El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, en la última reunión de la comisión de investigación. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado este viernes sus conclusiones sobre la comisión de investigación del llamado caso Comercio, constituida a instancias de Ciudadanos para esclarecer si pudo existir un supuesto fraccionamiento en los 25 contratos directos concertados por la concejalía del área por un importe global de 189.000 euros. Y en esas conclusiones -entregadas en el plazo previsto durante la última reunión de la comisión-, el PP vuelve a ratificarse en sus apreciaciones iniciales. El portavoz del PP, Luis Barcala, ha explicado -a través de un comunicado- que en el escrito de conclusiones se constata que "ha sido acertada nuestra decisión de denunciar ante el juzgado estos hechos y al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en concepto de autor material, toda vez que es la persona que procede a la firma y autorización de las facturas consumando el presunto fraccionamiento de los contratos, tal como él mismo reconoció durante el transcurso de las sesiones de la comisión".
Además, prosigue el comunicado, "se ha hecho evidente la intervención del jefe de gabinete de Alcaldía y del asesor de Comercio en calidad de cooperador necesario, en tanto el presunto fraccionamiento de contratos no hubiese sido posible sin la participación de ambos". "Esta participación ha sido reconocida por los dos en la comisión, excediéndose en mucho de sus funciones previstas en el ROP y, por este motivo, solicitamos el cese inmediato de ambos asesores", señala Barcala.
El líder municipal del PP subraya "el hecho de que sabían los límites de 18.000 euros para poder contratar directamente, y reconocer que se había negociado imponiendo esa limitación, demuestra la existencia de dolo, es decir, saber que es irregular lo que se hace, y aún así hacerlo para conseguir el efecto pretendido" que, en su opinión, era "gastar los cerca de 200.000 euros antes del 31 de diciembre".
El PP recuerda que "se han celebrado dos sesiones de esta comisión, el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2017 y, después de ser oídos todos los implicados, nos reafirmamos en nuestra decisión de denunciar a Fiscalía, primero, y al Juzgado, en un segundo momento, por apreciar la existencia de un presunto delito de prevaricación, en tanto concurren todos los elementos que exige este tipo penal". En las sesiones de la comisión de investigación se ha podido comprobar que "la aprobación de las facturas, casi en exclusiva (18 de las 25 facturas), fue realizada por el alcalde quien, a estos efectos y en defecto de expediente alguno de contratación, es quien realiza directa y personalmente o a través de personal de su confianza, los contratos. Y así lo reconoció el propio señor Echávarri", concreta el comunicado.
Además, insiste el PP en sus conclusiones, "se conculca la prohibición del vigente art. 86.2 T.R.L.C.S.P. de fraccionamiento de contratos, al menos en 13 de las 25 facturas afectadas, entre las que se aprecia una misma unidad funcional que obligaba a formalizar un solo contrato, más aún cuando se contrata con la misma empresa y en fechas muy próximas".
Por otra parte, los populares advierten de que "hay una ausencia de competencia en la tramitación de la contratación desde el momento en el que dicha contratación la realiza el personal eventual de confianza que carecen de competencia y capacidad para contratar". "Así lo reconoció el propio asesor de Comercio que era él quien se ocupaba, entre otras tareas, de encargar (contratar verbalmente) los trabajos que resultasen necesarios previo visto bueno del concejal del área (entonces el alcalde Echávarri)". Según el PP, incluso el ya exjefe de servicio de la Concejalía de Comercio "confirmó este extremo al admitir que todas las contrataciones le llegaban por este asesor, prescindiendo de los técnicos en la mayoría de facturas".
El grupo popular advierte en su escrito de conclusiones de la comisión de investigación del presunto fraccionamiento de contratos de Comercio que "se produce una absoluta ausencia de trámites esenciales del procedimiento ante la inexistencia de expedientes tramitados para cada uno de los 25 contratos menores suscritos". A juicio del PP, también se ha constatado que "no existe abierto ni un solo expediente en el área de Comercio en el que constara la necesaria documentación previa para poder proceder a la contratación". Y añade que el jefe de servicio explicó que los técnicos "no habían participado en 22 de los 25 contratos emitidos, y solo tuvieron conocimiento de éstos cuando entraron las facturas correspondientes en el registro de facturas". Según las mismas fuentes, fue el propio asesor de Comercio "quien negoció incluso algunos delos precios para conseguir rebajas en el precio de los servicios que se contrataron, nunca por escrito sino verbalmente".
El PP apunta que "sólo el hecho de evitar su tramitación ordinaria justifica el fraccionamiento, algo que se deduce de las declaraciones del jefe de gabinete de Alcaldía y del asesor de Comercio que sabían que los contratos que realizaron no podían superar los 18.000 euros (límite para eludirla convocatoria de un concurso público)". Los populares aluden al hecho de que "se ha vulnerado el principio libre competencia impidiendo de esta forma que otras empresas pudieran haber concurrido y licitado a los servicios". "Ello redunda, finalmente, en un perjuicio para las arcas públicas ya que, aunque sea firme que los precios de contratación son precios de mercado o que eran precios rebajados gracias a la negociación del asesor de Comercio, resulta obvio que, en un marco de libre competencia, los mismos podrían haber sido mejorados suponiendo un ahorro para las arcas municipales", concluye el comunicado del PP.
