Echávarri se aferra a los nuevos estatutos del PSOE para no dejar la Alcaldía de Alicante

ALICANTE. El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, insiste en que todavía no se dan las condiciones para abandonar el cargo. Lo dijo en la rueda de prensa del pasado lunes: el auto de procesamiento no es firme y todavía se pueden presentar dos recursos judiciales ante los avances que pueda dar la tramitación judicial. Es más, Echávarri auguró que este proceso se podría prolongar entre un mes o dos. Y por todo ello, esgrime, que los estatutos del PSOE tampoco le obligan, de momento, a dejar su puesto de presidente de la corporación local.

Así, según el código ético y de garantías del PSOE, "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido". El todavía alcalde y, a su vez, secretario general de la agrupación socialista -hasta el sábado 24 de marzo- sostiene que no se dan esas condiciones: el auto de procesamiento no es firme y, por lo tanto, considera que todavía no debe dejar el cargo.

Y lo mismo sucedería, a su juicio, si se aplican los estatutos del PSOE, aprobados por comité federal  de 17 de febrero de 2018. En su artículo 427, se habla expresamente de la apertura del juicio oral en delitos que suponen la dimisión. Dice textualmente que "a efectos del artículo 5.2 del Código Ético, la apertura del juicio oral que supone la dimisión del cargo ha de referirse a delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". Añaden los estatutos que "la Comisión Federal de Ética y Garantías, a requerimiento de la Comisión Ejecutiva Federal, podrá emitir un dictamen sobre los concretos preceptos penales vigentes del Código Penal, que han de ser considerados a los efectos de este artículo 5.2 del Código Ético, que podrá ir adaptándose según los cambios legislativos o jurisprudenciales".

Y la gran divergencia viene en la consideración de qué es corrupción. Pues desde la dirección del PSPV siempre se ha considerado que el caso Comercio -por el que está procesado el alcalde de Alicante- como un caso de supuesta prevaricación administrativa, y tanto Ximo Puig como el portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, han sostenido que no debe compararse con un caso de corrupción. Es más, Puig afirmó que  "de lo que sé hasta el momento no hay corrupción pero puede haber prácticas no correctas". El líder socialista ha abogado en todo este conflicto por "ir más allá de lo que digan los estatutos  y buscar lo mejor para los ciudadanos de Alicante". 

Echávarri siempre ha defendido que se trata de una cuestión administrativa y, por lo tanto, en el momento del proceso judicial en el que nos encontramos, en su opinión, "no se dan las circunstancias para dejar el cargo de manera inmediata", como recordó el pasado lunes en su comparecencia del lunes. Y para hacerlo, deben existir 15 votos afirmativos para respaldar a Eva Montesinos y sin condiciones.