiera que tenga interés) podría instalarse sin demoras, al tener ya la calificación urbanística requerida (suelo terciario). Se trata, por ejemplo, del APD-21, junto a Mercalicante, o de otra zona relativamente próxima, entre la carretera de Ocaña y el cementerio.      

En este escenario, el motivo de enfrentamiento continúa siendo el procedimiento elegido para allanar la implantación de Ikea, si es que definitivamente sólo contempla ubicarse en Rabasa. El alcalde apuntó este lunes que, una vez descartada la posibilidad de que el Consell compre suelo para ofertarlo después a la multinacional sueca y a otras firmas interesadas en instalarse alrededor -una propuesta que sólo se había barajado a finales de septiembre como idea a estudiar-, el objetivo sigue siendo conseguir que se acorten los plazos para que el proyecto llegue a convertirse en realidad, tras casi una década de trámites fallidos, con una tienda de Ikea y un área comercial anexa sólo para medianas superficies. 

¿Cómo? No llegó a dar una respuesta tajante. Al margen de la compra directa del suelo, también descartó que pudiese producirse una posible expropiación (una alternativa basada en la concurrencia de un interés público que debería acreditarse) y negó la posibilidad de que se tramitase como Declaración de Interés Comunitario (DIC): una autorización que correspondería conceder a las Consellerias de Vertebración del Territorio y a la de Medio Ambiente para que los terrenos que continúan siendo rústicos puedan recalificarse como terciarios.

Pavón garantiza que el Plan General Estructural estará aprobado por el ayuntamiento este mandato y ve poco probable que los técnicos de Urbanismo acepten un Plan Parcial por separado

Sin esas opciones sobre la mesa, deslizó que existen otros procedimientos más ágiles, en referencia a los denominados Planes de Inversión Estratégica Sostenibles (PIES) a los que aludió el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el debate de política general de la Comunitat como alternativa a las polémicas ATE. Como publicó Alicante Plaza, la principal diferencia de esa nueva figura -pendiente de aprobación, posiblemente a través de una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio (Lotup) que Vertebración quiere impulsar antes de que finalice 2016- consiste en que el proyecto que se tramite bajo esa fórmula deberá contar con la aprobación de tres cuartas partes de los representantes de las Cortes y que su tramitación arrancará en los ayuntamientos. O lo que es lo mismo, que su aceptación ya no dependerá sólo del criterio del Consell (tras analizar los preceptivos informes sectoriales) ni se cercenarán las competencias municipales sobre planeamiento, como según fuentes del actual Consell, sucedía hasta ahora con las ATE.

Sea como fuere, tras felicitarse de la aceptación de Pavón sobre Rabasa, Echávarri insistió en que, a su juicio, lo que está claro es que no se puede es esperar "otros seis o siete años, hasta que esté aprobada la ordenación pormenorizada del nuevo Plan General".  

El problema es que Guanyar no comparte ese análisis. El propio vicealcalde mantuvo en declaraciones a Alicante Plaza que sólo está dispuesto a admitir que se planifique la ordenación del suelo de Rabasa a través del Plan General. "No hace falta a esperar a que se apruebe la ordenación pormenorizada, es suficiente con que se aprueben las bases, el Plan General Estructural, al menos de manera inicial en el ayuntamiento, al margen de que el Consell dé después su visto bueno", explicó. Ese trámite, recalcó, podría estar listo en dos años o dos años y medio, incluso con el personal del que ahora dispone la oficina del Plan General: un director-arquitecto y un cartógrafo. Señaló que en 2017 se va iniciar el documento estratégico de ese Plan General y que se va externalizar la redacción de algunos estudios imprescindibles como el de inundabilidad, por ejemplo.  

En todo caso, insistió, ese trámite de aprobación inicial siempre estaría listo antes de que finalice el mandato. Añadió que incluso podría plantearse "una programación en paralelo" que permitiese la instalación de la tienda condicionada a que se apruebe el Plan General, de modo que los plazos se solapasen y dijo que no está claro que la figura del PIES pueda aprobarse en menos tiempo. En esta línea, aunque reconoció que, hoy por hoy, una agrupación de interés urbanístico formada por los propietarios del suelo, la propia Ikea o cualquier tercero podría presentar un proyecto como Plan Parcial -lo que obligaría al ayuntamiento a tramitarlo y a estudiarlo-, sostuvo que "los técnicos de Urbanismo no están por la labor de aceptar ordenaciones por zonas".

Por su parte, el tercer pivote del tripartito, Compromís, continúa marcando su requisito fundamental: que en el proyecto no exista la más mínima sombra de corrupción. Si es así, y la propuesta resulta beneficiosa para la ciudad, se le dará respaldo, según las fuentes consultadas.