Echávarri apura el plazo de la puja y espera otro informe de Urbanismo para dar el Rico Pérez al IVF

ALICANTE. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, garantizó este lunes, a preguntas de Alicante Plaza en una comparecencia pública, que el Ayuntamiento mantiene su intención de cancelar la condición resolutoria que el anterior Gobierno del PP no retiró en 2012 y que sigue bloqueando el cierre de la venta oficial del estadio José Rico Pérez a Aligestión, al impedir su inscripción registral. Se trata de un trámite necesario ahora para que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) asuma la plena propiedad del inmueble, en el momento en el que se complete el proceso de subasta sobre los bienes de Aligestión (fundamentalmente, el propio inmueble) en el que el banco del Consell presentó la puja más alta. 

Eso sí, el paso de la cancelación no se hará efectivo hasta que se cuente con todas las garantías necesarias. No importa apurar plazos: aunque la fecha inicial fijada por el juzgado de lo Mercantil para que Aligestión encontrase una oferta mejor a la presentada por el IVF se cumple en las próximas horas, se cuenta con otros cinco días de plazo adicional, ya que el importe de la puja del IVF también es inferior al 50% del valor de tasación. La adjudicación del coliseo solo se podrá completar después de que venza ese plazo sin novedades. 

Así que el último movimiento registrado desde la propia Alcaldía, la semana pasada, se ajustaría precisamente a ese propósito de recopilar las máximas garantías posibles antes de ejecutar la decisión. Se trata de la petición de un segundo informe "concluyente" a la Concejalía de Urbanismo (controlada por Guanyar) sobre la ejecución de la reforma del estadio que Aligestión quedaba obligada a acometer como uno de los requisitos establecidos en el contrato de compra. Hasta este lunes, ese segundo dictamen no estaba listo. Con todo, según las fuentes consultadas, su contenido no será muy diferente del que ya se remitió a la Concejalía de Patrimonio hace menos de dos semanas: existen dudas de que esa remodelación con obras por un importe de 4,3 millones se haya llevado realmente a cabo, a la vista de los nuevos informes técnicos elaborados a partir de 2015, desde la llegada del tripartito al poder. Las mismas fuentes insisten en que así lo refleja incluso el auto de procesamiento con el que se cierra la instrucción de la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante.

Sobre esa base, Guanyar mantiene más que recelos sobre la cancelación de la condición resolutoria e insiste en que, en todo caso, la decisión es competencia de la Concejalía de Patrimonio, gestionada por el PSOE. ¿Y qué piensa el tercer socio del tripartito al respecto? Compromís espera conocer el nuevo informe de Urbanismo; considera que debería ser una decisión abordada por todo el equipo de Gobierno y no cree que sea conveniente renunciar a la última carta que le queda al Ayuntamiento sobre el Rico Pérez (la condición resolutoria) si no se puede garantizar que las reformas comprometidas se han realizado.