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reacciones políticas en el equipo de gobierno

Guanyar y Compromís instan al alcalde a tomar decisiones y depurar responsabilidades

5/04/2017 - 

ALICANTE. La propuesta de acuerdo planteada ante la Junta de Gobierno del martes como asunto de urgencia (no previsto en el orden del día oficial) no tardó en generar reacciones internas en el seno del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). Su portavoz y líder de Compromís, Natxo Bellido, dio cuenta de ellas al informar sobre los asuntos tratados en la sesión: "Tras conocer el expediente y recibir las explicaciones pertinentes, hemos transmitido al alcalde nuestra sorpresa y le hemos pedido que, si resulta necesario, adopte las medidas que deba adoptar", explicó. No llegó a entrar en detalle sobre de qué medidas se trataba ni tampoco apuntó nombres. Tan sólo añadió que "Comercio es un área cuyas competencias asume directamente el alcalde y es él quien debe tomar la decisión".

El vicealcalde y portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, fue más explicíto en declaraciones posteriores. "Le he pedido al alcalde que se deben depurar responsabilidades para que esto no vuelva a suceder; nos parece una cosa muy extraña y estamos hablando de una cantidad elevada, de casi 200.000 euros, así que si alguien ha metido la pata debe tener consecuencias", señaló. Eso sí, tampoco llegó a precisar nombres.

En realidad, en parte, se sobreentendieron. La Concejalía de Comercio ha estado bajo el foco político desde el pasado mes de diciembre, cuando trascendió el decreto de Alcaldía por el que se acordaba la creación de dos plazas de director general para ese departamento y para el de Fiestas. La decisión se adoptó de manera unilateral, sin consulta previa con Guanyar y Compromís, según expusieron entonces representantes de los dos grupos municipales. Los dos puestos de dirección debían ocuparlos los asesores que gestionan el día a día de las dos áreas: Pedro de Gea y Miguel Castelló. Pero el nombramiento no llegó a tener eficacia, ya que el acuerdo requería de la aprobación de una modificación presupuestaria que amparase sus nuevas retribuciones y el alcalde no disponía del respaldo de ningún grupo político (tampoco el de sus socios) para que la iniciativa prosperase. Todos los partidos con representación municipal al margen del PSOE reconocieron el trabajo desempeñado por ambos pero consideraron que no era un gasto prioritario y albergaron dudas sobre su viabilidad legal, al sostener que los candidatos no cumplían los requisitos exigidos (bien, ser funcionarios, o bien, tener acreditada una reconocida trayectoria en el sector). 

La medida hubiese permitido que De Gea y Castelló dispusiesen, incluso, de capacidad de firma para agilizar la toma de decisiones que ahora siguen teniendo que pasar por la mesa de Alcaldía. Y el alcalde parece no haber renunciado a un posible nombramiento en el futuro, ya que los presupuestos de 2017 han incorporado una partida específica para cubrir sus retribuciones.

Como en todos los departamentos municipales, en Comercio existen dos máximos responsables: el concejal delegado, en la dirección política, y el jefe de servicio, en la supervisión técnica. En este caso, el concejal delegado es Echávarri, quien cede la mayor parte de la acción diaria al asesor del área, el propio De Gea. De Gea ejerce en el cargo desde 2015 en la que constituye su primera experiencia en la administración municipal, tras haber pasado por la presidencia del Colectivo de Comerciantes y por la Cámara de Comercio como vocal, entre otros puestos representativos del sector.  

El jefe de servicio es un funcionario nombrado de manera discrecional, por decisión política. En este caso, se trata de Diego Agulló: un empleado público con más de 20 años de experiencia en el ayuntamiento que viene desempeñando responsabilidades similares al menos bajo los tres últimos mandatos del PP. Agulló se ha visto envuelto en diversas diligencias judiciales como la contrata del cementerio adjudicada a Ortiz (la causa fue sobreseida contra él), la adjudicación del servicio de montaje de infraestructuras festivas (el llamado caso Isjoma), o la adjudicación de varios servicios por separado para la celebración de una feria outlet que tuvo lugar en el año 2009. Agulló mantuvo sus funciones con el cambio de signo político registrado en el Ayuntamiento tras las municipales de 2015.

Fuentes municipales precisaron que Echávarri se comprometió este martes a tomar decisiones para depurar posibles responsabilidades en el caso de que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) certifique que se ha seguido un procedimiento incorrecto y que se han producido irregularidades administrativas.        

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