Panorámica del cajón ferroviario, tras el soterramiento de las vías. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE. El Ministerio de Fomento confirmó este martes el preacuerdo a tres bandas alcanzado con la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante para cubrir la deuda por las obras del nuevo acceso ferroviario a Alicante construido con motivo de la llegada del AVE a través de la sociedad Avant (50% Fomento, 25% Generalitat y 25% Ayuntamiento).
El pacto es una variación planteada por el propio ministerio a la propuesta defendida por los socios minoritarios de Avant: Fomento, por medio de su brazo ejecutor (Adif), cubrirá el pago de los 60 millones de euros pendientes del préstamo solicitado para financiar los trabajos (que vence este miércoles), pero no cederá la propiedad del suelo liberado de las vías. Es decir, pondrá dinero en metálico para cancelar ese préstamo y comprar la infraestructura que viene explotando desde su puesta en servicio. Eso sí, sin llegar a entregar los terrenos como forma de pago en especie, de acuerdo con el planteamiento que defendían Consell y Ayuntamiento, en una propuesta elaborada a partir de las cifras de deuda auditadas anualmente por la consultora Grant Thornton (en torno a 101 millones en total).
Pero, además, el acuerdo final incluye una segunda parte que hasta ahora nadie había desvelado: Fomento acepta la propuesta de Consell y Ayuntamiento para dividir en dos fases la reurbanización de esos terrenos, ya desprovistos del paso del ferrocarril. Una aceptación que tendrá una consecuencia directa: acelerar la construcción del nuevo barrio que conectará San Blas, Ciudad de Asís y Benalúa, además del gran parque central reivindicado y comprometido desde antes de que comenzasen las obras de soterramiento. Todo, además, con la vista puesta en la futura construcción de la estación intermodal.
Fomento cubrirá el pago del crédito de 60 millones que vence hoy y adelantará otros 30 millones para financiar la urbanización de los terrenos liberados de las vías; Consell y Ayuntamiento anticiparán otros 15 cada uno
Ese triple objetivo obligará a las tres administraciones a rascarse el bolsillo y pagar con fondos propios o suscribir nuevos préstamos para adelantar los costes que conlleve esa reurbanización. El comunicado difundido este martes por Adif no llega a detallar el reparto de esas cifras, pero sí permite calcularlas. Adif explica que todos los socios de Avant "financiarían, en función de su participación accionarial, la urbanización, costes operativos y liquidación de todas las deudas con el resto de acreedores". Apunta que, de acuerdo con las cifras de Avant, "los costes de urbanización y operativos se cifran en un total de 60 millones para el periodo 2017-2031". Es decir, Fomento aportará 30 millones por su 50% de participación en Avant; el Consell, otros 15 por su 25%; y el Ayuntamiento de Alicante otros tantos por el 25% restante.
El desembolso por anticipado que tenga que asumir cada administración se recuperará, después, con la venta de ese suelo urbanizado. La Concejalía de Urbanismo, en coordinación con la Conselleria de Obras Públicas, trabaja ahora en la redacción de los proyectos para dividir el diseño urbanístico de la conocida como Operación Integrada número 2 en esas dos fases o sectores de actuación. Como ha venido publicando Alicante Plaza, el primero abarcará desde la entrada al término de Alicante hasta el puente rojo. En él se concentraría la mayor parte de la edificabilidad: la construcción de viviendas. Su cifra total no varía respecto a las previsiones iniciales, en torno a 1.400.
El segundo sector será el comprendido entre el puente rojo y la avenida de Salamanca, en el que se incluirá la obra de la intermodal. Su construcción queda aplazada sine die y, en principio, supeditada a la obtención de réditos sobrantes o plusvalías (los cálculos que se manejan es que sí los habrá) obtenidos de la primera fase.
Hasta ahora, en función del convenio suscrito en 2003, se supeditaba la ejecución de las obras de urbanización a la obtención de plusvalías generadas por la venta de ese suelo. Es decir, primero se vendía el suelo y -con el rédito obtenido- se financiaban los trabajos. Con la nueva propuesta se alteran los términos, de modo que se eliminan las demoras: la obra se hace y se paga, y después, se recupera la inversión.
Tanto el alcalde, Gabriel Echávarri, como el portavoz del PP, Luis Barcala, coincidieron en señalar este martes que se trataba de un buen acuerdo para Alicante.
