El convenio del Júcar-Vinalopó, pendiente de un informe de la Abogacía del Estado

ALICANTE. La firma del convenio regulador del trasvase Júcar-Vinalopó puede ser cuestión de días. Como adelantó Alicante Plaza a finales de febrero, Ministerio y regantes ultiman la firma de un documento que abre el concepto de 'usuario' a los ayuntamientos del Vinalopó y l'Alacantí, de forma que se pueda rebajar el coste del metro cúbico para el campo a través del suministro urbano. Asimismo, en la asignación de caudales se incluirá la producción de la desaladora de Mutxamel, que en teoría debe entrar en funcionamiento el año que viene.

Según ha podido saber este diario, el documento ya está listo, y el Ministerio solo está pendiente de recibir un informe de la Abogacía del Estado que valide el texto. De hecho, el convenio está tan adelantado que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, pretendía firmarlo durante su reciente visita a Alicante, el pasado 27 de marzo. No obstante, la falta de ese documento legal obligó a retrasar su aprobación. Las fuentes consultadas consideran que, en cualquier caso, el convenio regulador será una realidad antes de este verano, tal como estaba previsto.

En principio, el convenio se firmará a cinco años, a partir de la propuesta que la Junta Central de Usuarios del Vinalopó-Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja hizo llegar al Ministerio en 2017. Si bien la discreción en torno al citado documento es absoluta hasta el momento en que sea definitivo, sí ha trascendido que se permitirá solicitar caudales a los ayuntamientos que formen parte de la demarcación del Vinalopó, así como que la asignación de derechos se completará con la producción de agua desalada. El convenio, al mismo tiempo, reserva otras posibles fuentes de agua, aunque no se concretan, para no cerrar la puerta a soluciones alternativas en el futuro.

La entrada en vigor de este convenio permitirá superar las negociaciones anuales entre los regantes alicantinos y la sociedad estatal Acuamed, que se vienen concretando en el envío de entre 5 y 15 hectómetros cada año, a un precio 'político': unos 20 céntimos el metro cúbico. El trasvase está terminado en la parte que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2011, pero hasta la fecha no se ha dotado de un marco jurídico que lo regule. Asimismo, carece aún de una parte del postrasvase (las canalizaciones que deben hacer llegar el agua trasvasada desde Villena hasta las comunidades de regantes beneficiarias), que está ejecutando en estos momentos la Generalitat.

La clave del documento, así, sería la incorporación de los ayuntamientos de la zona al régimen de usuarios. Cabe recordar que varios de ellos, como Elda o Villena, 'beben' de los acuíferos sobreexplotados cuyo uso viene a sustituir el trasvase. Asimismo, otros municipios como Yecla, en Murcia pero muy próximo al Alto Vinalopó, han pedido también ser receptores del agua trasvasada. El hecho de usar parte del agua para el abastecimiento doméstico permitiría rebajar el precio del metro cúbico para el regadío. Esta solución compensaría el incremento de los costes derivados del fin del 'precio político' y del agua de Mutxamel, más cara que la superficial. El precio final en el que se fijaría el metro cúbico, no obstante, no ha trascendido.

La ministra de Medio Ambiente visitó la provincia el pasado 27 de marzo, para participar en un foro organizado en IFA por el diario Información y visitar la desaladora de Torrevieja, donde anunció el incremento de la capacidad de producción de la planta hasta los 80 hectómetros para los que se diseñó (de momento ha estado desalando 40). Asimismo, el Ministerio acaba de autorizar un trasvase de 60 hectómetros del Tajo al Segura, a razón de 20 hectómetros mensuales hasta junio, siempre y cuando se mantenga en los embalses de cabecera el nivel que los permite. La firma del convenio del Júcar-Vinalopó se perfila como el próximo gran anuncio en materia hídrica.