El futuro del turismo residencial: cómo regular un sector líder sin desincentivar la inversión

ALICANTE. El turismo residencial es una de las tres grandes patas del sector en Alicante, la provincia líder en este tipo de forma de vacacionar. Una realidad que explica el hecho de que la Costa Blanca sea líder nacional en venta de viviendas a extranjeros, que compran aquí una de cada cinco inmuebles que adquieren en todo el país. Un sector, también, que necesita de una nueva regulación para combatir el intrusismo y los fraudes, y en el que los actores clásicos van un paso por detrás de las nuevas formas de comercialización que suponen plataformas como AirBnB o HomeAway. De todo ello y de otras muchas aristas se habló en el primer foro de Alicante Plaza y Provia sobre el turismo residencial, que se celebró este martes en el restaurante Aldebarán con empresarios, políticos y expertos en la materia.

La cuestión jurídica es una de las más espinosas. La directora general de Turismo de la Generalitat, Raquel Huete, animó a "trabajar juntos" a todos los actores para combatir el intrusismo y "sacar partido a esta modalidad de turismo, si todos cumplen". Huete interpeló directamente al secretario general de Provia, Jesualdo Ros, presente en el debate, y miembro de la mesa de trabajo sobre el turismo residencial, que según el diputado provincial y vicepresidente del Patronato de Turismo, Eduardo Dolón, "está a punto de constuirse". "Nuestro empeño en regular el sector no tiene que provocar que el alquiler vacacional sea difícil", admitió la representante del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Ros advirtió de que la inversión extranjera en vivienda en la provincia de Alicante supone 3.000 millones de euros anuales. "Imaginemos el impacto si se prohíbe a esos compradores alquilar la vivienda los meses que no la utilizan: muchos se volverían, como ha pasado en Baleares". José Ramón Martín, del Colegio de Registradores de la Comunitat, consideró que la seguridad jurídica es fundamental: "En España, en los momentos de crisis, muchos inversores pensaron en salir al extranjero y desistieron por la falta de seguridad". Para Álvaro Satué, de Euroval, "nunca puede haber seguridad jurídica al 100%, fijémonos en Marbella".

El director del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, José Mancebo, defendió que "más que un sector en sí, es una forma de comportamiento del turista, y no es nuevo, aunque ahora es más evidente por las plataformas". Richard Hart, de Media Land, por su parte, argumentó que el impacto real del sector es difícil de medir porque tiene mucho arrastre, y "hay mucha economía sumergida, pero la presión fiscal se ejerce sobre quien está legal". Eso sí, defendió que "es un modelo mucho más sostenible que en el pasado, y la empresa privada invierte en la promoción de la marca Costa Blanca más que la Administración".

Condiciones de líder

Pedro Soliveres, de la constructora VAPF, defendió en la segunda parte del debate que la provincia de Alicante tienen las condiciones idóneas para ser líder en este tipo de turismo, por lo que a su juicio dicha condición depende más "de la vocación y de la intención, no tanto de los poderes públicos como de la propia población, que en el caso de Alicante es abierta y acogedora". Una visión que corrobora Martín, de los registradores, quien aludió a las diferencias impositivas en el ITP entre comunidades autónomas (un 10% en la Comunitat, un 6% en Madrid): "La regulación legal influirá mucho, pero la Administración puede ser más freno que incentivo".

El representante de Provia abundó en esta dirección, al recordar que "la Administración fija el marco para el desarrollo de nuestra actividad, y nos tenemos que concienciar de que el turismo residencial nos beneficia a todos, y que es clave para Alicante". La directora general de Turismo del Consell miró a Madrid: "Hay que pedir al Estado la armonización de criterios, porque competimos con Murcia y Baleares sin igualdad de condiciones". La regulación del sector que se tramita en Les Corts, dijo, "busca el consenso, la seguridad, hacer las cosas fáciles pero bien".

El vicepresidente del Patronato de la Costa Blanca, por su parte, replicó que Alicante ya es líder en turismo residencial, "en muchos parámetros por delante de Andalucía", y señaló que "lo que hay que hacer es trabajar para manternos, no estropearlo". El diputado apostó por perfeccionar un modelo en el que la vivienda turística "trabaja diez meses al año, en lugar de tres", a través de empresas que la comercializan, y defendió el modelo de colaboración público-privada en la que empresas y Administración potencian la marca. 

La disrupción de las plataformas

El profesor de la Universidad de Alicante (UA) Armando Ortuño introdujo un nuevo elemento en el debate: ¿en qué se fija más la demanda, en las estrellas del hotel o los comentarios de los usuarios y el rating del alojamiento? Sobre esta disyuntiva, consideró que la nueva ley "debe tender más a rebajar lo que se pide a los hoteles que a elevar lo que se pide a las viviendas". "AirBnB y HomeAway están marcando el ritmo, pero el blockchain se la va a cargar, porque la vivienda se podrá comercializar sin intermediarios y fuera del control, también, de la Administración".

Huete replicó que Expedia y Destinia "se acaban de poner la matrícula, las plataformas no están haciendo oscuro el mercado, sino aclarándolo, porque me fío más de AirBnB que del portero del edificio que a veces alquilaba la vivienda sin saberlo". En cuanto al sistema de estrellas de los hoteles, la representante de la Generalitat defendió que su decreto es "uno de los más innovadores" al flexibilizar los criterios, que benefician a hoteles pequeños y de playa. "Se aplicará esa misma flexibilidad a las viviendas: no habrá una normativa estricta en cuanto a metros cuadrados, por ejemplo, porque nos quedaríamos fuera del mercado".

El director general de la constructora VAPF, en este sentido, apostó por simplificar los criterios: "Siempre que una vivienda turística no preste servicios hoteleros, reúna las condiciones de habitabilidad y pague los impuestos correspondientes, debería ser legal", defendió, "porque un propietario sueco no va a presentar liquidaciones trimestrales del IVA ni a darse de alta en el IAE". Mancebo (Costa Blanca) equiparó el impacto de las plataformas al del "hito" de las low cost hace 15 años. "Hay una tendencia a liberalizar los servicios, y ya llegamos tarde para regular los avances tecnológicos. Habría que idear algún mecanismo de flexibilidad para adaptar la legislación". Asimismo, apostó por hacer "algo parecido con el turismo residencial a lo que se hizo en su día con el rural, apoyar la profesionalización de los propietarios".

Cómo combatir el intrusismo

Otro debate abierto en torno al turismo residencial fue el de acotar el intrusismo, e incluso los fraudes. El representante del Colegio de Registradores alertó de que "AirBnB y Booking no te piden el título de propiedad del inmueble antes de ofertarlo, ni una nota simple, con lo que se favorece el fraude, y se acaban anunciando y alquilando propiedades que no existen". Un riesgo que, a su juicio, existe también en el registro de apartamentos turísticos de la Generalitat, que solo pide una declaración responsable y una factura. "Ahora también el catastro", replicó Huete.

La directora general de Turismo defendió que "hemos sacado a licitación las comprobaciones de las propiedades mediante encuestas, que en su caso podrían derivar en nuevas inspecciones". La representante del Consell defendió el método de la declaración responsable para agilizar los trámites. Mancebo, por su parte, resaltó que AirBnB ya se ha convertido en "agencia de viajes", y Ortuño pidió considerar a las plataformas "como aliados, porque nos ponen en el mapa". Satué, para finalizar, consideró que "Alicante tiene muchas opciones de seguir liderando el sector, con las plataformas como una palanca; si hay un riesgo, es que el negocio opaco compita con los fiscalmente responsables".