Echávarri avala el traspaso del Rico Pérez al IVF

ALICANTE. El traspaso oficial de la propiedad del estadio José Rico Pérez al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) parece ya sólo cuestión de tiempo. El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE) no va a poner ningún obstáculo a la operación, pese a tener a su disposición una carta guardada en la manga: la condición resolutoria del contrato de compraventa por parte de Aligestión que, diez años después de que se produjese la adquisición, todavía no se ha levantado. Si lo estimase, el Ayuntamiento aún estaría en condiciones de ejercitar esa condición para reclamar la titularidad del estadio, ya que nunca se ha llegado a dar por completada la transacción ni a inscribir registralmente el inmueble a nombre de la sociedad compradora. 

Sin embargo, ese es un escenario completamente descartado. Fuentes del entorno del primer edil precisaron a Alicante Plaza este martes que, a la vista de las indicaciones de los servicios jurídicos municipales, se darán directrices a la Concejalía de Patrimonio para que cancele esa cláusula, en respuesta a la petición reiterada por el administrador concursal que pilota el proceso de liquidación de Aligestión. Según las mismas fuentes, Echávarri comparte el criterio de los asesores legales del ayuntamiento y de los técnicos de la propia Concejalía de Patrimonio al considerar que no se ha podido demostrar fehacientemente un incumplimiento del contrato de venta por parte de Aligestión por lo que respecta a la obligación de invertir 4,3 millones en la reforma del estadio. 

Como publicó este diario, Patrimonio y los servicios jurídicos habrían dado por concluyente el escrito de respuesta requerido a la Concejalía de Urbanismo sobre la perfección de ese contrato. En ese escrito, Urbanismo apunta que existen "dudas" de que la reforma comprometida se haya ejecutado, lo que no significa que se pueda acreditar que efectivamente no se llegaron a hacer. O lo que es lo mismo, no existen elementos sólidos para demostrar que Aligestión (la sociedad liderada por el controvertido promotor Enrique Ortiz) faltase a su obligación. Sobre todo, si se tiene en cuenta que existen dos informes firmados por técnicos municipales -Enrique Sanus y Santos Labaca- en los que se certifica que las obras sí se hicieron y que, en base a esos informes, el anterior equipo de Gobierno del PP devolvió el aval depositado como cobertura de su ejecución, en 2012. Así que, según las fuentes consultadas, el Ayuntamiento estaría maniatado por sus acuerdos previos, sin posibilidad de contradecirse aunque, como se sostiene en otros informes técnicos elaborados a partir de 2015, no exista la certeza absoluta de que la reforma se llevase a cabo.

El administrador concursal que tutela la liquidación de Aligestión no tenía constancia hasta este martes de que se hubiese registrado una puja superior a la del banco del Consell

Es más, en esos informes se da cuenta de que Aligestión pudo ejecutar obras indebidas, sin la preceptiva autorización municipal, ya que llegó a presentar documentación en la que se reflejaban trabajos por un importe muy superior al debido: de más de 7 millones (precisamente, el mismo importe pagado por la compra, que el Ayuntamiento se vería obligado a devolver a Aligestión en el caso de reclamar la titularidad del estadio).

Según las mismas fuentes, el Ayuntamiento sí podría hacer valer las contradicciones detectadas entre las dos series de informes técnicos con el inicio de acciones legales en los juzgados para tratar de esclarecer lo sucedido y depurar posibles responsabilidades económicas (y/o en su caso penales, por una posible falsedad documental).

Sea como fuere, todo apunta a que la cancelación de la condición resolutoria permitirá completar la subasta del inmueble y su paso definitivo a manos del IVF en los próximos días. Hasta este martes, el liquidador de Aligestión no había tenido constancia de que se hubiese registrado una oferta superior a la puja presentada por el banco del Consell.