El club presenta en el registro del Instituto Valenciano de Finanzas el plan de viabilidad que acompaña el reconvenio, a modo de propuesta de pago aplazado de los siete millones que le reclama la Comisión Europea. El mismo ya está en poder de Bruselas.
ALICANTE. El Hércules no pierde la esperanza. A horas de que finalice el plazo de pago voluntario de los siete millones de euros que le reclama la Comisión Europea, en el club blanquiazul creen que puede llegar la cautelarísima que paralizaría el proceso de cobro.
Desde la entidad se ha contactado esta misma mañana en varias ocasiones con Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que ha de dictar la anterior resolución en virtud del recurso de casación interpuesto por el Hércules hace ya tres meses, y el despacho de abogados contratado por el club también ha hecho lo propio. Se cree que el que el plazo de pago voluntario expire en breve puede haber llevado al citado órgano jurisdiccional a fallar ya, si bien todavía no hay notificación oficial al respecto. No obstante, la razón por la que el Hércules, a diferencia del Valencia, no tiene todavía la ansiada cautelarísima se debe a que optó por agotar el plazo para recurrir, haciéndolo el último día que contaba para ello. Tanto de lo mismo ha ocurrido con la cacareada propuesta de pago aplazado que se quiere que Bruselas acepte y es que, aprovechando la visita a València para reunirse con la Agencia Tributaria, Quique Hernández y Carlos Parodi han presentado en el registro del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) lo anterior, concretamente han trasladado la propuesta que acompañaba el reconvenio aprobado por los acreedores ordinarios hace seis meses, en la que se contempla el pago fraccionado de los siete millones siempre que se milite en el fútbol profesional y sin garantías que lo respalde. El banco del Consell la ha hecho seguir a la Dirección General de la Competencia, no esperándose que Bruselas tarde mucho en pronunciarse.
El problema es que la política de recuperación de la Comisión es clara: el pago ha de ser inmediato y en efectivo y para el caso de insolvencia del obligado se ha de instar a su liquidación, forma por la que entiende Bruselas que se equilibra también el mercado tras la ayuda de Estado prohibida. El que la propuesta trasladada al IVF no vaya acompañada de garantías es otro hándicap, tal y como advirtió el banco del Consell hace meses.