Fiscalía deriva al juzgado la investigación contra Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala

ALICANTE. La situación política del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se complica. La Fiscalía ha dado traslado al juzgado de las diligencias seguidas contra el primer edil por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala: una trabajadora interina que venía desempeñando sus funciones en la Concejalía de Cultura desde el año 2010.  

Así lo ha confirmado este jueves el gabinete de Alcaldía a través de un comunicado, en el que se insiste en que "la situación jurídico-procesal del alcalde de Alicante no varía por la remisión de esta denuncia al juzgado. El juzgado que por turno de reparto corresponda deberá proceder a admitir, en su caso, la denuncia trasladada por el ministerio público".

En esta línea, el comunicado incide en que "el alcalde de Alicante, quiere agradecer al ministerio fiscal el exhaustivo y detallado estudio que del asunto ha realizado que sin duda favorecerá la decisión que en su momento deba de tomarse en el juzgado". En ese estudio ha figurado la declaración del propio Echávarri, en la que justificó el despido de la trabajadora en su compromiso político de regular la situación de todo el personal del Ayuntamiento.  

En principio, todo parece indicar que el juzgado al que por turno de reparto le corresponda asumir la denuncia de Fiscalía abrirá las preceptivas diligencias y, muy probablemente, llamará a declarar al primer edil en calidad de investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para que pueda prestar testimonio asistido por su abogado. Se trata de un trámite lógico para dilucidar los hechos denunciados y que, además, resulta preceptivo para preservar los derechos del investigado.

Sea como fuere, la decisión de la Fiscalía sí confirma que, a partir de las actuaciones practicadas desde que se presentó la denuncia, se han encontrado indicios delictivos suficientes como para derivar el expediente a un juzgado. En caso contrario se habría acordado su archivo. De hecho, según han confirmado fuentes de Fiscalía, en la denuncia remitida a los juzgados se pide que tanto Echávarri como el concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, sean llamados a declarar como investigados por un delito de prevaricación administrativa.

Giménez ya compareció ante la Fiscalía en esa misma condición de investigado (y no como testigo, como trascendió entonces) para explicar su participación en el acuerdo de despido. En ese momento, señaló que él había firmado el decreto correspondiente a la vista de que el acuerdo estaba avalado por un informe técnico de su concejalía, en el que se detallaba que el objeto del contrato por el que la funcionaria accedió al Ayuntamiento había quedado extinguido.

El pacto de refundación       

El futuro de la denuncia presentada inicialmente por dos activistas vecinales queda, así, en manos de un juez. Con todo, el paso dado por Fiscalía tras instruir las primeras diligencias puede tener ya repercusiones en el plano político, tras la firma, la semana pasada, del pacto de refundación del tripartito de Alicante entre PSOE y Compromís. 

Por lo pronto, en la misma nota informativa remitida desde Alcaldía, se señala que "la situación con la refundación del pacto de gobierno no varía, dado que a la firma del mismo, ya era previsible el envío de esta denuncia al juzgado, al estar el ministerio fiscal fundamentado por el principio acusatorio". 

Alcaldía recuerda, además, "que todos los técnicos de Recursos Humanos que intervinieron en el expediente reconocieron ante el fiscal la legalidad de la decisión tomada, así como la situación en claro fraude de ley de la trabajadora interina". Y se añade que esa "legalidad y procedencia" fue ratificada "por una letrada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".