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mesa de negociación y reforma de los estatutos 

Guanyar ajusta el Patronato de Vivienda: quiere revisar ascensos y vigilar a su gerente 

16/03/2017 - 

ALICANTE. Guanyar abre el melón y aborda una enmienda global al funcionamiento del Patronato Municipal de Vivienda con una batería de medidas para tratar de perfeccionar su supervisión y la eficacia de su existencia. En suma, se trata de tres medidas centradas en el área de personal, en el control de las decisiones de su gerente y en las condiciones por las que se regula el acceso a una vivienda social.

Por partes. La primera de las medidas, la que afecta a la plantilla del Patronato, ya estaría en marcha. La edil de Vivienda y presidenta del Patronato, Julia Ángulo (Guanyar), presentó este lunes un escrito dirigido a la Concejalía de Recursos Humanos que dirige Carlos Giménez (PSOE) para que incorpore en el orden del día de la próxima Mesa General de Negociación la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Patronato de la Vivienda aprobada en la Junta General de este organismo autónomo el pasado 1 de marzo

Esa RPT, avalada con los informes del secretario y del interventor municipal, comprendía ascensos y mejoras retributivas para ocho trabajadores del Patronato, a propuesta de su gerente, Gaspar Mayor (el competente para hacerlo, según consta en sus estatutos). Entre esos puntos, el más controvertido era el nombramiento de su esposa (con la que Mayor contrajo matrimonio cuando ella ya trabajaba en el Patronato) como adjunta a la gerencia (la número 2 en el organigrama del Patronato, que ya venía ejerciendo de facto esas funciones por las responsabilidades que desempeña) con su consiguiente aumento salarial.

El acuerdo se aprobó entonces en la Junta General del Patronato de Vivienda junto a los presupuestos de ese organismo autónomo, con los votos favorables de los tres socios del equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís), la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Todo el expediente se ajustaba a la legalidad, como certificaron los informes del secretario y el interventor, aunque este último, no obstante, subrayó que los trabajadores del Patronato (una veintena) siguen siendo personal laboral (contratados tras un examen de ingreso) desde la creación del organismo autónomo por lo que recomendó su funcionarización. Es el proceso que, según fuentes municipales, ya se dio con los trabajadores del Patronato de Turismo y con al menos parte de la plantilla de la Agencia de Desarrollo Económico y Social (Aldes).

Fuentes del tripartito consultadas por Alicante Plaza precisaron que la RPT y el presupuesto se aprobó entonces porque todo el expediente contaba con informes favorables y porque no aprobarlo hubiese supuesto retrasar la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento, que ahora se encuentra en la fase de enmiendas antes de su debate en pleno. Ese supuesto, ya en el mes de marzo, no era una opción políticamente aconsejable puesto que se retrasaba la ejecución de la planificación económica y de las inversiones previstas por el tripartito.   

Angulo pretende que los sindicatos puedan pronunciarse sobre las mejoras propuestas por Mayor, entre ellas, para su propia esposa  

La petición de Angulo se fundamenta ahora en su intención de revisar ese acuerdo y de que pueda ser tenida en cuenta la opinión de los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento, a los que no se había dado la oportunidad de pronunciarse. Es más, en el Patronato no existían delegados sindicales hasta el pasado 3 de marzo, cuando se celebraron las primeras elecciones convocadas en los últimos 18 años (el representante elegido fue el candidato de CCOO). Por si fuera poco, los delegados de todos los sindicatos con representación municipal expresaron su malestar por el procedimiento en el que se había acordado esos ascensos y mejoras retributivas en el organismo autónomo cuando no se dan las mismas oportunidades de promoción para los funcionarios en plantilla.

La propia Angulo precisó este miércoles en declaraciones a este diario que ella se había comprometido personalmente a que los sindicatos pudiesen pronunciarse sobre el asunto y que así lo había anticipado en una de las últimas reuniones de la Junta de Gobierno. La respuesta de los representantes de PSOE y Compromís fue, entonces, que ella era la edil que asumía las competencias sobre Vivienda y que le correspondía tomar la decisión que le pareciese

Angulo añadió que, desde entonces, había elevado una consulta al vicesecretario general y que éste le había precisado que ella no era competente para convocar esa mesa de negociación, sino el área de Recursos Humanos. De ahí su escrito dirigido a ese departamento el día 13. Según precisó, hasta la fecha no había tenido respuesta. Lo que no pudo concretar es si existe la posibilidad real de que los ascensos del Patronato se suspendan, se reviertan o se anulen.

Comité ejecutivo previo a la Junta General   

La segunda de las medidas no es de menor calado. Se trata de la convocatoria de una próxima Junta General del Patronato en la que elevará una propuesta de revisión de sus estatutos con el propósito fundamental, entre otros puntos, de "reactivar el comité ejecutivo como elemento de control previo a la Junta General" sobre las propuestas que se elevan a debate. Angulo insistió en que es un instrumento que se dejó de lado hace años y que "se considera que resulta necesario para supervisar el funcionamiento del Patronato". Ese comité estará formado por 12 miembros: 8 de ellos, por designación política (siguiendo un criterio de proporcionalidad entre los grupos con representación municipal); otro que debe surgir de Diputación o de Conselleria de Vivienda; y otros tres representantes de lo que se considera la parte social (vecinos, colegios profesionales, etc.). 

La tercer medida, también trascendente por lo que respecta al cambio en el funcionamiento del Patronato, consiste en la creación de una especie de ventanilla permanente para que puedan presentarse solicitudes de vivienda social. La edil de Vivienda explicó que hasta ahora las peticiones se han cursado a través de la apertura de convocatorias cada cuatro o cada dos años, lo que impide que alguien pueda optar a una vivienda cuando se encuentre en una situación de emergencia. "Lo que pretendemos es crear una especie de bolsa de peticiones para que cualquiera que lo necesite se pueda inscribir en el momento en el que surja esa necesidad, sin esperar a esas convocatorias", explicó.

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