Guanyar justifica el cese de los graneles en un mandato del Consell e insta al PSOE a pararlos 

ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la controversia por la actividad de carga y descarga de graneles que añade otro episodio de tensión en la crisis política desatada en el Ayuntamiento de Alicante tras las imputaciones del alcalde, Gabriel Echávarri, y la ruptura del tripartito. El portavoz municipal de Guanyar y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, defendió este viernes, a través de un comunicado, que los decretos de suspensión de actividad que ejercen las empresas estibadoras de materiales pulverulentos en el Puerto (Alicante Port SL, Berge Maritima SL y Cesa Alicante SA) responden a las directrices marcadas por la Conselleria de Medio Ambiente. 

En concreto, según Pavón, sus resoluciones -dictadas el pasado viernes- derivan de un escrito remitido por el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, en abril de 2016 en respuesta a una consulta del departamento municipal que él dirigía. En esa contestación, como subraya Pavón, el director general comunicó que el movimiento de graneles es una actividad "sujeta al régimen de licencia ambiental". "Esa licencia ambiental es la que viene exigiéndose desde el Ayuntamiento desde noviembre de 2015, inicialmente a la Autoridad Portuaria y posteriormente -este mismo año 2017 en mayo y agosto- a las empresas que operan con graneles en el Puerto, sin que hasta el momento se haya solicitado dicha licencia, pretendiendo las empresas sustituir la figura de la licencia ambiental por la de declaración responsable", señaló. Se trata, abundó, de "una pretensión que ha sido desestimada por el Ayuntamiento de forma reiterada".

En esta línea, dijo tener constancia, tras la información facilitada por los vecinos del entorno portuario, de que "la operativa de graneles" se desarrolló durante la noche del jueves "pese a la orden municipal de cese de actividad". Por ello, señaló que "desde Guanyar exigimos a la concejala de Urbanismo, Eva Montesinos", la sucesora de Pavón en el cargo tras la ruptura del tripartito, "que adopte las medidas necesarias para hacer efectiva de forma inmediata la orden de cese, incluyendo los medios de ejecución forzosa previstos en la Ley, tal y como figura en los tres decretos municipales por los que se dejan sin efecto las declaraciones responsables presentadas por las empresas y se ordena el cese de la actividad".

Pavón alega que Medio Ambiente había dejado claro en abril de 2016 que las empresas debían solitar licencia ambiental y no lo han hecho  

La nueva responsable de Urbanismo apuntó este jueves, en declaraciones a Alicante Plaza, que todavía no conocía al detalle el contenido de esos decretos de suspensión de actividad dictados por Pavón y que su intención era poder evaluar su alcance antes de tomar cualquier decisión al respecto.

Como informó este diario, en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria celebrado este miércoles se dio cuenta de un informe de la Abogacía del Estado solicitado por la propia Presidencia del Puerto para poder dirimir entre los argumentos de los decretos de Urbanismo y los de los contenciosos presentados por las tres compañías graneleras. Según portavoces oficiales de la Autoridad Portuaria, en ese dictamen se amparaba el desarrollo de la actividad de carga y descarga de materiales mientras no existiese una resolución judicial sobre las medidas cautelares solicitadas por las tres empresas en sus recursos. 

Esas medidas cautelares consisten, precisamente, en que se deje sin efecto las órdenes de suspensión de actividad hasta que se dirima el fondo del asunto: es decir, si resulta preceptivo que soliciten la licencia ambiental que Urbanismo les ha venido reclamando, o si pueden ejercer su actividad sólo mediante una declaración responsable como la que presentaron. Hasta el momento no ha trascendido que se haya resuelto sobre esas medidas cautelares.