Pedro Hernández Mateo, en una imagen tomada cuando todavía era alcalde. Foto: J. C. SOLERALICANTE (EFE). El exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (PP) acabará de cumplir el próximo 28 de julio la pena de tres años de prisión a la que fue condenado por un delito de prevaricación y otro de falsedad documental en la adjudicación de la contrata de basuras de la localidad. Así lo ha acordado la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un auto que ha sido notificado a las partes personadas en el proceso y hecho público hoy por la institución.
Hernández Mateo, al que también se impuso nueve años de inhabilitación y una multa de 10.500 euros, ingresó el 30 de julio de 2014 en la prisión de Campos del Río (Murcia), nueve meses después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso de casación contra la sentencia dictada por el TSJCV en 2012.
El exalcalde alcanzó la alcaldía del municipio en mayo de 1988, al prosperar una moción de censura contra el PSPV-PSOE, y se mantuvo desde entonces en el cargo durante cinco mandatos con mayoría absoluta. En 2011, dejó de ser cartel electoral del PP en el municipio pero siguió como diputado autonómico del grupo popular en Les Corts Valencianes, un escaño al que renunció en noviembre de 2012 al dictarse su condena.
Los magistrados determinaron que había incurrido en un delito de prevaricación y otro de falsedad documental al adjudicar a una unión temporal de empresas (UTE) integrada por Necso y el grupo Generala el servicio municipal de recogida de basuras en 2004, un contrato por importe de 97,8 millones de euros. El proceso, que se inició en enero 2007 a raíz de la denuncia presentada por Los Verdes, acabó demostrando que el primer edil tenía un "plan preconcebido" que pasaba por la elección de esa oferta.
De acuerdo con la sentencia, el entonces alcalde recurrió al asesoramiento externo mediante la petición de informes a tres despachos de abogados, como él mismo oficializó en dos resoluciones, pero en realidad solo había contado con uno de los bufetes, Ariño y Asociados, que además tenía una relación laboral con los beneficiarios de la adjudicación. El objetivo de esta consulta externa, con la que "faltó a la verdad", según los jueces, era eludir los informes técnicos internos contrarios.
Además, Hernández Mateo alteró la composición de la mesa de contratación donde se estudiaba el asunto al incrementar en dos el número de vocales para asegurarse así el voto favorable a su propuesta, según la sentencia. Tras denegar su recurso el Supremo, el exalcalde de Torrevieja intentó eludir la prisión con una petición de indulto que fue firmada por unas 2.500 personas, algunas de ellas antiguos compañeros de partido. El Consejo de Ministros denegó esa petición en julio de 2014, lo que motivó su ingreso en prisión unos días después para cumplir una condena cuyo licenciamiento acaba de fijar en un auto el tribunal autonómico el próximo 28 de julio
