El juez ultima el auto de procesamiento contra Alperi y Castedo por el 'Caso Brugal'

ALICANTE (EFE). El juez que investiga las supuestas irregularidades detectadas en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ultima el auto de procesamiento contra los exalcaldes de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y el constructor Enrique Ortiz, entre otros. Según fuentes jurídicas consultadas hoy por Efe, esa resolución, que debe establecer los indicios de delito contra los implicados reunidos durante la tramitación del proceso, podría estar lista en las próximas semanas.

La del PGOU es la única pieza derivada del 'Caso Brugal' en la que se halla investigada (figura que sustituye tras una reforma legal a la de imputado) la exalcaldesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la causa referida al Plan Rabasa. El titular del juzgado de Instrucción 5 de Alicante, Manrique Tejada, considera cerrada la investigación y dictará un auto de procedimiento abreviado, equivalente al de procesamiento en los sumarios, contra una decena de implicados.

La Fiscalía Anticorrupción implicó inicialmente a 21 personas al abrirse esta pieza separada de Brugal, pero el juez ha exculpado a muchos de ellos al no haberse acreditado indicios de criminalidad. Actualmente, figuran como investigados en estas diligencias, además de Castedo, Díaz Alperi y Ortiz, la esposa de éste último, Manuela Carratalá, y el arquitecto que diseñó el PGOU bajo sospecha, Jesús Quesada. La misma condición mantienen en la causa los dos socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la exalcaldesa), así como tres empresarios o directivos de empresas vinculadas a Ortiz.

La investigación persigue esclarecer la posible comisión de delitos de revelación o aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, asesoramiento ilegal y tráfico de influencias. En líneas generales, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que tanto Díaz Alperi como su sucesora en la Alcaldía, Sonia Castedo, favorecieron a Enrique Ortiz en el diseño del PGOU, que fue finalmente retirado por el siguiente alcalde, Miguel Valor, del PP, cuando Castedo dimitió por sus problemas judiciales.

A cambio de este supuesto trato de favor a Ortiz, los dos políticos populares habrían recibido presuntamente regalos y dádivas, según la investigación, que apunta a la entrega de sobornos en efectivo y un viaje a Creta en 'jet' privado para Díaz Alperi y un coche y vacaciones para Sonia Castedo.