María Jesús Pinto, durante un pleno del Ayuntamiento. Foto: PEPE OLIVARES BENIDORM. El gobierno del PP de Benidorm defiende a su edil María Jesús Pinto, que ha sido citada a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa. El portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate, aseguró a este diario que no se tomará ninguna decisión con respecto a la concejal, en la que dijo confiar y aseguró que no tenía nada que ver con lo que se le investiga.
Hay que recordar que el juzgado de instrucción número 4 de Benidorm investiga un posible caso de prevaricación administrativa que fue puesto en conocimiento de la fiscalía por parte del Observatorio Contra la Corrupción tras tener conocimiento de que el ayuntamiento había realizado unas compras en el supermercado que es propiedad de la concejal. El hecho fue denunciado en rueda de prensa por el grupo municipal socialista el pasado mes de enero.
El gasto ascendía a 9.980 euros y se efectuó en diciembre de 2016 para adquirir alimentos destinados a una campaña de Navidad para familias desfavorecidas.
Al respecto, De Zárate dijo que la posición del ayuntamiento es "colaborar con la justicia" y aseguró que se le había entregado toda la información reclamada.
"Que se haga política con un tema como la ayuda de alimentos" para personas sin recursos es "muy fuerte", dijo el portavoz del PP. Asimismo, indicó que la empresa de la edil hizo un precio especial para la adquisición de estos productos por el que afirma que terminó perdiendo dinero.
"Pinto está investigada, no significa nada. Esto acaba de empezar, ella ni ha hablado", dijo el concejal, mientras que se dirigió a los regidores de la oposición "con delitos mucho más graves como malversación de fondos".
De Zárate lo atribuye a la posibilidad de que haya sido un error por parte de los funcionarios del área, que no habrían tenido conocimiento de que era la empresa de la edil.
Por último, aseguró que para este año han tenido problemas para encontrar una oferta sobre esta campaña de Navidad por el problema que hubo el año pasado y que se está investigando. Asimismo, el portavoz consideró que es una "rabieta política porque no pueden hacer nada contra ellos". "Aquí nadie ha metido la mano en ningún sitio, es una vergüenza", concluyó.
