El futuro de la Alcaldía de Alicante se decide en València (y en los juzgados)

ALICANTE. La crisis de gobernabilidad desencadenada oficialmente en el Ayuntamiento de Alicante desde la imputación del alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), por el presunto fraccionamiento de contratos que se investiga en el llamado caso Comercio queda en manos de las direcciones autonómicas de PSPV y Compromís. Las dos formaciones aliadas en el Consell y en el Ayuntamiento, con Manolo Mata y Carlos Fernández Bielsa (vicesecretario general y secretario de Relaciones Institucionales de los socialistas, respectivamente) y Águeda Micó (portavoz de Compromís y coordinadora del Bloc) al frente de las conversaciones, tratan de buscar una resolución al conflicto que desde las dos partes se está llegando a plantear en términos de refundación del pacto de gobierno. Una resolución que, según las fuentes consultadas, se encuadraría en una negociación global para reconducir las relaciones de coexistencia entre los dos firmantes de pacto del Botànic. Ahí entraría desde cómo afrontar la cuestión de Cataluña a las puertas del 9 d'Octubre, hasta las fricciones y la supervivencia de otros pactos municipales como el de la propia ciudad de València (donde existe cierto descontento socialista) o el de Sant Joan (donde Compromís ha abandonado el cuatripartito que dirige el PSPV).  

En la parte de ese proceso que atañe a la gobernabilidad de Alicante, socialistas y nacionalistas comparten un mismo objetivo: que el mando de la segunda ciudad de la Comunitat no quede en manos del PP, como podría llegar a suceder en el caso de que Echávarri presente la dimisión que le exigen sus dos socios -Compromís y Guanyar- si no se contase con el apoyo de al menos un concejal más (el número 15 que conformaría la mayoría absoluta) para elegir a su sustituto en la Alcaldía. Sin el voto de 15 concejales, la vara de mando pasaría a manos del candidato de la lista más votada. En este caso, el del PP. Y se da la circunstancia de que en todas las operaciones aritméticas posibles para que como mínimo el binomio PSOE-Compromís continúe en el poder requiere necesariamente del incierto respaldo de alguno de los dos concejales no adscritos: la exconcejal de Guanyar, Nerea Belmonte, y el exedil de Ciudadanos (Cs), Fernando Sepulcre. PSOE, Compromís y Guanyar -a quien, el lunes, la ejecutiva socialista no pidió que recapacitase en su advertencia de abandono del gobierno- suman 14 votos. El problema es que en el hipotético caso de que se quisiese prescindir de Guanyar para sumar a Cs como posible aliado externo en pro de la estabilidad (ya sucede en Elche, por ejemplo), el resultado seguiría siendo el mismo: 14 concejales.

De ahí que, al menos para el PSPV, la prioridad sea no llegar a la renuncia de Echávarri. Hasta ahora, se mantiene la línea que viene utilizando el propio primer edil como argumento para descartar su dimisión: su citación para declarar como investigado -este viernes- deriva de una cuestión administrativa, no por corrupción. Y se trata de ganar tiempo: la idea es que se rebaje la tensión y que se pueda conocer si las diligencias que se instruyen en el Juzgado Número 9 van a mayores o si acaban archivándose. 

Por lo pronto, no parece probable que la instructora pueda dar carpetazo a la investigación este mismo viernes, ya que ha citado a ocho personas: además de Echávarri y dos de sus cargos de confianza también imputados (Lalo Díez y Pedro de Gea), están llamados a declarar como testigos el portavoz de Compromís y edil de Contratación, Natxo Bellido; el interventor municipal, Francisco Guardiola; el exjefe técnico de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló; el jefe de los servicios jurídicos municipales, Manuel Cordón, y a otro de los asesores del departamento, Pablo Núñez de Cela. Además, fuentes conocedoras de las diligencias apuntaron este martes que, al margen de esta primera relación de testificales, podrían acordarse otras pruebas como la comparecencia de algunos de los proveedores de servicios, junto a la entrega de diversa documentación. 

Sea como fuere, la tesis que defienden las direcciones autonómica y local del PSPV es que con más tiempo puede llegar a disiparse toda sombra de sospecha sobre una actitud que merezca la renuncia. En ese escenario, podría conocerse el dictamen solicitado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la corrección del proceso de anulación de los contratos bajo sospecha. De ser favorable, ese pronunciamiento daría aire al primer edil. 

