El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Foto: EFE / MORELLALICANTE. Gabriel Echávarri (PSOE) toma definitivamente el mando de las principales decisiones de gobierno en Alicante con un doble golpe de efecto asestado en menos de 24 horas. Golpe de efecto incluso para sus propios socios de Guanyar y Compromís, a los que, según pudo contrastar este diario, no se había consultado ni informado con carácter previo pese a tratarse de cuestiones capitales a corto y largo plazo para el funcionamiento de la ciudad. Y todo, menos de un mes después de que, durante la comisión de seguimiento del pacto, los tres socios del tripartito renovasen su compromiso en favor de la coordinación de la acción política municipal frente a decisiones unilaterales que los tres socios se habían reprochado entre sí.
El primero de esos movimientos se escenificó en un encuentro con el jefe del Consell, Ximo Puig. El alcalde se enfundó toda la responsabilidad institucional que le confiere el cargo para reivindicar la llegada de inversiones de la Generalitat. El objetivo: según Echávarri, saldar la deuda histórica el Gobierno autonómico con la segunda ciudad de la Comunitat y tratar de conseguir la financiación necesaria para completar Alicante con equipamientos y servicios irresueltos. El primer edil llegó a sostener que "somos una ciudad inacabada" en su comparecencia pública tras el encuentro, antes de comenzar a detallar la batería de peticiones que había trasladado a Puig. Como publicó Alicante Plaza, se trata de un plan de actuaciones en centros educativos (reformas estructurales y construcción de colegios pendientes que el jefe del Consell se comprometió a cofinanciar); de la finalización de las obras del túnel del Tram en la Serra Grossa (presupuestadas para finales de 2017 y 2018); y de una aportación de entre cinco y seis millones para transformar los espacios públicos habilitados a partir de la construcción de la Vía Parque (al menos en los tramos ya ejecutados) en un cinturón de equipamientos deportivos y jardines similar al proyecto llevado a cabo en el antiguo cauce del río Turia de València.
Puig también detalló su intención de promover el traslado de una de las tres salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ahora asentadas en València hasta la ciudad de Alicante; anunció otra comisión para compartir y dotar de contenido a instalaciones públicas infrautilizadas (fundamentalmente, la Torre Prop) y la descentralización de los cursos de formación para profesionales de las emergencias con la apertura de una sede del IVASPE en el parque de bomberos de Playa de San Juan.
Sin embargo, en esa batería de propuestas, la que causó el mayor impacto fue la creación de una comisión mixta, a la que a partir de ahora se trataría de incorporar al Ministerio de Fomento, para estudiar el desvío del tráfico que ahora discurre en el frente marítimo de la ciudad, sobre la avenida Conde de Vallellano, de modo que la circulación transcurriese por el muelle de Levante para poder ampliar el paseo peatonal de La Explanada. Ese proyecto -del que hasta este martes no se había tenido noticias- requeriría de una inversión que el alcalde cifró en 30 millones, ya que comprende la construcción de un tramo de túnel submarino para conectar bajo la bocana del puerto los muelles de Levante y Poniente, a la altura de Panoramis, para enlazar, después, con la avenida de Elche y Óscar Esplá.
Echávarri consideró que el Ayuntamiento podría llegar a aportar 10 millones en un plan de inversión plurianual y que la Generalitat -que, el pasado noviembre anunció la compra del antiguo hospital militar de Mislata (València) por 100 millones para reconvertirlo en hospital público-, no debería tener problemas para inyectar los cerca de otros 20 millones que serían necesarios para financiar las obras. "La peatonalización de toda la Explanda es un proyecto largamente reivindicado [el PP llegó a barajar el soterramiento de Conde de Vallellano bajo la Alcaldía de Díaz Alperi que no llegó a ejecutarse al considerarse inviable técnica y económicamente] que puede resultar clave para el futuro de Alicante y su oferta turística al dar pie al que sería el mayor paseo urbano abierto al mar de todo el Mediterráneo", dijo.
