ALICANTE. No hay dos sin tres. Guanyar volvió a vivir este martes otra asamblea rocambolesca, tras los episodios registrados en las dos convocatorias de diciembre (una de Guanyar, y otra de EU, su socio mayoritario) en lo que acabó convirtiéndose en toda una prueba de que la crisis por el control político de la acción municipal continúa viva. La conclusión: la disputa sigue en pie, tras casi dos meses de desgaste interno que dejan al grupo municipal y al conjunto de la confluencia sensiblemente debilitados, sin una dirección orgánica clara o, como mínimo, discutida. Todo con el consiguiente impacto directo sobre EU, a las puertas de la renovación de su consejo político en un proceso previsto para finales de febrero.
El detonante de la controversia volvió a ser, precisamente, el acuerdo con el que se destapó la caja de Pandora: la apertura de un nuevo proceso de selección de los asesores municipales. Mejor dicho, las bases que deben regular esa especie de concursillo público ya convocado formalmente para contratar a los tres cargos de confianza que deben prestar apoyo a los concejales en esta nueva etapa en la oposición.
Como avanzó Alicante Plaza, las bases difundidas por la confluencia de izquierdas prevén un proceso de baremación que prima los criterios objetivos (experiencia laboral y formación, fundamentalmente), frente a los subjetivos (una entrevista personal con los cinco concejales del grupo municipal y con los miembros de la comisión de selección designados por la asamblea). De acuerdo con ese sistema, todos los entrevistadores debían emitir una valoración con idéntico peso para asignar hasta un máximo de 5 puntos a los aspirantes que se presentasen. En la parte objetiva, se decidían otros 20 puntos.
No obstante, el sector de Guanyar próximo a la cúpula de EU y al propio portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, defendió entonces que debía tenerse en cuenta el acuerdo que se habría alcanzado entre el grupo de concejales para zanjar las discrepancias que se habían planteado al respecto. Se trataría de una especie de acuerdo de no agresión, por el que se aceptaría ese nuevo proceso de selección con determinadas condiciones. Entre ellas, se habría convenido que existiese una plaza de asesor vinculada directamente al cargo de portavoz y que el propio Pavón dispusiese de un voto con un valor preponderante (40% frente al 60% que se distribuirían el resto de concejales). En la elección de los otros dos asesores, cada concejal seguiría teniendo un voto con un valor idéntico, del 20%. Además, se establecería una especie de código de conducta para que ningún componente del grupo municipal pudiese desacreditar la labor de otro.
El sector crítico frente a la dirección de EU, del que formaría parte el excoordinador local, José Antonio Fernández Cabello y los ediles Simón, Domínguez y Moreno, entre otros, discrepó sobre la validez de ese acuerdo interno, por lo que se planteó una votación para determinar si las bases de ese proceso debían volver a redactarse para decidirse sobre ellas en una próxima asamblea. Finalmente, la votación se saldó a favor de los partidarios de mantener el proceso en curso sin más variaciones, al parecer, con una exigua diferencia en votos. Y, además, de nuevo entre críticas sobre la validez del acuerdo porque, según la corriente oficialista, no se tuvo en cuenta el censo oficial de miembros de la confluencia ni se supervisó si había votado el 60% de los presentes en la asamblea: un requisito previsto en los estatutos de Guanyar para que las decisiones tengan validez.
Según fuentes de los dos sectores, ese fue el objeto de discusión fundamental en el transcurso de la asamblea que se había convocado a las 19:30 horas y terminado pasadas las 23:00. Sobre el resto de puntos del orden del día, Pavón informó sobre los avances en la negociación sobre los presupuestos municipales de 2018 y no llegó a producirse la renovación de los miembros de la mesa de coordinación de Guanyar. El debate sobre ese punto quedó aplazado a una próxima asamblea.