La consellera de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio, María José Salvador. Foto EVA MÁÑEZBENIDORM. La Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio sostiene que el fallo del TSJ, que obliga a la Generalitat Valenciana a ordenar ya el derribo del edificio Gemelos 28 de Benidorm, para ejecutar la sentencia del Supremo de 2012, que declara ilegal su autorización, "supone un caso más de la ruina en diferido que han dejado los anteriores gobiernos del PP que se caracterizaron por su mala gestión y por las irregularidades que marcaron sus 20 años de gobierno y que ahora estamos pagando todos los valencianos".
A la "hipoteca urbanística dejada por la mala tramitación de planes generales en la anterior etapa se unen también casos concretos como el de las Torres Gemelas de Benidorm que forman parte de esta herencia envenenada que dejó la Generalitat del PP", afirma el departamento de María José Salvador tras conocer la ejecución de fallo que establece el TSJ.
Desde el Consell recuerdan que la actual sentencia va contra la resolución que tomó la Administración autonómica valenciana el año 2005 al autorizar la construcción del citado complejo residencial en la zona de servidumbre de protección de costa. Entonces la Conselleria de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat (competente en materia de costas) otorgó dicha autorización para la construcción dentro de los 20 metros de la zona de servidumbre de protección de costas de las dos enormes torres (promoción denominada como “Gemelos 28”) de 22 plantas, que supuso la construcción de 168 apartamentos de lujo en contra del criterio sentado en el informe previo expreso en contrario por la Demarcación de Costas de la Administración del Estado, que consideraba que dicha decisión era ilegal.
Insiste la Conselleria de Vertebración del Territorio que "es necesario contextualizar dicha decisión tomada el año 2005 por la Conselleria, dirigidapor el conseller José Ramón Garcia Antón, que había sido nombrado para el cargo por Francisco Camps, después de haber sido también durante seis años conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte bajo el gobierno presidido por Eduardo Zaplana, fue objeto de una gran polémica política y mediática".
"El Gobierno de España, y en concreto el Ministerio de Medio Ambiente competente en materia de Costas (dirigido en aquella etapa por Cristina Narbona), -añade el actual Consell- mantuvo una actitud en contra de esta decisión del gobierno del PP valenciano, que le llevó a informar en contra de la autorización y a, una vez concedida ésta en contra de dicho criterio, interponer recurso contencioso – administrativo contra dicha decisión", que es la finalmente dio como resultado la sentencia del Supremo que ha declarado ilegal el permiso del Gemelos 28.
Esta actuación fue incluida por Greenpeace en su informe monográfico de 2006 (titulado Destrucción a toda costa), en el que denunciaba los graves atentados ambientales que estaban siendo ejecutados en gran parte del litoral mediterrraneo como en el caso del Algarrobico de Almería.
La sentencia del TS de 2012 declaró la ilegalidad de la resolución de la Generalitat, por manifiesta infracción de la Ley de Costas y ahora, después de una larga tramitación del incidente de ejecución de la sentencia, cuyas consecuencias los gobiernos del PP intentaron ocultar a la opinión pública para “tapar sus verguenzas”, ahora el Tribunal encargado de hacerla cumplir ordena a la Generalitat que proceda a demoler los edificios, previa indemnización a los propietarios (la inmensa mayoría de ellos de nacionalidad rusa, de paises árabes o de otros paises de Europa) del precio que pagaron en su momento a la promotora por la compra de los apartamentos incrementado en un 20%.
Según la Conselleria de Vertebración del Territorio, la Abogacía de la Generalitat ha recibido indicaciones para intentar minimizar o atemperar al máximo las consecuencias de esta resolución judicial, se ha interpuesto un recurso de reposición y se están estudiando todas las acciones legales que quepan para ello, sin embargo, lo cierto es que parece muy complejo que finalmente se pueda eludir la orden de demolición de dichas edificaciones.
El actual Gobierno valenciano "no quiere actuar de forma irresponsable como los anteriores ejecutivo que intentaron ocultar eludir sus responsabilidades, y quiere poner en conocimiento de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana las graves consecuencias que tendrá para las arcas públicas otro de los desastres urbanísticos y de mala gestión cometidos por los anteriores gobernantes del PP".
Por ello, desde el departamento de Salvador, lamentan la "actitud de la anterior consellera con competencias en la materia y actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que, aunque era perfectamente conocedora de la situación legal en que se encontraba este asunto, eludió en toda su etapa cualquier referencia al tema, al igual que hizo al ocultar la enorme deuda existente por impagos de ayudas en materia de vivienda, y con ello las responsabilidades que se tienen que asumir y que costaran mucho dinero a los valencianos".
