El Consell ofrece asumir los servicios sanitarios que ahora presta la Diputación de Alicante

ALICANTE. El plan de cooperación municipal, que contempla la inversión de 100 millones para los ayuntamientos- que pretende poner en marcha el Gobierno valenciano con la ayuda de las diputaciones va camino de convertirse en un largo culebrón político. A diferencia del decreto turístico, que ha acabado en los tribunales, y del plan XarxaLlibres, en el que las diputaciones del PP entraron a regañadientes, el Consell quiere ésta vez un acuerdo con el gabinete de César Sánchez. De momento, la posición inicial del PP es no entrar a formar parte, pero hay negociaciones entre ambas instituciones. La última respuesta de los populares es que sólo accederían sí la Generalitat asumía los 70 millones que cuestan los gastos de los servicios sanitarios que presta la Diputación de Alicante, pero que corresponde a la Conselleria de Sanidad.

Según ha podido saber Alicante Plaza de fuentes conocedoras de la negociación, la Generalitat estaría dispuesto a estudiar las condiciones que le propone la institución alicantina; es decir, que el Gobierno valenciano asumiera la gestión del Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo, el Instituto Familia Pedro Herrero y los gastos de la Teleasistencia. Para ello, el Gobierno valenciano vería con buenos ojos que se creara una comisión bilateral entre Generalitat y Diputación de Alicante para estudiar el traspaso de esas transferencias y de esta manera, liberar a la institución que ahora preside César Sánchez de los más de 20 millones anules que asume la Diputación cada año para pagar el mantenimiento y la gestión del centros sanitarios.

Con ese traspaso, se pretende que la Diputación quede liberada de ese gasto y de esta manera, no tenga excusa para no acceder al fondo de cooperación municipal, al que debe aportar 13 millones de euros. A la Diputación de Valencia le corresponde 21 millones y a la de Castellón, también gobernada por el PP, unos seis millones. Ese fondo, como ha venido informando Alicante Plaza, estaría dotado de 100 millones de euros, de los que el Gobierno de la Generalitat aporta 40 millones -10 de ellos a través del Institución Valenciano de Finanzas-; las diputaciones otros 40 millones y los 20 restantes, a través de fondos de la Unión Europea. El dinero que recibirían los municipios serían transferidos directamente a los ayuntamientos, sin necesidad de justificar y el reparto se haría por criterios objetivos. Además, en el caso de las ayudas a las UE, los fondos irían destinados a municipios de menos de 20.000 habitantes, pues los más grandes ya han podido optar a los programas DUSI.

La fecha clave parece ser el 2 de noviembre. Ese día se celebra pleno de la Diputación de Alicante y la institución debe tener clara su posición para ir o no a la confrontación política con la Generalitat, pues la institución provincial reclamará por vía judicial el pago de los 70 millones que suponen lo invertido en los últimos tres años en el mantenimiento y gestión de los edificios y servicios sociosanitarios.