El primer esbozo del proyecto para desviar el tráfico del frente marítimo. En rojo, el trazado del nuevo recorrido para la circulación, con un túnel submarino para conectar Levante y Poniente. Foto: AP En principio, se trata sólo de una propuesta en estudio, ya plasmada sobre planos en un primer anteproyecto que hasta ahora se había guardado como un as en la manga y que, en cualquier caso, requeriría un desarrollo a varios años. Pero su anuncio causó ya este martes algo más que sorpresa entre los aliados políticos del PSOE. Por parte de Guanyar, el vicealcalde y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, admitió que su grupo no tenía información sobre la iniciativa, puesto que en el seno del equipo de Gobierno no se había hablado nunca sobre esa posibilidad. No obstante, sostuvo que, a su juicio, existen otras alternativas para peatonalizar la Explanada como derivar el tráfico hacia la Gran Vía o la Vía Parque sin tener que gastar 30 millones en ese túnel submarino. Pavón apuntó que posiblemente en Alicante "existen otras prioridades" como por ejemplo acabar los tramos pendientes de la Vía Parque (según Echávarri y Puig, todavía bloqueados por un litigio sobre las expropiaciones del suelo).
Los socios del PSOE aseguran que nadie les informó ni les consultó sobre las inversiones que se pretendía reclamar al jefe del Consell
No es una opinión exclusiva de Pavón. Varios componentes de Guanyar consultados por este diario precisaron en primer lugar que el alcalde no había solicitado sugerencias o posibles aportaciones a la hora de reivindicar inversiones a la Generalitat. Y en segundo término señalaron que existen otras intervenciones que podrían considerarse más urgentes, como la ejecución del parque central sobre los terrenos liberados del paso del ferrocarril para coser barrios separados o actuaciones en materia de vivienda pública antes que llevar a cabo "un proyecto megalómano" que al final consiste sólo en "vender humo".
En las filas del tercer socio de gobierno, Compromís, tampoco se tuvo constancia previa de esa propuesta ni de la lista de peticiones que se pretendía trasladar al jefe del Consell. Entre sus representantes, hubo sorpresa e incredulidad, y su portavoz, Natxo Bellido, sólo pudo apuntar que el partido no conocía el proyecto para poder valorarlo en profundidad. Sea como fuere, pese a que dijo que Compromís sí es partidario de eliminar el tráfico rodado del frente marítimo, añadió que "existen otros proyectos pendientes que son prioritarios como acabar el túnel de la Serra Grossa, el centro de salud del PAU 2, acabar la Vía Parque o la conexión el tranvía desde la Plaza de Luceros a la Estación de Adif".
Alicante Plaza trató de precisar, además, si el proyecto se había llegado a exponer a la Autoridad Portuaria, como paso previo a la necesaria implicación de Puertos del Estado y del Ministerio de Fomento. En principio, según las fuentes consultadas, ese proceso de comunicación tanto con el Puerto como con el resto de los actores implicados debería abrirse ahora, después de que se haya producido la primera toma de contacto con la Generalitat y se haya constatado su predisposición a estudiar la propuesta.
La oposición, por su parte, no tardó en arremeter contra el anuncio del primer edil. El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, sostuvo que se trata de un anuncio "de los que luego no se materializan en nada". Dijo que "los presupuestos de 2017 están ahí, y la Generalitat Valenciana invierte unos birriosos 200.000 euros en la ciudad de Alicante". "Si de verdad hubiera voluntad en grandes proyectos y en inversiones para la ciudad de Alicante, entonces hubiéramos visto reflejada esa voluntad en los presupuestos autonómicos". De cualquier forma, explica Barcala que "hasta 2018 habrá que esperar si estas ideas son solo fantasías o si son algo más".
Su homóloga de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, sostuvo que la propuesta de peatonalización no es descartable, "pero desde luego no resulta prioritaria". "Existen otras inversiones pendientes en la ciudad como el soterramiento del ferrocarril, el centro de salud del PAU 2 o el Bulevar de la Zona Norte", enumeró.
