El PP 'se pasa' a la oposición y hurga en la 'inacción' de la izquierda

ALICANTE. Segundo pleno ordinario para el Gobierno del PP marcado por la acción de la oposición. La ejercida por los cuatro grupos que efectivamente desempeñan ese papel -PSOE, Ciudadanos (Cs), Guanyar y Compromís-, pero también (o más bien, sobre todo) la desplegada por el propio PP. El gabinete coordinado por Luis Barcala echó mano de la estrategia del reproche para recriminar al bloque progresista su supuesta inacción en el poder desde las municipales de 2015. Primero fue la anécdota del reconocimiento de crédito relacionado con las facturas sobre los gastos de Alcaldía y protocolo (la publicidad, los saladitos y las flores): una réplica en toda regla a las críticas sobre la modificación presupuestaria que el PP se vio obligado a retirar el pasado lunes (tras reconocer que no las había negociado) después de que le lloviesen las críticas por la inclusión de un aumento en esa misma partida. Después, el repaso a lo que Barcala calificó como falta de control sobre la contrata de limpieza. Ese mismo mensaje de la inacción se repitió por lo que respecta al urbanismo, en relación a la falta de licencia para las obras del vial de conexión entre el campus de la Universidad de Alicante (UA) y el parque científico, que el PP ha suspendido hasta que se tramite de manera correcta.

E, igualmente, el reproche se hizo extensivo por lo que concierne a las gestiones realizadas para que el Ayuntamiento lograse la cesión de la antigua refinería de La Británica, en las faldas de la Serra Grossa. Fue el edil de Hacienda, Carlos Castillo, quien señaló que el ya extinto tripartito no había completado el expediente de solicitud con tres requisitos requeridos por Patrimonio del Estado. Se trata de la presentación de un informe sobre el uso que se pretende dar a ese espacio; otro sobre el detalle del presupuesto que se pretende reservar a ese fin y, por último, la expedición de un certificado sobre la calificación urbanística del suelo de ese espacio.

Este último requisito no es precisamente menor. Castillo detalló que la parcela en la que se encuadra la antigua refinería está calificada como suelo no urbanizable protegido, lo que no admite la construcción de edificaciones "suponemos que tampoco en el subsuelo". Por ello, dijo que, muy probablemente, para planificar un futuro uso en ese espacio, habría que promover un cambio en esa calificación. Según Castillo, el PP se iba a dedicar ahora a cumplimentar esos trámites. Eso sí, fue prudente y no dio plazos concretos. Sólo dijo que la intención es que al menos el expediente de petición esté encarrilado al final del mandato (2019).

La misma estrategia se utilizó, en parte, para responder a una pregunta de Cs sobre el fin de la concesión del transporte público, en manos de Masatusa (Vectalia) hasta 2019. Castillo detalló que existe una comisión técnica encargada de supervisar el proceso de liquidación del contrato y que ahora se va a proceder a valorar el estado de la flota de autobuses y de los bienes inmuebles afectos a la contrata que deben revertir al Ayuntamiento para establecer si se deben acometer reformas. Además, apuntó que precisamente ahora se estaba ultimando el pliego para contratar el trabajo de redacción del nuevo concurso. Por último, añadió que había podido conocer ahora que, en el contrato actual, se establecía que el consejo de administración de Masatusa debía contar con la presencia de técnicos del Ayuntamiento, "una situación que no se ha dado nunca".

Guanyar y Compromís no se ahorraron el recordatorio sobre el paralelismo entre Barcala y Zaplana por su llegada a la Alcaldía gracias a una tránsfuga 

¿Por qué se recurrió a esa retórica? Básicamente para repeler las críticas de PSOE, Guanyar y Compromís -que también llegaron desde Cs- sobre el bloqueo en la convocatoria de las comisiones municipales que existe desde la llegada de Barcala a la Alcaldía, hace un mes. Así, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, preguntó una y otra vez si el PP iba a dejar a un lado la "política de escaparate" para fijar las fechas de convocatoria de las comisiones de Memoria Histórica y de Limpieza. Y Barcala sólo respondió que la primera se convocaría cuando volviese a reunir a las Juntas de Distrito para conocer sus propuestas para actualizar el callejero a la Ley de Memoria.

El PP también tenía que protegerse frente a las declaraciones institucionales presentadas por PSOE, Compromís (aprobada en tres de sus cuatro puntos) y Guanyar (rechazada por PP y Cs) sobre la petición de dimisión de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez, por las palabras que dedicó a los pensionistas ("Dan ganas de hacerles un corte de manga y decirles: pues os jodéis") concentrados en la Plaza del Ayuntamiento durante la visita institucional de Mariano Rajoy, menos de dos semanas después de la toma de posesión de Barcala. E igualmente, también tenía que defenderse frente a las propuestas en las que se pedía más financiación estatal para la Ley de Dependencia (Guanyar); un sistema de reparto igualitario de fondos para el transporte público (PSOE); o la petición de gratuidad de la AP-7 tras el fin de su concesión (PSOE). 

Barcala incluso tuvo que zafarse frente a la pregunta in voce de Compromís sobre el rechazo a que la Volvo Ocean Race no haya sido considerado evento de especial interés público en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, lo que impide las exenciones fiscales para las empresas patrocinadoras. Eso sí, el alcalde demostró cintura política al responder que ya había dirigido una carta al Ministerio de Hacienda para que se corrigiese esa decisión durante la tramitación de los presupuestos en el Senado. 

Y, por último, los populares también tenían que parapetarse frente a los ataques por la forma en la que se produjo su acceso a la Alcaldía, el pasado 19 de abril, gracias al voto en blanco de la edil no adscrita (expulsada de Guanyar y de Podemos), Nerea Belmonte. Ni Compromís ni Guanyar se ahorraron la comparación de Barcala con la llegada de Eduardo Zaplana a la Alcaldía de Benidorm, gracias al apoyo de otra tránsfuga, pese a que Belmonte no había acudido a la sesión. Y la portavoz socialista, Eva Montesinos, se refirió a la propia Belmonte como la concejal número 9 del equipo de Gobierno. Por su parte, la edil no adscrita justificó su ausencia por motivos personales, pero -en declaraciones a Alicante Plaza- descartó que baraje dimitir y garantizó que acudirá al resto de plenos siempre que le sea posible.