ALICANTE. El primer asalto en la tramitación de los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante concluyó, este jueves, con una victoria a los puntos para la oposición. Tres de los cuatro organismos autónomos que dependen del Ayuntamiento (el Patronato de la Vivienda, el de Escuelas Infantiles y la Agencia de Desarrollo Económico y Social) no refrendaron la propuesta económica defendida por el equipo de Gobierno después de que PP, Ciudadanos, Guanyar y Compromís recriminasen el incumplimiento de los plazos y la vulneración de los procedimientos previos requeridos para que se produjese las convocatorias de sus juntas rectoras.
Como publicó Alicante Plaza, los socialistas sí superaron el trámite en la junta rectora del Patronato de Turismo gracias al respaldo de los consejeros que representan a la parte social (asociaciones empresariales y colectivos profesionales vinculados al sector). Los cuatro grupos políticos de la oposición votaron en contra del trámite de urgencia, pero hubo ocho votos a favor: los del PSOE y los de los consejeros de la parte social. Y en la votación pura y dura sobre el presupuesto se impuso la misma mayoría con 8 votos a favor y sólo dos en contra: los de PP y Cs. Compromís votó a favor y Guanyar se abstuvo.
Este mismo viernes, el PSOE pretende salvar ese mismo trámite de aprobación con una nueva convocatoria del Patronato de Vivienda. Con todo, seguirá pendiente el dictamen de la Agencia de Desarrollo y el del Patronato de las Escuelas Infantiles, que no podrán celebrarse hasta el lunes y el martes de la próxima semana, lo que retrasaría el acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno, como muy pronto, hasta ese mismo martes. A priori, el PSOE no tiene garantías de que esos tres entes autónomos avalen su proyecto presupuestario: sigue dependiendo de los votos de los consejeros no políticos. Y aunque es probable que esos agentes sociales no quieran ser un obstáculo para la tramitación de las cuentas (en la línea de lo acontecido en el caso del Patronato de Turismo), lo cierto es que la planificación económica municipal seguirá estando en el aire cuando se eleve a la consideración del pleno.
El alcalde, Gabriel Echávarri, dio este jueves las primeras fechas conocidas para ese debate: inicialmente se había barajado celebrarlo el 31 de enero y -tras el episodio de los organismos autónomos- se retrasará, como mínimo, hasta la primera semana de febrero. Por el momento, el PSOE sigue contando sólo con 10 votos: los de sus seis ediles, los tres de Compromís y el del edil no adscrito Fernando Sepulcre. Así que, con el más que probable voto en contra de los cinco regidores de Ciudadanos (Cs), el peso de la decisión sigue recayendo en los cinco representantes de Guanyar. Si no votan a favor, los 13 votos de PP (que ya ha confirmado su rechazo) y Cs darán al traste con el presupuesto, incluso pese a que el PSOE pueda llegar a sumar a la segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte.
¿Es posible que la plataforma electoral encabezada por EU proporcione un salvavidas a sus exsocios? Posible, sí; probable, poco. Su portavoz municipal, Miguel Ángel Pavón, viene insistiendo una y otra vez en que su grupo no tiene definido el sentido de su voto y que no se cerrará esa decisión hasta que se conozca si se incorporan sus propuestas y sus previsibles enmiendas. Eso sí, también viene criticando que el PSOE persista en actuar "como si contase con mayoría absoluta", sin atenerse a las condiciones reclamadas por los grupos de la oposición. Entre ellas, para Guanyar resulta fundamental el respeto a los procesos de participación pública en la confección del presupuesto: consulta al Consejo Social de la ciudad, a las Juntas de Distrito y hasta a la mesa negociadora antes de que quede aprobado por la Junta de Gobierno.
De hecho, ese argumento de Guanyar es el que vienen defendiendo otros dos de los cuatro grupos de la oposición que mantienen una posición crítica sobre la propuesta presupuestaria: PP y Cs. Su estrategia compartida es que un gobierno formado por sólo seis concejales en una corporación de 29 está deslegitimado, desbordado e incapacitado para gestionar la ciudad, lo que genera episodios de "improvisación y caos como el vivido en los organismos autónomos", según recalcó este jueves el portavoz municipal del PP, Luis Barcala. "Esto es la consecuencia de que tengamos un alcalde déspota que cree que puede hacer lo que le dé la gana como si tuviese mayoría absoluta", recalcó.
