Los portavoces de Guanyar y PP, Pavón y Barcala, se estrechan la mano en una de las reuniones de la comisión. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. No sólo con la oposición enfrente. Salvo pacto incierto, los tres partidos que componen el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante reproducirán su disputa durante el desarrollo de la comisión de investigación del caso Comercio convocada para este viernes. En plena crisis de gobernabilidad -después de que Guanyar y Compromís hayan exigido la dimisión del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), tras su imputación en relación a los contratos de esa concejalía- los tres partidos disentirán de nuevo en el desarrollo de esa cita, en la que se espera que se aborde un dictamen de conclusiones prácticamente imposible.
Por partes. En primer lugar, Guanyar tratará de enmendar la mayor y solicitará el aplazamiento de la sesión antes de que se comience a tratar los asuntos del orden del día. Su portavoz municipal, Miguel Ángel Guanyar, consideró este jueves -después de que el presidente de la comisión, Carlos Giménez, rechazase la suspensión propuesta por PP y Ciudadanos- que no resultaba apropiada la convocatoria "a la vez que declaran el alcalde, asesores del grupo socialista y en calidad de testigo el portavoz del equipo de gobierno, además de algún técnico municipal" en el Juzgado de Instrucción número 9 precisamente en relación a los mismos hechos. "Entendemos que cada cosa tiene su momento, no creemos que sea bueno que coincidan; planteamos que se posponga, una cosa es el procedimiento judicial y otra es la comisión de investigación", concluyó.
El planteamiento puede resultar relevante en el caso de que PP y Cs se mantengan firmes en su petición del miércoles y secunden la propuesta de Guanyar. En ese supuesto, todas las opciones están abiertas: en principio, nada parece indicar que el PSOE esté dispuesto a suspender la sesión, a menos que llegue a plantear una votación y que decida aceptar su resultado. De no ser así, incluso podría precipitarse el abandono de PP, Cs y Guanyar, de modo que la comisión no llegaría a acordar un dictamen común: el mandato con el que se constituyó la comisión para trasladarlo después al pleno.
En realidad, la del dictamen conjunto es una opción que prácticamente ya nadie contempla. Los cinco grupos políticos con representación municipal formularon sus propios escritos de conclusiones particulares en sentidos opuestos -o como mínimo, con múltiples discrepancias-, por lo que el consenso se da por descartado. PP y Cs sí coinciden en que en la concesión de los 25 contratos menores pudo existir fraccionamiento y Guanyar aprecia al menos indicios en esa dirección. Compromís, por su parte, señala irregularidades en el procedimiento administrativo, al tiempo que plantea cambios en la tramitación de los contratos menores. Y el PSOE defiende la corrección de todo el proceso.
Según las fuentes consultadas, podría barajarse la hipótesis de votar todas las propuestas de conclusiones para llevar a pleno la que recabe mayor respaldo, dejando constancia de los votos particulares discrepantes. También se contempla la posibilidad de que se trasladen los cinco escritos de conclusiones al pleno para que el debate se traslade al conjunto de la corporación.
Sea como fuere, al menos PSOE y Compromís sí coinciden en una apreciación de partida: los trabajos de la comisión ya no tienen sentido desde el momento en el que la tramitación de los 25 contratos menores está siendo revisada por un juzgado.
Mientras, el dictamen solicitado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la corrección del procedimiento sigue haciéndose esperar. Es más, según las fuentes consultadas, el órgano consultivo de la Generalitat ha solicitado más documentación al Ayuntamiento para tratar de dilucidar si alguna de las empresas proveedoras de los servicios contratados (medios de comunicación, organizadoras de eventos o dedicadas a la impresión, entre otras) habrían expresado su disconformidad por el modo en el que se había producido la contratación y el pago. Según las mismas fuentes, esa información ya se habría remitido o estaría en trámite con una respuesta negativa: nadie ha expresado queja alguna.
Por lo demás, no se habría registrado ningún avance que pueda despejar la incertidumbre sobre la continuidad del equipo de Gobierno, al margen de las declaraciones del secretario general del PSPV, Ximo Puig, en las que coincidió con su segunda en el Consell, Mónica Oltra (Compromís), en la necesidad de refundar el pacto y en las que volvió a negar que la imputación de Echávarri estuviese motivada por un asunto asociado a la corrupción, aunque sí dejó abierta la posibilidad de que se tomasen decisiones.
Por lo pronto, hasta este jueves, no se tenía constancia de que se hubiese producido ningún acercamiento entre las direcciones locales o autonómicas de PSPV y Compromís. Tampoco trascendió que se hubiese convocado comisión de seguimiento del pacto para abordar la crisis. Guanyar, por su parte, celebró una asamblea informativa a puerta cerrada en la que se dio cuenta de la propuesta del grupo municipal: exigencia de dimisión del alcalde y ruptura del pacto y abandono de las competencias en el caso de que no se llegue a producir.