La segunda decisión con efectos mucho más inmediatos liderada personalmente por el alcalde fue la que concierne a la continuidad del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales tras la renuncia de Ortiz e Hijos a seguir prestándolo a partir del 1 de marzo. Echávarri había anunciado el lunes que se había puesto al frente del asunto que, en teoría, debía ser responsabilidad de las concejalías de Infraestructuras, en manos de Gloria Vara (PSOE), y de Contratación, delegada en Natxo Bellido (Compromís). El propio Echávarri había admitido ya en diciembre, cuando se suspendió el primer concurso para regular la prestación del servicio, que el retraso en su convocatoria y su retirada había sido un fracaso de todo el tripartito. Este martes, el primer edil compareció para dar a conocer la fórmula que él había concertado con los servicios jurídicos municipales, previo beneplácito del departamento de intervención (según sostuvo), para dar respuesta al desestimiento de Ortiz e Hijos (pese a que tenía firmado un compromiso de continuidad desde octubre de 2015 hasta que se adjudicase el nuevo concurso y pese a que este martes, ya de manera anecdótica y sin efecto alguno, portavoces de la empresa habían vuelto a manifestar su predisposción a retomar el servicio, lo que hubiese requerido una nueva autorización que el tripartito ya no estaba dispuesto a concederle).
Como publicó este diario, la solución a esa crisis consiste en una nueva contratación por el trámite de emergencia previsto en la Ley de Contratación del sector público, ante la situación de riesgo para la salud pública que podría conllevar la interrupción de la limpieza y la acumulación de residuos en los 53 centros educativos de la ciudad.
El alcalde informó a Pavón y Bellido sobre la fórmula de contratación por el trámite de emergencia diez minutos antes de hacerla pública en rueda de prensa
Echávarri explicó que se seleccionará a una empresa entre una terna de las principales del sector (FCC, Ferrovial y Clece) con las que él ya había contactado para contrastar su predisposición a asumir el servicio, asumiendo la plantilla actual. La adjudicación exprés se aprobará previsiblemente en la Junta de Gobierno del próximo martes.
La decisión se comunicó a los portavoces del tripartito 10 minutos antes de que el alcalde la hiciese pública en rueda de prensa. Echávarri también puso al corriente a los portavoces de PP y C's cinco minutos antes de la comparecencia. Y prácticamente todos criticaron el procedimiento escogido por diferentes factores.
Los representantes de Guanyar volvieron a lamentar que no se optase por la gestión directa cuando hubiese sido una fórmula que hubiese supuesto un ahorro para el ayuntamiento (IVA y beneficio industrial). Además, expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores a cargo del servicio, con los que se llegó a concertar una reunión para este miércoles, en la que también participará Compromís y el PSOE. Todo parece indicar que, de nuevo, Guanyar no apoyará esa contratación exprés en la Junta de Gobierno del martes. Como mucho, se abstendrá, como hizo con la nueva licitación acordada la semana pasada.
El portavoz de Compromís y edil de Contratación, Natxo Bellido, mucho más comedido, dijo que se debía buscar una fórmula operativa para dar una respuesta al pulso que el empresario Enrique Ortiz había planteado al Ayuntamiento y apuntó que la anunciada por el alcalde era la que habían sugerido los técnicos municipales.
El portavoz del PP, Luis Barcala, abundó en el retraso en el proceso de licitación del servicio y sostuvo que resultaba paradójico que después de 20 meses -en los que el tripartito ha pagado a Ortiz e Hijos hasta 14 millones de euros ya fuera de contrato- se haya tenido que optar por un procedimiento de emergencia para resolver el problema. Su homóloga de C's, Yaneth Giraldo, abundó en esa línea al criticar que, después de 20 meses, sólo se haya buscado una solución "cuando se estaba con el agua al cuello". Hasta la nueva dirección de Podemos, con Pascual Pérez al frente, calificó la decisión de Echávarri de "una alucinación". "Para llegar a esto, ¿por qué no se actuó antes?", dijo.
