El Hércules interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE

ALICANTE. El Hércules anunciará este viernes por la mañana que se dispone a interponer un recurso de casación contra el auto del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) por el que se desestima su demanda de suspensión cautelar del efecto de la decisión de recuperación por la que la Comisión Europea le reclama el pago 6,9 millones de euros.

Este recurso se contempla en el artículo 57.2 del estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que será el que conocerá del mismo (el Tribunal General es un órgano jurisdiccional de Primera Instancia) y el plazo para su interposición es de dos meses. 

La redacción del mismo se encargaba ya este jueves al bufete Berasategui & Abogados, especializado en Derecho de la Competencia y que tiene encomendada la defensa de los intereses del club blanquiazul ante la corte de Luxemburgo. Lo anterior después de valorar con Stefan Ratings, el letrado que junto a Yolanda Mata firmaba el recurso de nulidad y la demanda de medidas cautelares desestimada, un fallo del Tribunal General que no por esperado deja de tener un efecto menos traumático.

Las opciones de que esta nueva apelación prospere son mínimas, pero el club podría ganar algo de tiempo porque, como ya dejaba claro el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, en el transcurso de una rueda de prensa en València, la desestimación de la suspensión cautelar reactiva el proceso de cobro (la obligación de pagar de manera inmediata y en efectivo los 6,9 millones), pero es muy probable que la Comisión lo paralice de nuevo si el TJUE admita a trámite el recurso y mientras lo resuelve.

No obstante, expertos en Derecho Comunitario consultados por este medio advertían que el tiempo que puede ganar el Hércules en absoluto será comparable a los nada menos que 16 meses que ha tardado el TGUE en pronunciarse sobre la demanda de medidas provisionales, sino muy inferior.

Los argumentos del Hércules no convencen al Tribunal General 

El auto del TGUE, cuya existencia y contenido adelantaba este medio, es obra de su presidente, el luxemburgués Marc Jaeger, y está fechado el martes pasado. En el mismo, se tumba la pretensión del Hércules de suspender la obligación de pagar hasta que se resuelva el recurso de nulidad también interpuesto, al entender que esa medida "no está material y jurídicamente justificada", toda vez que "no se aprecia que su adopción sea urgente", ni que sin la misma se pueda producir "un perjuicio grave e irreparable a los intereses del club blanquiazul". 

El Hércules alegaba principalmente que la recuperación del importe que se le exigía pondría en peligro su viabilidad financiera, llevando a su liquidación, pero el Presidente del Tribunal General lo descarta apuntando a que el propio club "afirma haber invertido en jugadores de calidad, cuyos salarios sobrepasan los ingresos de la entidad" y, además, que, comoquiera que "su presidente se comprometió a cubrir el déficit" mediante aportaciones particulares, cuenta, por tanto, "con aportaciones de terceros para hacer frente a gastos que superen sus recursos económicos", pagar el importe reclamado por el Instituto Valenciano de Finanzas, sin ir más lejos.

El juez Jaeger también pone el acento en que el Hércules no ha aportado datos sobre posibles cambios en su accionariado, algo que considera aún más necesario si se tiene en cuenta que el club había alegado precisamente que en su caso no había ningún accionista mayoritario al que poder recurrir y cuya existencia podía poner en cuestión la urgencia de que se suspendiera la ejecución de la orden de recuperación. El Tribunal resalta que el club se limita a afirmar que "el accionista principal sigue siendo la Fundación Hércules, cuya falta de recursos había sido confirmada por la Comisión", una falta de información sobre su situación financiera que, en su opinión, no permite concluir que haya un riesgo para la viabilidad del club.

"Conflictos sociales y pérdidas económicas en la región"

En su demanda, el club blanquiazul también había alegado para respaldar su pretensión que su liquidación acarrearía consecuencias de índole no económica, como el perjuicio que causaría para los organizadores y clubes participantes en las competiciones deportivas en las que está inscrito, e incluso "conflictos sociales y pérdidas económicas en la región". 

En el auto, el Tribunal General no llega a pronunciarse al respecto al insistir en que no se demuestra que la desestimación de la suspensión cautelar de la decisión de recuperación ponga en riesgo la viabilidad del Hércules.