Fiscalía decidirá si interroga a Echávarri por la cuñada de Barcala tras recibir informes

ALICANTE (EFE/AP).- La junta de coordinadores y jefes de área de la Fiscalía de Alicante ha aparcado la decisión sobre el posible interrogatorio al alcalde de la capital, el socialista Gabriel Echávarri, en calidad de investigado (la antigua figura de la imputación) por el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala, hasta que reciba un informe municipal.

Así lo ha comunicado este jueves, al término de esa reunión, el fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa, quien ha calificado de "prematuro" en estos momentos aventurar la posición que adoptará el ministerio público en este caso. La denuncia por dicho despido fue presentada por dos dirigentes vecinales y desembocó en la apertura de unas diligencias de investigación en Fiscalía por un presunto delito de prevaricación.

Estas pesquisas se suman a otras abiertas por el juzgado de Instrucción 9 de Alicante por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio, hechos por los que Echávarri y dos asesores suyos declararán este viernes como investigados.

La funcionaria, una técnica interina adscrita a la Concejalía de Cultura, fue despedida a finales del pasado mes de abril, días después de que su cuñado y portavoz del PP en la corporación local, Luis Barcala, denunciase al alcalde por prevaricación por la presunta fragmentación de los contratos de Comercio, por un importe global de 190.000.

Con posterioridad, el consistorio readmitió a la trabajadora forzado por el pleno del ayuntamiento con las abstenciones de los socios del PSPV en el tripartito que gobierna la ciudad, Compromís y Guanyar Alacant.

El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, ha asumido la investigación por el cese de la interina y en las últimas semanas ha interrogado al concejal de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez, y a varios técnicos municipales, en calidad de testigos.

Llor ha dado cuenta en la junta de coordinadores de la Fiscalía celebrada este jueves del estado de las pesquisas, como prevé el estatuto de la institución para casos que revistan una especial relevancia pública.

El fiscal jefe de Alicante, Jorge Rabasa, ha explicado que no se ha tomado aún una decisión sobre el destino final de la denuncia porque el teniente fiscal está a la espera de un informe de la Concejalía de Cultura sobre la situación laboral que tenía la trabajadora cuando fue despedida.

"En función del resultado de ese informe, se podría pedir otro ampliatorio. Hay que valorar si la medida tiene algún tipo de justificación", según Rabasa, antes de plantear la citación del denunciado en Fiscalía, el archivo de las diligencias o, en su caso, su remisión a los juzgados para que sea un juez quien continúe con la instrucción.

En esta línea, ha insistido en que el hecho de que se acabe solicitado la comparecencia del primer edil para que declare como investigado -bien en Fiscalía o bien en el juzgado- no implica nada más que garantizar su derecho a prestar testimonio con asistencia letrada, ya que las citaciones son un trámite automático que se registra cada vez que se presenta una denuncia de cualquier tipo en la que se observan indicios de algún comportamiento delictivo, lo que no implica que el delito exista.   

Asimismo, ha señalado que la junta ha tratado otros temas de carácter técnico, como las penas que han de pedirse para los acusados de delitos de alcoholemia al volante, en función de las circunstancias que concurran en el delito, o la necesidad de incorporar un acuerdo del pleno del Tribunal Supremo sobre las competencias del jurado popular.