El acceso al centro comercial Gran Vía. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El nuevo régimen de libertad de horarios comerciales para la ciudad de Alicante sigue pendiente de aclaraciones. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento ha presentado un escrito en el juzgado de lo Contencioso número 4 para que su titular aclare cómo se debe dar cumplimiento a la sentencia de noviembre de 2016 que reconoce el derecho a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante a poder abrir los 365 días del año, tras el auto conocido el lunes en el que se acordaba la ejecución provisional de esa sentencia.
El primer edil ha incidido en que los servicios jurídicos municipales tienen dudas sobre cómo deben interpretar las aparentes contradicciones que existen entre el fallo y el auto por el que se acuerda su ejecución provisional, ya que en el primero se habla de que el Ayuntamiento debe reconocer el derecho de los tres centros comerciales a ser incluidos en una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) como la que ya está en vigor para el Centro Tradicional y Maisonnave desde el año 2013, mientras que del segundo, se desprende que ya se dan por incluidos en una zona ZGAT sin tener que iniciar ningún procedimiento administrativo para incorporarlos. "Este último supuesto", según ha explicado Echávarri, "escapa a nuestras competencias, ya que, en ese caso, el auto y la sentencia deben ser trasladadas a la Generalitat, que es quien reconoce y aprueba finalmente esas ZGAT". "El Ayuntamiento sólo propone una delimitación y eso es lo único que podríamos hacer", ha dicho, en el caso de que la jueza confirme que ese debe ser el camino correcto para cumplir la sentencia. Para ello, sería necesario completar un proceso administrativo que debería arrancar con la recopilación de nuevos informes, la convocatoria de un nuevo Consejo Local de Comercio para poder elevar la nueva propuesta a la Junta de Gobierno y, después, a la Generalitat. Ese trámite podría requerir un plazo de varios meses.
En esta línea, ha confiado en que el juzgado resuelva la petición de aclaración antes del viernes "para evitar cualquier tipo de problema este fin de semana". En cualquier caso, ha apuntado que acoge la última resolución judicial -que todavía no es firme, puesto que está pendiente del recurso del Ayuntamiento presentado ante el Tribunal Superior de Justicia- con un sabor agridulce, ya que "hacía más de un año que sabíamos que iba a pasar, por lo que pensamos entonces que era una buena oportunidad para negociar condiciones laborales favorables para los trabajadores del sector, en las que se procurase la conciliación de la vida laboral y familiar".
"En ese momento no conseguí el apoyo político necesario" para plantear la liberalización total supeditada a esas condiciones, ha dicho. "Ahora tendremos unos trabajadores a los que se les niega el derecho a pasar tiempo con sus hijos durante los fines de semana, pero espero que los alicantinos sepan dónde deben de comprar y dónde se concilia y dónde no", ha remarcado. "Siento que [los operadores comerciales recurrentes] se haya preferido sentar a este ayuntamiento y a esta ciudad en un juzgado en lugar de sentarse a negociar, por el interés, por otra parte legítimo, que guía a determinadas empresas a defender y anteponer sus cuentas de resultados", ha apostillado.
Por último, ha insistido en que todo el problema deriva de una imposición perversa que es el cambio legislativo introducido por el Gobierno Central en 2014 por la que se regula que Alicante y otras grandes capitales con más de 200.000 habitantes dispongan de al menos una Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).