El problema es que también podría darse el supuesto contrario: que la instrucción judicial del caso Comercio se agravase y se alargase. Además, también podría precipitarse otra decisión emanada de la Justicia que señalase al alcalde en relación al despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala: una trabajadora contratada como interina en 2008 de la que se prescindió poco después de que el PP presentasen la denuncia contra Echávarri por los contratos bajo sospecha. La Fiscalía sigue instruyendo diligencias para dilucidar si hubo delito en la decisión de ese despido, atribuida a Echávarri en la denuncia presentada por dos activistas vecinales. En su escrito, alertaban de la supuesta arbitrariedad de ese despido o la plena consciencia de esa decisión discrecional (no adoptada respecto a otros interinos en su misma situación y, además, consentida, según los denunciantes).

En el caso de que llegase a confirmarse la apertura de una segunda causa en relación a esos hechos, la duda que queda por despejar es si la cúpula del PSPV estaría dispuesta a seguir respaldando a Echávarri. Y, en ese caso, hasta cuándo, si se tiene en cuenta el desgaste político que esa situación podría conllevar para el partido a dos años vista de las próximas elecciones municipales, toda vez que, además, se podría llegar a esa cita con un gobierno de sólo 6 concejales, de acuerdo con la hoja de ruta que el propio Echávarri ya ha confirmado.

Como poco, en Compromís se es consciente de que Fiscalía puede trasladar sus pesquisas al juzgado en cualquier momento, lo que abriría la puerta a una probable segunda imputación. De ahí la contundencia de la resolución de la ejecutiva local del pasado viernes: renuncia del alcalde o abandono del Gobierno. Como explicó su portavoz municipal y secretario local, Natxo Bellido, este lunes, Compromís prefiere ser fiel al listón de exigencia ética que los tres partidos se marcaron al principio del mandato para mantener su crédito. Máxime si se considera que la imputación por el caso Comercio (y la posibilidad de que se produzca una segunda por el polémico despido) se encuadra en un contexto con varios precedentes: disputas internas y decisiones unilaterales frente a los que los nacionalistas ya han expresado su hartazgo.

Así que, hasta ahora, la posición de Compromís en Alicante sigue siendo la que se acordó el viernes (también la de Guanyar), con pleno conocimiento de la cúpula autonómica de la coalición: Echávarri debe renunciar al cargo y permitir que se produzca la elección de un nuevo alcalde entre alguno de los ediles del PSOE. Como contó Alicante Plaza, los nacionalistas quieren que se facilite una solución al conflicto antes del próximo pleno de octubre, para evitar otro debate como el vivido el pasado jueves. Ahora bien, Bellido dejó abierta la posibilidad de revisar esa exigencia. "La realidad es cambiante y la postura podría ser modulable; estamos abiertos a negociar una solución si alguien tiene alguna propuesta distinta que plantear", dijo. Curiosamente, también aludió al concepto de "refundación del pacto".

En esa tesitura, lo cierto es que no se ha llegado ni a convocar la comisión de seguimiento del pacto de gobierno reclamada por Guanyar y Compromís para abordar la crisis política. Se había hablado de que la reunión se celebrase este martes, pero ya se da por hecho que probablemente -si se convoca- no será esta semana. 

Mientras, los tres socios mantienen sus parcelas de gestión y siguen mostrando sus diferencias de criterio en los órganos de toma de decisiones como la Junta de Gobierno. Este martes, Guanyar se desmarcó del acuerdo de adjudicación de un contrato del "Programa de Cohesión Social desde la escuela" con la ONG Liga Española de la Educación y la Cultura Popular (por un importe de 171.000 euros), al considerar que dicha organización estaría vinculada con dirigentes y exdirigentes del PSOE tanto en Alicante como en Madrid: el exdiputado y exsecretario comarcal Agustín Jiménez y los exdiputados Victorino Mayoral y Juan Ramón Lagunilla, según Guanyar. 

De hecho, Guanyar llegó a plantear la revisión de oficio del acuerdo previo, adoptado en la Junta de Gobierno del 29 de agosto, antes de que Guanyar tuviese constancia de esas "relaciones", según expuso su portavoz, Miguel Ángel Pavón. El objetivo de esa revisión de oficio era determinar si los miembros del PSOE en la Junta de Gobierno incurrieron en causa de abstención. El PSOE alegó que no se daba esa circunstancia puesto que en las Juntas de Gobierno no se produce ninguna votación, sólo se expresa acuerdo o desacuerdo. La propuesta de Guanyar fue desestimada y el contrato, adjudicado con aval de PSOE y Compromís.