El contrato millonario de las playas de Benidorm acaba en los tribunales

BENIDORM. La joya de la ciudad de Benidorm, el servicio de las playas, salió a licitación el uno de octubre de este año por un presupuesto de más de 43 millones de euros, sin IVA. En un mes este pliego de condiciones ha recibido seis recursos, más de uno de la misma empresa. En ellas critican las condiciones exigidas que podrían beneficiar a la empresa que lo gestiona en la actualidad, R.A. Unas alegaciones que puede hacer que se extienda en el tiempo su adjudicación, puesto que tendrán que esperar a que el tribunal se posicione. Es más, fuentes municipales no descartan que, según lo que concluyan, haya que volver a licitar el contrato aunque se muestran seguras de lo que decidieron en su día los técnicos municipales.

Pese a que la fase de exposición pública termina el 7 de noviembre, el gobierno local ya ha contestado en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), según informaron a los otros grupos en la Junta de Portavoces. Por el momento, el Ayuntamiento seguirá adelante con el proceso de licitación, hasta cerrar la fase de exposición pública, luego esperarán hasta que se pronuncie el TACRC para tomar decisiones al respecto.

El contrato tiene una vigencia de cinco años, prorrogables otro lustro más. Éste recoge que las empresas interesadas tienen que acreditar tener un volumen de negocio anual superior a 3,5 millones de euros como mínimo en uno de los últimos tres años. 

Dentro del apartado de solvencia técnica, también tenían que demostrar que habían explotado el servicio de más de 5.000 hamacas en playas urbanas en alguno de los últimos cinco años, y avalado por su buena ejecución. Punto de conflicto para una de las interesadas, que cree que es "desproporcionado" y limita el número de empresas que podrían hacerse con el contrato. Ante esto, el técnico de Contratación contestó a TACRC que fuera el tribunal el que decidiera cuál es el número de hamacas que hay que pedir en el contrato y en base a qué criterio, según recoge el informe al que ha tenido acceso este diario. Hay que tener en cuenta que Costas autoriza a Benidorm a tener 6.300 hamacas en sus playas.

Además, tenían que acreditar experiencia en explotación de hamacas, sombrillas, socorrismo, salvamento y playas accesibles en playas urbanas. El IVA de estos servicios también está impugnado, por no entender por qué no son los mismos todos los tipos, mientras que el Ayuntamiento defiende que son los correctos atendiendo a que son un servicio público.

Y en cuanto a las mejoras que pueden ofrecer las empresas, los recursos hacen referencia a que se cuantifique cada uno de los criterios. Concepto al que no le ven cabida desde el municipio, según pudo saber este diario.

La respuesta también indica que para acceder a estos contratos incluían la opción de que se presentaran en una Unión Temporal de Empresas para que llegaran a los requisitos uniendo mercantiles. Además, justifica que se haya hecho un contrato para todos los servicios, que a su criterio ha funcionado mejor estos últimos años de esta forma, que por separado y con empresas distintas que podían entrar en conflicto.

Los pliegos se aprobaron en el mes de septiembre, con los votos a favor del PP, PSOE, CBM y C's. Mientras que Liberales y el edil no adscrito se mantuvieron en la abstención, en cambio, los concejales de Compromís-Los Verdes votaron en contra. 

El valor económico no estaba justificado

El regidor de la coalición valenciana, Josep Bigorra, fue el más crítico con este contrato, que ayer aprovechó para recordar que algunos de estos recursos se podrían haber evitado. "El secretario advirtió que las condiciones que se exigían sobre la solvencia técnica y económica en las reuniones que tuvimos todos los grupos municipales en agosto podrían limitar la competencia y la presencia de empresas en el proceso, lo que es contrario a la ley", manifestó Bigorra. Éste explicó que el proceso siguió adelante porque el "gobierno local aseguró que no existía ningún problema". El edil además aseguró que un informe del secretario advertía de que el valor económico de la licitación no estaba justificado.