No obstante, la realidad es que, con el episodio de los organismos autónomos, muy probablemente el presupuesto no llegue a la Junta de Gobierno hasta después de que la propuesta se haya sometido al dictamen del Consejo Social, convocado para el próximo martes. De algún modo, a Guanyar podría caérsele ese argumento como coartada ante la opinión pública para no apoyar las cuentas y, además, el PSOE podría salir estéticamente indemne: habría dado pie a que se cumpliese ese trámite de consulta que desarmaría a Guanyar sin haber tenido que ceder de forma voluntaria a las exigencias de sus exsocios. De hecho, incluso podría especularse sobre la posibilidad de que la maniobra de las convocatorias de los patronatos de forma urgente fuese buscada o simplemente pura carambola.
Lo fuese o no, la pregunta fundamental en todo caso es: ¿está el PSOE preocupado por la posibilidad de que el presupuesto no prospere? Parece que no demasiado. Si las cuentas de 2018 se validan, miel sobre hojuelas. Ahora bien, si no se aprueban, el propio primer edil ya replicó este mismo jueves que quien debe preocuparse son los vecinos que van a verse privados de inversiones que se contemplan en ese proyecto de presupuestos. Entre ellas, citó las actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE) en el plan de reurbanización del área de Las Cigarreras. Es decir, que su estrategia es cargar sobre la oposición la responsabilidad de que las cuentas no se aprueben. Y de que las obras que contemplan no se ejecuten. Este jueves, tanto Echávarri, como la portavoz del equipo de Gobierno, Eva Montesinos, ya recalcaron -en esta misma dirección- que quien bloquea el progreso de Alicante es la oposición y no el PSOE. "Nosotros seguiremos trabajando como hasta ahora en beneficio de la ciudad", dijo Montesinos.
Además, los socialistas insisten en jugar la baza de que su propuesta es en realidad la propuesta del tripartito, elaborada con las aportaciones presentadas por Guanyar y Compromís, por lo que no tendría sentido que ahora no facilitasen su aprobación. Es más, ya señalan que, en ese caso, serán esas dos formaciones quienes tendrán que dar la cara y explicar por qué ahora no consideran que esa propuesta no es apropiada.
¿Qué sucederá si, en último término, no hay presupuesto nuevo? En principio, puede que no demasiado. Se mantendrá la prórroga (automática con el cambio de año) del presupuesto de 2017. Es cierto que el equipo de Gobierno puede quedar abocado a renegociar los plazos de ejecución de los proyectos de la DUSI para que los once millones de aportación europea no peligren. El plazo para desarrollar ese programa de actuaciones expira en 2023, pero -según las fuentes municipales consultadas- la propia línea de financiación europea permite prorrogar esos límites y, de hecho, sería una posibilidad que ya se estaría explorando a nivel técnico.
Además, al margen de las inversiones sostenibles que podrían ejecutarse con el remanente del presupuesto de 2017, el PSOE sigue teniendo a su alcance los nueve millones del préstamo solicitado en 2016 para ejecutar proyectos como el de la reforma de la Casa de la Festa. Según pudo confirmar este diario, el equipo de Gobierno dispuso de ese crédito -e ingresó formalmente ese dinero del que todavía no había hecho uso- a principios de diciembre. Ahora, esos fondos permanecen en las cuentas bancarias del Ayuntamiento a su plena disposición para financiar proyectos por un importe similar a las obras previstas en el presupuesto de 2018: diez millones en total. Por si fuera poco, el PSOE también parece decidido a concertar un segundo préstamo bancario (por una suma todavía indeterminada) para poder llevar a cabo otras inversiones adicionales. Entre ellas, podrían incluirse la reconversión del antiguo matadero en un centro para startups o la recuperación del espacio de la antigua refinería de La Británica, en cuando se confirme la cesión por parte de la Dirección General de Patrimonio del Estado.